En los últimos días arreció la ofensiva del empresariado y de amplios sectores de la sociedad brasileña, sobre todo de clase media y alta, con el objeto de forzar una renuncia o un impeachment de la presidenta Dilma Rousseff. Esto se da en el marco de un momento político reaccionario a escala continental, donde incluso los motivos políticos esgrimidos por los sectores de derecha son parecidos (sobre todo la corrupción).

El escándalo de Petrobras y la interminable fila de coimas que le sigue es en realidad parte de un sistema político estructuralmente corrupto, donde empresarios, legisladores y funcionarios giran en una danza infernal de lobbies, favores, sobres por debajo de la mesa, depósitos en cuentas secretas, propiedades y dinero de incierta procedencia y destino, que ahora sale a la luz en parte porque se quiebran “arrepentidos” que delatan a peces gordos.

Un sistema político corrupto… incluido el PT

En ese torbellino cayeron o están cayendo algunos de los más altos personajes de la economía y la política del país: Marcelo Odebrecht, cabeza de la constructora homónima, la más grande de Brasil, fue condenado a ¡19 años! de prisión; varios miembros de la máxima dirección del PT están presos o procesados; el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, tiene comprobadas cuentas en Suiza donde se depositaron coimas; el propio Lula fue denunciado de tener propiedades no declaradas; el  supuesto candidato a suceder a Dilma, el vice Michel Temer, tiembla por la detención reciente en Portugal de un empresario ligado a un ex director de área de Petrobras del PMDB, y la lista es infinita.

La causa “Lava Jato” (lavado a chorro), manejada por el juez federal Sérgio Moro (otro con aspiraciones políticas), es la punta de lanza legal de la embestida contra una Dilma que no tiene mucho de dónde agarrarse. No se trata sólo de que muchísimos dirigentes del PT están efectivamente implicados en hechos de corrupción, enchastrando el nombre de la izquierda (con la que muchos identifican al PT). Uno de los problemas de fondo es que el PT y Dilma, tras haber ganado las elecciones presidenciales por muy estrecho margen, han defraudado a la población implementando un plan de ajuste completamente neoliberal, que ha profundizado la recesión, el desempleo y el deterioro del salario y las condiciones de vida de su propia base social y política.

Como señalamos, la corrupción de la clase política brasileña es estructural y escandalosa incluso para los laxos estándares latinoamericanos. Desde ya, ninguno de los partidos que impulsan el impeachment de Dilma o que denuncian al PT tiene la menor autoridad política o moral para denunciar prácticas que están completamente extendidas en ellos mismos.(1) Pero nada de eso exime de responsabilidad al PT, que ha completado la parábola: de ser un partido nacido genuinamente, en los años 70, de bases sociales sindicales, aunque con un programa y una dirección reformistas, pasó a ser un partido completamente adaptado a los mecanismos más turbios y repudiables del régimen político brasileño.(2) No todo es “campaña de la derecha”: los escándalos que sacudieron al PT casi desde que asumió el poder (empezando por el “mensalao” de 2005 y muchos otros hasta el “Petrolao” de hoy), no han hecho más que darle un arma formidable al empresariado, los medios de comunicación dominantes, la Justicia y la oposición burguesa para arrastrarlo por el barro.

Ese espectáculo de verdadera descomposición política y moral del PT no puede menos que generar una profunda desmoralización en amplios sectores activistas y politizados, que asisten atónitos a una ofensiva de derecha pero a la vez intuyen que no pueden defender sin reservas a una dirigencia política “de izquierda” de la que año tras año han ido cayendo presos peces cada vez más gordos (y cercanos a Lula) que además reconocieron sus prácticas corruptas. Hay que decirlo abiertamente: ¡el PT se ha transformado en un partido de carreristas que se enriquecieron al calor del poder, prácticas de las que no escapa el propio Lula, ciertamente!

Tampoco es correcto calificar las movilizaciones anti Dilma –como hacen el PT y otros sectores– de “golpistas”. La palabra es fuerte y busca concitar la adhesión inmediata y casi acrítica al gobierno “amenazado”, pero no refleja la realidad: un golpe es otra cosa. Las marchas por el impeachment son indiscutiblemente reaccionarias, tanto por sus objetivos como por su composición social, pero no proponen –como podría pasar en otro momento– un golpe militar o una interrupción del “orden institucional”, más allá de la existencia de pequeños grupos efectivamente golpistas o fascistas.(3)

El movimiento es destituyente, lo que no es lo mismo. Porque uno de los elementos que precisamente le da fuerza a las marchas del gorilismo brasileño es que plantean una remoción forzosa de Dilma, pero por los mecanismos institucionales de la democracia burguesa, con la Constitución, la ley y los reglamentos en la mano. Para colmo, se apoyan en un punto real: la corrupción del PT, que no es privativa, por supuesto, de ese partido, pero que es obscena realmente por ser la fuerza que administra el Estado desde 2003.

El PT, de manera tardía e insuficiente, ha intentado contragolpear tras las masivas manifestaciones pro impeachment del domingo 13 organizando una marcha de defensa del gobierno de Dilma y de Lula. Esa marcha fue también muy importante, aunque no alcanzó el nivel de las movilizaciones de la derecha. En todo caso, buena parte del destino de Dilma y de Lula se juega en la posibilidad de que Lula pueda asumir como ministro y volcar su peso político para sostener al gobierno, si bien esa posibilidad luce a estas horas incierta.(4)

Ante la crisis global, Asamblea Constituyente

La crisis política brasileña se retroalimenta con la crisis económica. Siguiendo tendencias regionales, pero a la vez con un fuerte componente propio, la economía brasileña viene en retroceso desde hace tiempo: estancada en 2014, con una caída de más del 3% en 2015 y otro tanto estimado para este año, el producto industrial muestra una baja aún mayor. La inflación para este año es alta para los criterios brasileños, acercándose al 10%, con una fuerte devaluación del real y deterioro del poder adquisitivo de la población. Los planes de ajuste neoliberal se han implementado de manera errática y sus resultados no satisficieron ni siquiera a sus impulsores, pero ya han aumentado de manera importante el índice de desempleo.

