El fallo de la Corte Suprema en un juicio de reinstalación de un trabajador del Correo Argentino representa un ataque brutal al derecho de huelga, que, como se trata en nuestra editorial, hace retroceder el derecho laboral a la época de la Revolución Industrial en la Inglaterra del siglo XIX.
Este escandaloso fallo se alinea de manera evidente con los nuevos aires políticos PRO, que son de ataque a los derechos de los trabajadores en toda la línea. Muestra de ello es un proyecto en el que está trabajando el gobierno a pedido directo del empresariado, y que apunta a establecer “paritarias diferenciadas”, con salarios y condiciones de trabajo distintos según se trate de empresas grandes o de pymes.
Las comillas implican que en realidad el concepto es autocontradictorio: por definición, las paritarias, los convenios colectivos, abarcan a todos los trabajadores y empleadores de una rama de actividad, y representan un piso mínimo. En todo caso, como dice el periodista Mariano Martín, cada convenio “admite sólo modificaciones que tiendan a beneficiar al asalariado. Hay además dos principios del derecho que consagran ese alcance de las paritarias: uno. ‘igual tarea, igual remuneración’, consagrado tanto en la Constitución nacional como en la Ley de Contrato de Trabajo; otro, el de erga omnes, es decir, que la aplicación de una norma es para todos los involucrados por igual” (Ámbito Financiero, 8-6-16).
En resumen, entre el gobierno y la “justicia” pretenden reventar a los trabajadores por dos vías: restringir o eliminar el derecho de huelga para todos los trabajadores no sindicalizados o que pretendan rebelarse contra sus direcciones burocráticas, y disminuir el salario y empeorar las condiciones de trabajo de los trabajadores de las pymes. Si a eso le sumamos que la ley de blanqueo implica una pantalla para destruir el “salario diferido” de los trabajadores, sus futuros haberes previsionales, es muy explicable que el jefe de gabinete Marcos Peña haya confesado que la pobreza cero es “una meta inalcanzable”.
M.Y.