Encuentro de jerarcas, alerta para los trabajadores y el pueblo

La reunión fue convocada por la Pontificia Academia de Ciencias Sociales y contó con la concurrencia de delegaciones de EEUU, Gran Bretaña, Suecia, México, entre otros. La delegación argentina fue nutrida y estuvo encabezada por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el que mantuvo una entrevista personal con el Papa, como también el dr. Sebastián Casanello.

“‘Desde 1985 hasta ahora nuestro país ha avanzado para atrás, no para adelante en cuanto a la trata de personas, el crimen organizado, el narcotráfico y demás delitos aberrantes’” (…) “‘La delincuencia va en jet y la justicia va en auto’”. (La Nación, 5/616)

No fueron palabras ni de ningún luchador social ni de ninguna víctima de la trata. Las dijo la doctora María Romilda Servini de Cubría, muy aplaudida por sus colegas en el transcurso de la reunión. Otros magistrados, como el dr. Miguel Abásolo, de Santa Fe, denunció la corrupción de las fuerzas policiales vinculadas al delito y el juez Ariel Lijo expresó. “‘Antes los esclavos se vendían, ahora son gratis’”. (ídem.)

¿Los salones del Vaticano iluminaron a “Sus Señorías”?

Lo que no dijeron los señores jueces es qué hicieron ellos frente a esa hecatombe que ellos mismos describen. Si desde que la dra. Servini de Cubría es jueza, según sus palabras, existe esa terrible situación, ¿cuál fue el rol de la justicia, qué medida resolvieron o denuncia hicieron durante estos 40 años, a título institucional o individual?

Cómplices de toda la vida, las máximas jerarquías judiciales, con el presidente de la Corte Suprema de Justicia a la cabeza desde nuestro país, y eclesiásticas, se reunieron para discutir una agenda común frente al “descontrol” de la situación delictiva. Y también frente a la situación política de Argentina, en nuestro caso específico.

Lo fueron durante la dictadura, en los intentos denodados de encubrir sus crímenes mediante una amnistía luego de su caída, durante la ola privatizadora y de despidos del menemismo, durante las jornadas del 2001.

Ahora, frente al gobierno de Macri, con buen olfato, quieren prevenir antes que curar. Las jerarquías de la Justicia y de la Iglesia se reunieron para algo más que para combatir el narcotráfico y la trata de personas. Lo hicieron para acordar una agenda común para preservar el orden institucional y para que las actuales y futuras luchas que se avizoran en el horizonte no agarren desprevenidos a los máximos garantes de la estabilidad capitalista. Sin ellos, el mundo se derrumba, o sea, su mundo: el mundo de los explotadores.

Cumbre preventiva, si las hay. Para que los cambios bruscos en el mundo y en particular a los que los tiene acostumbrados este país no los agarren desprevenidos.

Los jefes judiciales se retiraron, según expresaron, “cambiados”, “distintos”. ¿Qué cambiaron? Quizás encarcelen y juzguen a algunos narcotraficantes o realicen algún megaoperativo mediático, pero no esperemos cambios de fondo, que pongan entre rejas a los responsables y sus cómplices desde el poder.

La mirada estratégica de la Santa Iglesia los encuadró en lo que tienen que hacer: basta de tonterías y minucias, a ponerse los pantalones largos y a poner la justicia donde tiene que estar. Que dejen lugar a las interminables internas para designar jueces, las peleas con los K para conformar una nueva Corte Suprema, para tironear por espacios políticos. Que se metan en los grandes temas, jugando un rol activo en la sociedad, arbitrando desde la “intocable” institución del Estado, que desde la cúpula eclesiástica se van a ocupar (como siempre) de arbitrar desde la institución ideología para llegar a la sensibilidad del conjunto de la población.

Esa es una de las caras, la otra está oculta

«Encontramos hoy muchas quejas –escribió el prelado-, se reclama que algunos testimonios no serían lo suficientemente probados o que se juzgan a personas con poquísima responsabilidad en los actos cometidos. Sin duda debemos intentar un sano respeto a los derechos humanos de las víctimas y sus familiares. Los ancianos y los enfermos deberían cumplir prisión domiciliaria y habría que atender con ecuanimidad la seriedad de las quejas presentadas. La justicia debe ser, mucho más en lo referido a los Derechos Humanos, lo más justa posible» (…). (Tiempo Argentino, 28/5/16)

Estas palabras conmovedoras las expresó el obispo jubilado, pero en actividad según parece, de San Isidro, Alcides Jorge Pedro Casaretto, que escribió un libro dedicado al tema llamado Nuestro país, nuestra Iglesia, nuestro tiempo, presentado el 26 de mayo pasado por el periodista de La Nación Joaquín Morales Solá. Sus humanitarias intenciones están bien a la vista.

Las reuniones del gobierno con Cecilia Pando, la reducción a los gastos de protección de testigos en los juicios a genocidas, ¿son pura casualidad?

Son una política de Estado (con la bendición eclesiástica) para preparar un “borrón” de impunidad.

Esas dos caras se presentan al conjunto de la población trabajadora, a la juventud, a las mujeres, con la comparsa del dirigente sindical de los judiciales, Julio Piumato y del legislador porteño Gustavo Vera, referente de la ONG La Alameda y del partido Bien Común, gestor en todas las entrevistas papales.

A esas dos caras seguiremos enfrentando en las calles, en las aulas, en los lugares de trabajo, como lo hemos hecho en las jornadas del 29 de Abril, en la marcha educativa, en el #NiUnaMenos, para desenmascarar y derrotar sus planes reaccionarios.

Dejanos tu comentario!