Cortina de humo contra la ley antidespidos

El gobierno empieza a reaccionar al malhumor social y laboral que no para de extenderse, a caballo de la inflación, los tarifazos, los despidos y las torpezas de “comunicación” del macrismo, que en algunos casos parecen provocaciones. Pero ideas para contrarrestar esas tendencias no le sobran, y plata, menos que menos. Es así que el anuncio del “plan social” parece haber causado más daño que beneficio en las filas del oficialismo, cuando quedó claro para cualquiera que hiciera un poco las cuentas que se trataba poco más que de una burla.

Pues bien, con los ánimos laborales más caldeados, entre la convocatoria de las CGT y la CTA y la iniciativa de buena parte de la oposición de una ley antidespidos, que trataremos más abajo, el gobierno decidió que llegó el momento para hacer como que hace algo por los trabajadores, mientras trabaja a todos los niveles para reventar, en el Congreso o fuera de él, incluso la tímida e insuficiente medida contra los despidos. La forma que toma la nueva farsa macrista es la de “ley de primer empleo”.

Una “nueva ley” vieja y pro patronal

La primera intención del gobierno fue evitar que en la misma semana convergieran dos hechos negativos: el acto de la CGT del 29 y una eventual votación en el Senado de alguna versión, bastante más “light”, de la ley de “emergencia ocupacional” que se había empezado a discutir en la Cámara de Diputados. Al cierre de esta edición, finalmente el Senado votaba la media sanción a la ley por amplísima mayoría (49 votos a 15).

Fue en el marco de esta pulseada que el gobierno lanzó, a modo de maniobra distractiva y buscando reemplazar una cosa por otra, el proyecto de ley de primer empleo. Es importante retener esta idea: más allá de los aspectos específicos de la ley, que enseguida veremos, su origen y razón de ser fue la de constituirse en moneda de cambio de una negociación política, sobre todo con el Frente Renovador de Massa, para evitar que avanzara una ley de prohibición de despidos, que por otra parte Macri dio a entender que vetaría.

Vayamos a los detalles de la ley propuesta por Cambiemos. Se trata, en esencia, de un refrito de un concepto muy similar implementado (sin éxito) en muchos otros países, sobre todo desarrollados, con el agravante de que aquí los “incentivos” para los empleadores son particularmente amarretes (bueno, es el Estado de Macri, señores).

Las empresas de hasta 200 empleados que contraten jóvenes de 18 a 24 años con menos de tres años de aportes (restricción que no corre para los discapacitados) recibirían un aporte estatal (bajo la forma de descuento de contribuciones patronales) del 14% del sueldo bruto el primer año, que iría descendiendo hasta el 5,6% en el tercer año. Los montos respectivos para las empresas de más de 200 empleados son 11,2% y 2,8% (!!) del salario, mientras que el aporte estatal será más grande para las 10 provincias del Plan Belgrano (norte del país), con el 31% el primer año, el 18,6% el segundo y el 12,4% el tercer año. En esas provincias no habrá límite para la edad de contratación. La condición para recibir el incentivo estatal es que las empresas deben aumentar su planta, es decir, no pueden despedir más empleados de los que contrata y pedir el subsidio (no es otra cosa) por los nuevos trabajadores. Punto, eso es todo el proyecto.

Primero: este tipo de incentivos a la contratación vía reducción de aportes patronales es parte de lo que Macri definió como “cosas que no sirvieron y que no hay que repetir”. Debería saberlo, porque quien implementó esto fue su amigo Domingo Cavallo en los 90. ¿Resultado? Los patrones embolsaron alegremente la rebaja de aportes y no aumentó el empleo; al contrario. Es cierto que ahora existe la obligación de tomar más empleados. Pero eso es casi peor, porque abre la posibilidad de la “puerta giratoria”: despido de 5 empleados y contratación de 6 (o la proporción que sea). Esos nuevos trabajadores le saldrán al patrón más barato por partida doble: no sólo les pagará salarios iniciales más bajos (en un contexto de mayor desocupación eso es previsible) sino que gozará de cargas contributivas menores gracias al plan oficial.

