Se corre el velo de la estafa

Con el ingreso del mega proyecto de ley que ata el pago a jubilados a la aprobación del blanqueo, varios de los aspectos más oscuros que ya habíamos denunciado en la edición anterior quedan aún más expuestos. Veamos.

Blanco opaco para que no pase la luz

Por empezar, hasta parte de la oposición pusilánime que tiene este gobierno en el Congreso debió alzar tímidamente la voz para protestar por el evidente chantaje que significa hacer depender una medida “favorable” (ya haremos notar sus límites) de una medida indigerible. Por supuesto, nada  de eso significa que los bloques de los partidos burgueses, incluido el kirchnerismo, va a intentar bloquear seriamente la aprobación de la ley, o dividir las votaciones, como correspondería.

Segundo: el articulado de la parte del blanqueo es un escandaloso regalo a los ricos evasores y fugadores de divisas. Por ejemplo, contra las recomendaciones de la OCDE (foro de países desarrollados que impulsa restricciones a la actividad de los paraísos fiscales), no se prevé que ninguno de los aspirantes a entrar al blanqueo deba dar ninguna explicación del origen de los fondos. El dinero queda en “libertad bajo palabra”: alcanza con que el evasor diga que es una persona muy, muy honesta y que todo lo hizo trabajando porque es un meritócrata hecho y derecho. La AFIP no le va a preguntar más nada. Así como se lee.

Aclaremos que tampoco la OCDE es muy exigente: sólo dice que hay que explicar el origen de los fondos, no justificarlo con documentación. Pues el blanqueo de Macri, ni eso. Debe ser porque los capitalistas amigos y colegas de Macri que entren al blanqueo no están en condiciones de dar ni siquiera explicaciones, mucho menos justificar nada. Es una vista gorda tan grosera que hasta el massismo, que no se caracteriza por sus ínfulas anti empresarias, considera que es demasiado. Claro que, si se pide aunque más no sea una mínima explicación, “mucha gente se sentirá investigada y podría no ingresar al blanqueo con semejantes exigencias” (P. Wende, Ámbito Financiero, 8-6-16). Igual, seguramente el massismo negociará ese punto por alguna otra cosa.

El colmo de todo esto es que un amplio grupo de legisladores (no sólo de Cambiemos) piensa que el 10% de alícuota para blanquear dinero sucio es… ¡demasiado alto!, y quieren reducirlo, por lo menos para montos inferiores a 100.000 dólares.

De este modo, el blanqueo será muy blanco, pero es a la vez bien opaco, porque de lo que se trata no es de dar “transparencia” sino, por el contrario, de que la legalización de las estafas pasadas no deje ninguna estela legal o política. El intento de mordaza a la información periodística sobre nombres y montos involucrados (el famoso artículo 85) es prueba harto suficiente de cuál es el sentido que el PRO le quiere dar al blanqueo: limpiar la basura de la clase capitalista sin dar lugar a incómodos escraches.

Un golpe mortal a la caja de los jubilados

Los detalles del proyecto enviado al Congreso confirman varios de los peores augurios. El propio titular de la ANSeS, Emilio Basavilbaso, aclaró que “la principal financiación del programa son las ganancias que genera el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), año a año, de 70.000 millones de pesos. El costo del proyecto es 75.000 millones de pesos, y con el blanqueo se puede cubrir el resto”.

A confesión de parte, relevo de pruebas: Basavilbaso expone a la luz del día la gran mentira del gobierno de que el nada virtuoso blanqueo de capitales irá a parar a los pobrecitos jubilados. Queda muy claro: el pago a los jubilados lo financiará, en un 93%, el propio fondo de los jubilados. De ese modo, desmiente al presidente del bloque de diputados del PRO, Nicolás Massot. Éste argumentó que el pago a los jubilados “tiene dos fuentes de financiamiento, la utilización del FGS y el éxito del blanqueo”. Lo que Massot oculta, e imprudentemente Basavilbaso reveló, son las proporciones relativas de ambas “fuentes”.

Como se ve, los fondos que genere la estafa del blanqueo sólo taparían un pequeño agujero de 5.000 millones de pesos, es decir, 350 millones de dólares. Preguntamos: si no es a la “financiación del programa” de pago a jubilados, ¿adónde irán a parar los miles de millones de dólares que el gobierno espera recaudar con el blanqueo?

En cuanto a las acciones de la ANSeS en las grandes compañías privadas, heredadas de las AFJP, el gobierno ya dijo que quiere tener la potestad de venderlas (aunque no necesariamente lo haría de manera inmediata). En el debate en comisiones, el diputado Luciano Laspina, del PRO, pidió “no hacer una discusión ideológica” sobre la venta de las acciones y “analizar lo que más le conviene al Estado”. Siempre lo mismo: los defensores de la ideología de que el mercado siempre acierta piden que la discusión no sea “ideológica”. El PRO sabe que es difícil que se apruebe sin más la venta de acciones de la ANSeS y busca un camino intermedio.

De todos modos, el problema de fondo sigue siendo el que señalamos la semana pasada: si las ganancias de las inversiones de la ANSeS se destinan íntegramente a los pagos de juicios y reajustes, la inflación se va comiendo el FGS. Además, la ANSeS dejará de recibir el 15% de la coparticipación que antes cedían las provincias, y que son la prenda de seducción a los gobernadores para que voten el blanqueo. En resumen: con más gastos extraordinarios, más gastos corrientes (el reajuste de haberes), menos ingresos corrientes y sin disponer de las ganancias de las inversiones, vamos a tener un Fondo Sin Garantía Ni Sustentabilidad de pago para los jubilados actuales y, sobre todo, los futuros.

Ni hablar de determinadas áreas de inversión que estaban en manos de la ANSeS, como el plan Pro.Cre.Ar y otros, que más allá de su pésima implementación y administración bajo el kirchnerismo apuntaban a cubrir necesidades sociales más allá de los haberes previsionales. Todos esos planes van a quedar directamente sin recursos y su continuidad está totalmente comprometida.

En el fondo, y como también señaláramos, no cierran las cuentas, y ya hubo periodistas y legisladores que advirtieron que la ambigüedad de la redacción del texto abre la puerta a modificaciones sustanciales en el conjunto del régimen previsional. No hay ninguna duda de en qué dirección será: el ingreso del sector privado, la habilitación de formas de capitalización individual en detrimento del actual sistema solidario de reparto, y, llegado el caso, el aumento de la edad jubilatoria. Así, la ley “ómnibus” es más que una estafa: son varias estafas en una.

Marcelo Yunes

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