La limitación del aumento hasta el 400% -¡que no deja de ser un saqueo!- muestra que este gobierno de CEO’S y ejecutivos se propone rebajar el nivel de vida de la población trabajadora en pos de las ganancias empresariales: esto tiene profundas consecuencias sobre la vida real del pueblo trabajador por las que incluso ya murieron personas de frío, incluyendo un bebé.

Aranguren se tiene que ir ya. La movilización popular debe exigir que se retrotraigan las tarifas al estado anterior a los aumentos, y no se cobre un peso más hasta que no se construya una verdadera política energética, con un plan serio que contemple las necesidades de consumo de la población y también la capacidad de pago de los salarios, todo esto bajo el control de los trabajadores del sector y los usuarios. La Constitución establece que el precio de los servicios públicos tiene que estar acorde a los ingresos, no pueden ser ‘impagables’. Los servicios públicos no pueden ser mercancías: deben ser derechos.

Si hay déficit y hay que importar, que les cobren impuestos mayores a los patrones. Las patronales del agro están levantando sus ganancias nuevamente, y este gobierno les regaló incluso las magras retenciones que pagaban antes. Que paguen ahora, y que ese dinero se invierta en producción de energía para no tener que importar, y en mantener una tarifa que los trabajadores podamos pagar.