Repudiemos el “facho” de la Corte Suprema

El gobierno de Macri continúa con su ofensiva reaccionaria para imponer su salvaje plan de ajuste. Hoy es una realidad, que no se le escapa a nadie y que ni siquiera el mismo gobierno puede ocultar, que el deterioro social es terrible. La inflación no para de crecer, al tarifazo sobre la luz y el gas se le sumó este mes el brutal aumento del agua que superó el 500% en varias zonas, aumento por otro lado absolutamente arbitrario puesto que no se hace sobre el consumo sino que es un monto fijo, resultado de una complicadísima ecuación, sobre el cual no hay control posible.

Si Macri puede aplicar sus políticas de ajuste es por un solo motivo: porque toda la superestructura política está decidida a dejar que así ocurra.

La primera que se anotó para dale su apoyo es la burocracia sindical. No se puede esperar que tome ninguna medida en defensa de los derechos de los trabajadores. Su negativa manifiesta a plantear el paro general o cualquier plan de lucha es la confesión de su traición y de que está dispuesta a dejar que revienten las condiciones de vida de los trabajadores. De hecho, su apuesta parlamentaria a la votación de la ley antidespidos y su posterior defección de la única medida posible para torcerle el brazo al gobierno, el paro general, han hecho posible que Macri tomara un respiro y volviera a la carga redoblada con su plan reaccionario.

El otro que se sumó por la puerta de atrás es el FpV. Las organizaciones kirchneristas son la otra pata que sostiene la gobernabilidad de Macri. Cristina dio la orden y el kirchnerismo está decidido a jugar el rol de oposición leal, jurando una y mil veces que no le van a poner palos en la rueda a su gobierno, y espera a ver si en 2017 roban algún voto.

Junto a este escenario, hay otras manifestaciones de la vida política que muestran que no todo está tan calmo. Por un lado, tuvimos la inmensa movilización del Ni Una Menos que reunió a 150.000 en la Ciudad de Buenos Aires y otras decenas de miles en diversa ciudades del interior del país, mostrando que el 3 de junio se instaló como una fecha fija en la agenda política nacional y que la lucha por los derechos de las mujeres está a la orden del día. A esto hay que sumarle una profunda corriente de bronca que está atravesando a miles de personas que sufren cada día las consecuencias del ajuste. Bronca que por culpa de la burocracia y el kirchnerismo no encuentra por lo pronto un canal por donde expresarse, pero que va sumando presión y más temprano que tarde puede explotar.

La Corte Suprema le da una mano a Macri y a la burocracia

Como venimos diciendo, toda la superestructura política nacional está decidida a dejar que Macri pueda aplicar su plan de ajuste. En este sentido es que el martes último se dio a conocer el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en relación al juicio de un trabajador del Correo Oficial (Daniel Orellano) contra el mismo Correo. La sentencia del máximo tribunal es un escandaloso ataque al derecho a huelga, probablemente uno de los fallos más antiobreros y reaccionarios que se hayan dictado desde la vuelta a la democracia.

Hagamos un poco de historia. Orellano había sido despedido en 2009 por ser identificado como el organizador de la protesta y la huelga de los trabajadores del Correo en la sede de Monte Grande. La patronal sostuvo que la huelga era ilegal porque ninguno de los sindicatos que actúan oficialmente en el Correo había declarado la medida de fuerza, y que por lo tanto en el correo no había ningún conflicto laboral; bajo ese argumento despidió a Orellano. La Justicia, tanto en primera instancia como en segunda, falló a favor del trabajador declarando que el despido era arbitrario, con el argumento de que el derecho a huelga era un derecho colectivo de los trabajadores y no de los sindicatos y que por lo tanto la huelga era legal y legítima. Esos fallos preocuparon seriamente a toda la burguesía y a la burocracia sindical, puesto que habilitaban a todos los trabajadores a invocar el derecho a huelga contra las patronales sin la necesidad de pasar por el chaleco de fuerza de la burocracia traidora. Como vemos, el problema sobrepasaba con creces la suerte de un trabajador: lo que se había puesto en el banquillo de los acusados era el mismísimo derecho a huelga. El entonces gobierno de Cristina, responsable directo del Correo oficial, entendió la gravedad de esta situación, por lo que resolvió acudir “en queja” a la Corte para que esta reviera el fallo. La Corte Suprema se tomó su tiempo, esperó que pasaran las elecciones, que se aclarara el panorama político nacional, y este 7 de junio resolvió en contra del trabajador… y del derecho a huelga.

Un fallo escandaloso

Por medio de un fallo escandaloso, los miembros del máximo tribunal de Justicia de la nación efectuaron una reinterpretación de la Constitución Nacional, en particular de su artículo 14 bis, para llegar a la conclusión de que no son los trabajadores quienes detentan el derecho a huelga, sino que este derecho es potestad exclusiva de los sindicatos (con personería gremial o simplemente inscriptos). Según ellos, ningún trabajador individual, ni un grupo cualquiera de trabajadores, tienen el derecho de declarar la huelga.

Así lo exponen: “Es indudable que la titularidad del derecho a declarar la huelga pertenece a un colectivo de trabajadores organizados en función de intereses comunes, no al trabajador individual ni a cualquier grupo de trabajadores”, para luego explicar que ese “colectivo de trabajadores” son los sindicatos.

Por lo tanto, el único derecho que tienen los trabajadores es a organizarse sindicalmente, y serían los sindicatos los únicos que podrían decretar cualquier medida de lucha. Es decir que si en una fábrica hay despidos, los trabajadores no tienen derecho a hacer nada; si cualquier empresa no paga los salarios, los trabajadores no tienen el derecho a declararse en huelga; si cualquier patronal decide desconocer cualquier derecho, los empleados no pueden decretar ninguna medida de lucha, porque ellos no tienen ningún derecho, el derecho es exclusivo de los sindicatos.

