Tarifazo, aceitazo y el discurso macrista –

En plena crisis del tarifazo, el gobierno no quiere retroceder sino que, por el contrario, apela a todos los instrumentos posibles para seguir adelante. Sean éstos legales, como los recursos que presentó para que la Corte Suprema tome el caso (y lo resuelva a favor de Macri), políticos o ideológicos. Parte de la avanzada macrista para justificar el tarifazo es el argumento que repiten todos los voceros PRO (y sus repetidoras neoliberales de todos los ámbitos) de que durante años las tarifas estuvieron “demasiado baratas” y que ahora es momento de “pagar el gas por lo que vale”.

Justamente, hace poco en un programa de debate político en TV, cuando varios panelistas parecían ponerse muy de acuerdo con esa idea, irrumpió Manuela Castañeira con una frase que rompió ese amigable consenso: “No hay que pagar el precio de mercado, los servicios públicos son un derecho”. Y se armó la podrida en el estudio: todos contra la compañera del Nuevo MAS.

Nos apresuramos a aclararlo: el criterio que defienden con tanto ahínco el gobierno, las empresas privatizadas y todos los garcas del país, así como lo presentan, no existe en ningún país del mundo. No hay nación en el planeta que haga pagar “lo que vale” a toda la población por todos los bienes y servicios que recibe.

Como es de imaginar, la variedad de regímenes legales de todo el mundo es infinita, y casi todos corresponden a países capitalistas hechos y derechos. Sin embargo, insistimos, absolutamente todos los países prevén alguna forma de precio o tarifa subsidiada, sea aplicada a productos finales, a servicios, a determinados sectores de la población, a ciertas actividades económicas o todo eso junto.

Lucha de clases mata mercado

Por supuesto, cada país tiene su propia historia social y económica, así como sus rasgos particulares en lo geográfico lo climático y muchos otros aspectos, diversidad de la que resulta la amplísima gama de “burlas” a la ley de mercado que se dan en todos ellos. Por lo pronto, ni siquiera los fanáticos del libre mercado discuten que es necesario subsidiar la tarifa de gas en la Patagonia, o a los jubilados que cobran el mínimo. Pero los ejemplos son infinitos.

Ahora bien, lo que en cada país se considera “derecho inalienable” que debe ser provisto gratuitamente, lo que se considera derecho a secas y lo que se considera simple consumo depende no sólo de los factores arriba mencionados. También está en función de la relación de fuerzas entre las clases, es decir, de hasta qué punto la clase capitalista o la clase trabajadora, en determinados momentos de la historia, lograron (o no) imponer conquistas o derechos.

Por ejemplo, ¿cuánto hay que pagar la educación media y superior? En la Argentina, cero. Hay instituciones privadas, pero quien se educa en el sistema público no paga nada. Pues bien, acá nomás, en Chile, eso está muy lejos de ser así, y por eso hay multitudinarias movilizaciones estudiantiles desde hace años para conseguir ese derecho. Lo mismo pasa en ese país con las jubilaciones, que en Chile se rigen por un sistema similar al de nuestras desaparecidas AFJPs. Allá, el 91% de los jubilados perciben 231 dólares mensuales (y la proporción de personas ancianas que cobran jubilación es muy inferior a la de Argentina). Los garcas chilenos, seguramente, deben argumentar que los jubilados trasandinos reciben por su jubilación “lo que vale”, aunque no les alcance para nada.

En Francia y otros países europeos, si los productores agrícolas cobraran por sus productos “lo que valen”, los campos estarían vacíos y los núcleos urbanos que los rodean serían pueblos fantasma. En muchos casos, no pueden competir contra los precios globales, pero la Política Agrícola Común, uno de los pilares de la Unión Europea desde 1962, se ocupa de violar las reglas de libre mercado y subsidiar generosamente a esos productores. Digamos, de paso, que ése es uno de los principales obstáculos a un acuerdo de “libre comercio” entre el Mercosur y la UE: ¿qué clase de “libre comercio” es éste en el que una de las partes se obliga a levantar aranceles mientras la otra subsidia a lo loco?