Así, el plan “primer empleo” tranquilamente puede no ya frenar el desempleo, sino aumentarlo. Y no hay ninguna contradicción, porque el objetivo de Macri no es aumentar la tasa de ocupación, sino bajar los costos laborales de la patronal en general. Sólo un ingenuo puede suponer que la actual oleada de despidos es el resultado de una casualidad económica; muy por el contrario, como hemos dicho muchas veces, el “aumento de la productividad” que se proponen tanto la clase capitalista como el gobierno de Macri sólo cierra, entre otras cosas, con baja del salario en dólares y reducción de la masa salarial global, tanto por deterioro del salario real como por la expulsión de trabajadores.

Por eso la oposición cerrada de Macri al proyecto de prohibición de despidos. No se trata de un rechazo dogmático neoliberal (aunque éste existe, claro). El problema es que una ley que bloquea los despidos compromete esa estrategia de bajar el costo laboral por todas las vías; de allí que Macri incluso asuma el tremendo costo político de vetarla.

La “emergencia ocupacional” del Senado no alcanza

Desde ya, los “argumentos” del gobierno contra todo proyecto de ley antidespidos van desde la falacia hasta la mentira lisa y llana. La más burda de Macri fue traer a colación una ley similar de 2002 y decir que “destruyó empleo”. Falso de toda falsedad: durante todo el período de vigencia de la ley, entre 2002 y 2007, no sólo bajó el desempleo y se frenaron los despidos sino que aumentó la tasa de ocupación y la cantidad de empleos netos. Cuando los peleles mediáticos del PRO salen a decir que “los dos momentos no son comparables”, habría que recordarles que el argumento inicial fue de su jefe político, Macri.

Un mamarracho todavía mayor son los intentos increíblemente torpes de los ministros del Gabinete por tapar el cielo con las manos. El ministro de Trabajo Triaca diciendo que en realidad “se está creando empleo”; el jefe de gabinete Marcos Peña asegurando que “no estamos en una situación de emergencia laboral” y, la frutilla del postre, el ministro de Finanzas Prat Gay con “la desocupación es una sensación”, no ayudan mucho a Macri.

A todo esto, aclaremos que el proyecto de ley antidespidos (como dijimos, el verdadero motor de la ley “primer empleo”), en su versión del Senado, es muy insuficiente; tiene una vigencia sólo de seis meses (el de Diputados, que se llegó a tratar en comisión, se planteaba hasta fin de año) y no plantea la retroactividad. La doble indemnización y, sobre todo, la reinstalación, si se concretan, pueden ser un punto de apoyo legal para el trabajador, pero la “protección” que ofrece la ley es relativa, porque, por ejemplo, no hay referencia a las suspensiones, que podrían ser recurrentes hasta la caducidad de la ley a los seis meses.

Digamos de paso que todas las cámaras patronales, grandes y pymes, salieron furiosas contra el proyecto (lo que generó más contradicciones en el massismo, que cuenta entre sus filas a José de Mendiguren, de la UIA y muchos empresarios pyme). Pues bien, esa oposición rabiosa de la patronal da la medida de la vocación que tienen para contratar “nuevos empleados”: ¿tanto miedo tienen de contratar a alguien sin poder despedirlo por sólo seis meses?

Para no hablar del verdadero chantaje que representa el argumento de que las pymes “si no pueden echar a algunos, después tienen que cerrar y pierden el trabajo todos”. ¡Como si salvar a las pymes que efectivamente estén en problemas fuera responsabilidad de los trabajadores, que tendrían que echar a suertes entre ellos quién se queda y quién se va! Si hubiera voluntad política, el Estado tiene cientos de instrumentos para apoyar la continuidad de las pymes, desde créditos blandos hasta la nacionalización.

En suma: el plan “primer empleo” es una burla más que no se propone ni con un mínimo de seriedad abordar el problema de la desocupación, sino que es sólo una prenda de negociación que, en todo caso, va a servir sólo para favorecer a los empresarios y aumentar la precarización de los puestos de trabajo, como lo muestra la reiterada evidencia nacional e internacional. Y los proyectos que se están cocinando en el Congreso no son más que, en el mejor de los casos, un paliativo que además probablemente nunca se llegue a aplicar si hay veto presidencial.

De modo que todos los caminos conducen, para los trabajadores, al mismo lugar: contra la prepotencia y los abusos de la patronal, no sirven ni los “planes” chantas del macrismo ni los enjuagues parlamentarios. Lo único que tiene la fuerza necesaria para frenar en serio el ajuste y los despidos es la movilización unitaria, contundente y en las calles, hacia un paro general y un plan de lucha nacional contra la política de Macri.

Marcelo Yunes

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