La argumentación que ofrecen los jueces es una verdadera falacia que está de espaldas a todo el desarrollo histórico; es una abstracción jurídica que busca fortalecer las posiciones de las patronales, la burocracia sindical y el gobierno frente a los reclamos de los trabajadores. Lo cierto es que los trabajadores, en su desarrollo como clase, han pasado por distintas etapas a lo largo de la historia: en sus orígenes se revelaron individualmente contra la opresión destruyendo las máquinas; ante lo ineficiente de ese método de lucha, sacaron las conclusiones necesarias y empezaron a actuar colectivamente contra su patrón por medio de la huelga; luego se organizaron por rama de la industria para finalmente reconocerse como una clase en el ámbito nacional. Así nacieron los primeros sindicatos, las centrales obreras y finalmente los partidos como representantes políticos de la clase obrera. En todos estos pasos, la huelga fue la herramienta que les permitió forjarse como clase social en su lucha contra la burguesía. La huelga fue la herramienta principal con la cual los obreros obligaron a los patrones y sus gobiernos a reconocerles el derecho a la organización sindical y a detentar algún derecho laboral y político. Por lo tanto, es ridículo y contrafáctico afirmar, como hace la Corte Suprema, que el derecho a huelga nace de los sindicatos y que de allí llega al trabajador. Justamente lo cierto es lo contrario: el reconocimiento de la organización gremial es un subproducto de la huelga. Tanto la organización sindical como la huelga no son derechos que otorgó generosamente la patronal por medio de la Constitución nacional; no, son conquistas que la clase obrera le arrancó a la burguesía e impuso con su lucha.

La Corte niega el derecho a huelga a los trabajadores

La primera consecuencia que salta a la vista de esta aberración jurídica es el poderoso fortalecimiento de los burócratas sindicales frente a la base trabajadora, y un feroz ataque a las organizaciones independientes y antiburocráticas que quedan al límite de la ilegalidad. Este fallo pretende quitarles a las comisiones internas la facultad para defender a sus compañeros; ahora estarían atadas a que las cúpulas sindicales se decidan a tomar alguna medida de lucha. Y en caso de que algún díscolo pretendiese sacar los pies del plato y tomar alguna medida de lucha, entonces la patronal estaría en su derecho de despedirlos a todos con causa justificada.

Pero esto es solo la punta del iceberg. La afirmación que hace la Corte acerca de que son los sindicatos y no los trabajadores quienes detentan el derecho a huelga deja desamparados a millones de trabajadores que quedarían sin ninguna protección frente a la arbitrariedad de las patronales. Es que en la Argentina únicamente el 37% de los trabajadores está sindicalizado. Es decir que con este fallo, la Corte Suprema le niega el derecho a huelga al 63% de los trabajadores.

Para la Corte Suprema, en su hipócrita fantasía, ese 63% de trabajadores, ante cualquier arbitrariedad de la patronal, tendrían que juntarse, armar un sindicato, hacer los trámites en el Ministerio de Trabajo, esperar que este los inscriba y una vez cumplidos todos los pasos burocráticos, recién ahí, podrían ver de tomar alguna medida de lucha. Pero lo cierto es que la única forma que tienen los trabajadores de que les reconozcan legalmente sus organismos de lucha es por medio de la huelga y demás medidas de fuerza. Por lo tanto, sin derecho a huelga no hay derechos sindicales, y sin estos la Corte no te reconoce el derecho a huelga. ¡Que “bello” es el paraíso burgués!

Ni huelgas, ni piquetes

El fallo de la Corte es una vuelta de tuerca más en el endurecimiento del régimen político que está tratando de imponer el gobierno nacional. Por medio de esta resolución, el supremo tribunal cierra el cerco reaccionario que habían empezado a trazar Macri y Patricia Bullrich por medio del “protocolo antiprotesta”. Con estas medidas, lo que se pretende es que la burocracia sindical tenga el monopolio de la protesta social.

La experiencia de lucha en los últimos 15 años ha dado lugar a un variado abanico de medidas de lucha, las cuales de manera combinada han servido para desbordar a las burocracias sindicales y enfrentar a la patronal. En infinidad de oportunidades los trabajadores, ante el abandono de los dirigentes sindicales burocráticos, han apelado a la solidaridad del activismo para sostener sus luchas por medio de piquetes en las puertas de las fábricas o en las rutas. Otra cosa que también quieren barrer del escenario son los piquetes que el activismo obrero y la izquierda han realizado en oportunidad de los paros generales que la burocracia se vio obligada a llamar. Estos piquetes han sido un dolor de muelas para la burocracia sindical, porque sirvieron para visibilizar otro polo de lucha distinto, independiente y antiburocrático.

Por eso desde el Nuevo MAS denunciamos claramente que el fallo de la Corte contra el derecho de huelga, al igual que el protocolo antipiquetes, que son parte del intento de la patronal, por medio de los poderes de su Estado, para dejar definitivamente atrás el Argentinazo e imponer relaciones de fuerza más adversas para los trabajadores y demás sectores oprimidos. Llamamos a toda la vanguardia de los luchadores y a todos los sectores democráticos a rechazar este fallo reaccionario que atrasa cien años los derechos populares. Aunque hay que ser conscientes de todo lo peligrosas y reaccionarias que son estas medidas, estamos convencidos de que no va a alcanzar con protocolos o sentencias para arrebatarles a los sectores populares las conquistas que supieron conseguir, y que en última instancia será en la lucha en las calles donde los trabajadores tendrán la última palabra.

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