Construir una huelga general contra los ajustes, para imponer las elecciones generales y una Constituyente Democrática y Soberana.

Socialismo o Barbarie, de Antonio Soler, 19/04/2016

Todos los movimientos que realizó el gobierno para atraer aliados, a través del ofrecimiento de cargos, no fueron suficientes para evitar que el pasado domingo, 17 de abril, el informe favorable a la apertura del juicio político Dilma por crímenes de responsabilidad, fuese  aprobado en la Cámara de Diputados con 367 votos a favor[1].

A partir de ahora, el informe será examinado por un comité elegido en el Senado, que tendrá un período de alrededor de 10 sesiones para votar un dictamen que será objeto de evaluación en un plenario del Senado; una vez admitido por la mayoría simple (41 senadores) Dilma será removida y el juicio se llevará a cabo en un periodo máximo de 180 días. La mayoría de las opiniones adelantan que si las tendencias actuales se mantienen, el gobierno no tendrá suficientes votos en el Senado para evitar que Rousseff sea procesada y se le ponga fin a su mandato.

La derrota del gobierno en la Cámara de Diputados no fue un rayo en el cielo despejado. En las últimas semanas, desde las denuncias de que Dilma conocía la trama de corrupción en Petrobras hechas por Delcídio Amaral (ex líder del gobierno en el Senado), la persecución coercitiva de Lula por la Policía Federal y la prohibición por parte del Supremo Tribunal Federal de que éste se hiciera cargo del Ministerio de la Casa Civil y el alejamiento del PMDB del gobierno, el resultado de los hechos políticos y económicos eran totalmente desfavorables para el gobierno.

El gobierno pierde todo apoyo político

Las maniobrashechas a último momento de la compra de votos para tratar de alcanzar el número de 172 diputados necesarios para prevenir la admisibilidad del caso, no fueron suficientes para contener la ofensiva reaccionaria en el Congreso Nacional, que es parte de una ofensiva general para colocar en el lugar de Dilma un gobierno neoliberal que sea capaz de llevar a cabo medidas contundentes del ajuste neoliberal que ya está en marcha.

La cuestión planteada por la oposición de derecha de que Rousseff realizó crímenes de responsabilidad fiscal no es más que una cortina de humo. Los decretos para autorizar préstamos al gobierno o las llamadas bicicletas fiscales en el primer periodo presidencial son expedientes hechos por todos los gobiernos anteriores y no son en sí mismas pruebas para acreditar legalmente el juicio político.

En el fondo, lo que permitió la derrota del gobierno en la votación de ayer es que Dilma se encuentra en medio de una crisis económica de proporciones históricas -probablemente la crisis económica brasileña más profunda desde 1929- perdió el apoyo de todas las facciones de la clase dominante y la gran mayoría de la población activa que, por cierto, es la gran víctima de las políticas neoliberales asumidas por Rousseff en su segundo mandato.

Dado que la tesis del crimen de responsabilidad es frágil y la oposición de derecha no tiene legitimidad política, la balanza se inclinó contra el gobierno debido a su pérdida de apoyo,que se refleja directamente en las manifestaciones callejeras en las que, a pesar de mostrar la capacidad de movilización sobre el terreno derrotar al «golpe», el gobierno estaba bien por detrás de todas ellas, incluso el último domingo.

Para contrarrestar la inminente derrota en el Senado, lo que dará lugar a la deposición de Dilma a partir de la votación de juicio político en la Cámara de Diputados, el gobierno tendría que depender de una importante movilización de la clase obrera, con movilizaciones más masivas que las de la derecha, como una huelga general o acción radical en su defensa.

Más eso no se verá, porque incluso si la clase obrera y la juventud militante estarían de acuerdo con la acción radical en defensa de Dilma, con el gobierno habiendo tomado la decisión de llevar a cabo ajustes impopulares desde el comienzo de su segundo mandato, la burocracia de Lula tendría que cambiar por completo de estrategia y estar dispuesta a romper con el imperialismo y el capital financiero, inflexión que parece muy difícil que se produzca, incluso si en realidad estuviésemos frente a una amenaza de golpe de Estado como el gobierno nos quiere hacer creer.