Esto no ha redundado todavía en una crisis de pagos externos o en una corrida cambiaria (Brasil conserva un importante volumen de reservas en divisas), pero todos los indicadores de actividad tienen una proyección negativa. Sólo la perspectiva de la salida de Dilma y el PT del poder entusiasma a la Bolsa y al empresariado brasileños en su conjunto, que está jugado a eso.

A diferencia de la Argentina, donde el kirchnerismo se las ingenió para terminar su mandato sin implementar un ajuste económico que lo hubiera divorciado de su base social, postergando el momento de afrontar los problemas del capitalismo argentino hasta el triunfo de Macri, el PT tuvo el “timing” en contra, ya que le tocó administrar el “viento de frente” económico casi desde el inicio de la gestión Dilma. Allí la decisión del PT fue lanzar un ajuste económico en regla que puso al gobierno en el peor de los mundos: a la vez que no logró dar una salida capitalista viable a los problemas de la economía brasileña, se enajenó buena parte del apoyo de su base electoral, que ya venía menguando y que le alcanzó con lo justo para ganar las elecciones de octubre de 2014.

Una de las razones de fondo de la debilidad de Dilma es que no pudo convencer a la burguesía brasileña (como sí lo había hecho en su momento Lula) del carácter imprescindible del PT para administrar la crisis, y al mismo tiempo tampoco pudo retener el favor de la base petista, golpeada por políticas que no se diferenciaban mucho de las que hubiera implementado el neoliberal Aécio Neves.

No es posible saber si el PT y el gobierno Dilma lograrán sobrevivir a esta crisis, pero una cosa sí está clara: ese partido y esa dirigencia ya no tienen nada que ofrecerle a los trabajadores y el pueblo pobre brasileño. Mucho menos lo tienen las fuerzas políticas capitalistas que buscan medrar con el desastre del PT, y que sólo buscan redoblar el ataque al nivel de vida y a los trabajadores en beneficio de los empresarios que las patrocinan. Ni hablar de la corrupción: si el movimiento destituyente tiene éxito, el gobierno que surja no hará otra cosa que mantener el sistema completamente putrefacto que domina la política brasileña desde hace décadas, salvo que irán presos algunos figurones (sobre todo del PT) y que en lo sucesivo intentarán ser más cuidadosos.

Ante esta crisis generalizada de todo el régimen político, la única solución revolucionaria y que a la vez empalma con las legítimas aspiraciones de más igualdad, democratización y transparencia de la mayoría de la población es la que proponen nuestros compañeros de Socialismo o Barbarie agrupados en el seno del PSOL: una Asamblea Constituyente que barra con todo el sistema podrido y que plantee la refundación del país sobre nuevas bases, orientadas en interés de los trabajadores y de la inmensa mayoría de los brasileños, no de los empresarios y sus partidos, que hoy denuncian la corrupción para perpetuarla mañana.

La idea que Brasil estaría viviendo una situación a la Argentina tipo el 2001 (como defiende el PSTU) es descabellada; lo mismo que es un error completo proponer elecciones ya, una salida que muy posiblemente la burguesía vaya a abrazar y que no significará una solución a nada. Tampoco es salida quedar pegado a este gobierno indefendible, corrupto, comprándose la campaña que hay un golpe de Estado en marcha. Lo que se necesita es una salida democrática que a la vez sea independiente: una Asamblea Constituyente que avance no sólo en limpiar la basura acumulada por los partidos del régimen, sino que plantee las primeras medidas antiimperialistas y anticapitalistas que las masas brasileñas necesitan para salir de la crisis a la que las han llevado el gobierno del PT, la oposición patronal y todos sus personeros.

Marcelo Yunes

Notas

1-Un ejemplo característico del funcionamiento corrupto de la política brasileña es un sistema electoral que permite la existencia de partidos y diputados “de alquiler” (alugel), llamados abiertamente así, sin el menor sustento político o ideológico y que venden sin ningún problema sus votos al mejor postor cuando el Ejecutivo (o la oposición) lo requieran.

2-En ese sentido, disentimos completamente con el PSTU, que, basándose en el supuesto carácter “obrero reformista” del PT, caracteriza a sus gobiernos como de “frente popular”, algo a nuestro juicio totalmente insostenible.

3-Una encuesta de Datafolha, una consultora muy conocida, aporta datos impactantes sobre la base social de las marchas pro impeachment, al menos la de San Pablo. El 77% declaró tener estudios universitarios (¡en Brasil!), el 55% dijo tener un ingreso en su hogar superior a 20 salarios mínimos, y al ser consultados sobre su ocupación, el 12% sostuvo ser “empresario” (Ámbito Financiero, 17-3-16).

4-No hace falta decir que todo el papel de la justicia “independiente” no es más que una confirmación de lo que siempre hemos dicho los marxistas al respecto: en tiempos de crisis, esa sacrosanta institución que mira a la sociedad desde su Olimpo funciona como una simple extensión de los sectores políticos en pugna. Es el caso no sólo del juez Moro, sino del juez que revocó la asunción de Lula como ministro, presente en las manifestaciones pro impeachment días antes y que, siguiendo los protocolos “republicanos”, debería haberse excusado, así como del propio Supremo Tribunal Federal (Corte Suprema), tironeado por presiones y lobbies alevosos desde ambos lados.

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