No podemos olvidar que estamos hablando de una casta burocrática adinerada, reacia a cualquier manifestación de la radicalización de los trabajadores autónomos y que con la crisis económica ni migas puede ofrecer; por el contrario, las pocas mejoras económicas o de condiciones de vida en los últimos años se perderán totalmente.

La crisis orgánica en la que estamos viviendo y la consiguiente reanudación de la lucha de clases más directa pone las cosas en su lugar; es decir, se demuestra plenamente que el PT, Dilma o Lula, se declaró en quiebra desde el punto de vista de su capacidad para catalizar la lucha de los trabajadores, aunque su destino político depende de ello.

La farsa del proceso de destitución con la quiebra histórica de lo que fue la representación de los trabajadores durante décadas plantea una situación dramática para la clase trabajadora, ya que ante la ofensiva reaccionaria no tiene una alternativa a sus necesidades políticas. Así que la cuestión de la construcción de una alternativa política es un tema que se va a poner en discusión cada vez más de manera incontrovertible en el próximo período.

Es necesario prepararse para la guerra

A partir de la admisibilidad de la acusación ya votada por la Cámara de Diputados, en aproximadamente un mes podría comenzar la apertura efectiva del proceso de destitución. La apertura del proceso requiere la suspensión de Dilma durante 180 días hasta el final del proceso; a partir de ahí se haría efectiva la presidencia de Temer (PMDB).

El montaje de la nueva coalición oficialista va viento en popa y el gobierno de Temer tendrá un perfil abiertamente conservador. Hace aproximadamente un año, el documento publicado por el PMDB llamado «puente hacia el futuro», que tiene como premisa básica, de cara a la crisis económica, un programa neoliberal de línea dura que proporciona, entre otros males, aumento de la edad y el establecimiento de la edad mínima de jubilación, el arancelamiento de la atención en el Sistema Único de Salud, la Desvinculación de Ingresos de la Unión[2]y la tercerización generalizada de los trabajadores.

Incluso antes de asumir, Temer dejó pasar un audio que busca «tranquilizar» a la gente diciendo que no se van a tocar los programas sociales como Bolsa Familia. Los agentes de la ofensiva reaccionaria saben que Temer irá a asumir en medio de una crisis política que podría empeorar y convertirse en trastornos políticos graves; un gobierno que asume con muy baja popularidad (en una investigación reciente sobre la intención de voto del futuro presidente posible figura con un 2% de intención) y un escenario económico difícil que tiende a permanecer así al menos durante dos años más.

Pero aun así, de acuerdo a la lógica de la clase dominante y sus partidos, el juicio político de Rousseff se justifica sólo si el posible futuro gobierno desarrolla una estrategia para crear las condiciones para empujar hasta el final de esta crisis a los trabajadores y, en consecuencia, ideará medidas que pueden comenzar por la Desvinculación de Ingresos de la Unión, por ejemplo, debido a que éstas no aparecen como medidas que afectan directamente a los derechos de los trabajadores (un gran error), con el fin de crear las condiciones para que pasen otras medidas reaccionarias.

Es decir, la perspectiva de un gobierno de Temer es necesariamente la unificación de la clase dominante, los medios de comunicación y sus partidos con el fin de hacer la guerra contra la clase obrera para imponer brutales ataques. Por lo tanto, a diferencia del gobierno -y gran parte de la izquierda- que sugiere que la solución política no es más que la continuidad de ajustes neoliberales que sean «más humanos», creemos quetenemos también que prepararnos para la guerra y construir condiciones políticas para construiruna salida propia de los trabajadores.

Con el voto favorable a la destitución por la Cámara de Diputados, la situación política cambia de nuevo y demanda de la izquierda socialista hacer ajustes a nuestra orientación política. La posibilidad inminente de la suspensión del mandato de Dilma y la asunción de una coalición aún más conservadora, por decir lo menos, hace que sea necesario ponernos a discutir una salida política de hecho, una alternativa a los patrones en serio.

Es necesario superar la mera perspectiva de la mayor parte del PSOL que, dada la ofensiva reaccionaria, sólo admite el mantenimiento del actual gobierno y también la posibilidad de que la solución política inmediata va sólo por las elecciones generales, al igual que el PSTU y otras corrientes. El espectáculo de horror interpretado por la mayoría de los miembros del Congreso durante la votación de la acusación demuestra plenamente que el sistema político que está dominado por lo que es más dañino en la sociedad -y conmocionado por las escenas explícitas de oportunismo, cinismo y el fascismo- tiene que ser revolucionado y la acción de sus protagonistas inmediatamente detenida.[3]

No podemos permitir que la salida a esta crisis política, que pone tanto en juego, amenazando a la clase obrera y a la juventud con reveses políticos y económicos históricos, quede a la mano de estos parlamentarios sinvergüenzas comprados por los capitalistas. Pero no podemos limitarnos a llamar a elecciones generales, como demandan los sectores del PT y algunos sectores de la izquierda socialista, porque aunque es más progresivo que el proceso de juicio político llevado a cabo por la ofensiva reaccionaria de la burguesía, sólo mantendría, en todas sus líneas y actores, al sistema político y económico tal como está.

Necesitamos junto con las elecciones generales para todos los cargos ejecutivos, presentar una propuesta de elección de una Asamblea Constituyente Democrática y Soberana con el fin de transformar profundamente el sistema. Es decir, los trabajadores y los jóvenes juntos y en las calles, deberían hacer cumplir el llamadoa una Asamblea Nacional Constituyente y Soberana, que no sólo recuperase los derechos que han sido vilipendiados, sino que también se destaque por ser un actor de mediación en la dirección política que en la actualidad sólo lograron los diferentes intereses de las fracciones burguesas en la lucha por el poder.

Tenemos que llevar a cabo una revolución para cambiar de arriba abajo el sistema político. Es decir, un proceso que requiere poner fin a la financiación privada de las campañas, el establecimiento de tiempos igualitarios en la radio y la televisión, el final de la Cámara Alta (Senado), la revocabilidad por los votantes de todos los mandatos parlamentarios y ejecutivos, limitar las retribuciones de los miembros al salario medio de los trabajadores y una serie de otras medidas para garantizar la participación democrática de las masas en las decisiones políticas fundamentales.

Ninguna transformación política se sustenta sin basarse en una profunda transformación económica y social. Así, además de un cambio profundo en el sistema político, esta Asamblea Constituyente tiene que abordar los problemas estructurales, tales como la aplicación inmediata de la reforma agraria y urbana, el fin de la asignación de la mayor parte del presupuesto para el pago de intereses, la estabilidad en el empleo, un salario mínimo que en realidad pueda mantener a una familia, estipular el porcentaje de aumento necesario en el gasto en salud y educación, establecer el matrimonio igualitario, el derecho al aborto y todos los demás métodos anticonceptivos, el fin de la policía militar, entre una serie de otras medidas.

Sabemos que imponer una salida como ésta a la crisis política es necesaria para revertir la ofensiva de los patrones, crear un proceso de movilización que implica la unificación de las luchas contra los ajustes y construir una gran huelga general para exigir la convocatoria de elecciones generales y una Asamblea Constituyente Democrática y Soberana. Pero con las fuerzas reducidas y fragmentadas de la izquierda no puede llegar a las masas ninguna otra propuesta que la que presenta el gobierno o la oposición de derecha, por lo que es necesario construir de inmediato un frente de izquierda socialista independiente del gobierno y los patrones. Un ejemplo de ello es lo que han hecho sectores de la izquierda socialista en Río de Janeiro y otros estados a partir de un encuentro nacional de las fuerzas independientes de la patronal y el gobierno, clasistas, contra los ajustes, por elecciones generales y una Asamblea Constituyente Democrática y Soberana.

[1] Eran necesarios 342 votos a favor para que el informe fuera admitido.

[2] La vinculación de los ingresos de la Unión se estableció en la Constitución de 1988 con el fin de asegurar las inversiones mínimas en materia de salud y educación, con la flexibilidad de este dispositivo la situación calamitosa de la salud y la educación que se vive se agravará aún más.

[3] Y esto no se trata de atribuirle al pueblo en general, como quieren muchos, un bajo nivel político. La composición reaccionaria de la mayoría del Congreso, como las bancas de diputados y senadores, fueron elegidos por la influencia directa de los dueños del dinero, es decir, la» élite «del país; para elegir un diputado o senador son necesarios sumas considerables de recursos financieros para llegar a millones que sólo pueden ser proporcionados por la burguesía, clase extremadamente minoritaria pero que mantiene casi toda la riqueza.

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