Pero vayamos a los países fundadores del liberalismo y el neoliberalismo. Los políticos burgueses del Reino Unido se enorgullecen de ser furiosos libremercadistas, pero a ninguno se le ocurre tocar el National Health Service, el sistema de salud pública británico que es un considerado un modelo de servicio estatal de salud. Margaret Thatcher habrá privatizado ramas enteras de la economía, pero no logró convencer a los británicos que paguen por la atención de salud “lo que vale”.

Último ejemplo, que tomamos del mayor paraíso de los liberales, EEUU. Es verdad, allá sistema de salud pública casi no hay (Obama tuvo infinitos problemas para intentar instalar algo que se le pareciera), y la educación pública es un chiste. Pero ¡pobre el político yanqui que se atreva a decirle a los automovilistas (y allá casi todo el mundo lo es, debido a las enormes distancias) que deben pagar por la nafta “lo que vale”! Podrán hacerles pagar a los yanquis por la educación y la salud, pero la nafta que mueve el auto, el tótem nacional, eso sí que no. El precio internacional de la nafta es de 1,14 dólares (globalpetrolprices.com), pero los yanquis no pagan más de 60 centavos, es decir, casi la mitad.

¿Para qué seguir? Todo conduce a la misma conclusión: en todas partes, lo que es considerado un derecho, sea gratuito o subsidiado, y lo que no lo es (y por lo tanto debe “pagarse por lo que vale”) no está escrito por ninguna ley económica ni criterio legal, sino pura y simplemente por la fuerza de la movilización de los trabajadores y los sectores populares (o la amenaza de ella), que fue capaz de arrancar conquistas a la clase capitalista. Por supuesto, ni esas conquistas ni la ausencia de ellas son eternas ni naturales, sino que deben revalidarse periódicamente en la única arena donde en definitiva se dirimen los derechos: la de las clases sociales en lucha.

El “precio” de los derechos se decide en las calles

Dicho esto, es posible entender mejor, por ejemplo, el conflicto suscitado con la política de precios para bienes  como el aceite o los servicios públicos. En el caso del aceite, el macrismo, en complicidad con las cinco grandes aceiteras, quiere desmantelar el esquema de subsidios implementado desde 2008, que mantuvo el precio de este artículo de primerísima necesidad por debajo de “lo que vale”, especialmente de su precio internacional. La cuestión de si el aceite barato es o no un derecho no depende de lo que diga la jurisprudencia de los sabios, sino de quién gane la pulseada política.

El gobierno ya tomó partido: que la gente pague “lo que vale”, es decir, 90 o 100 pesos. El reciente acuerdo con las aceiteras es sólo el primer paso “gradualista” hacia ese objetivo, con aumentos del 6% en agosto pero del 30% hasta fin de año. Eso duplica largamente la inflación prevista para el período agosto-diciembre y no se puede dejar pasar. ¡Sería el colmo que millones de personas deban pagar un costo prohibitivo por el que es quizá el primer artículo de la canasta familiar, para que pulpos como Molinos, Arcor, Nidera y Aceitera General Deheza ganen todavía más fortunas de las que se llevan! ¡El subsidio al precio del aceite se sostenía con sólo el 1,2% de las exportaciones de aceite!(1)

Y lo mismo vale para las tarifas. ¿Dónde está escrito que hay que pagar el precio de mercado por servicios públicos esenciales de los que depende muchas veces la vida humana, algo que no sucede con muchos otros precios cuya regulación y subsidio nadie discute? ¿Quién decidió que hay que pagar “lo que vale” por el gas o la luz, pero que el precio de, por ejemplo, blanquear los dólares fugados durante décadas es el 10% de lo robado al fisco, en vez del 15, o el 20, o el 40%? ¿Macri? ¿Prat Gay? ¿Esas leyes de hierro son las que hay que obedecer, al costo de reventar el poder de compra del salario y de morirse de frío en la casa de uno?

Tan insostenible es el argumento de que hay que pagar el precio pleno del mercado que ni siquiera las leyes que regulan los servicios, aprobadas durante el menemismo y aún vigentes, dan completa vía libre a ese criterio. Por ejemplo, la ley 24065 que regula la prestación del servicio eléctrico privatizado, votada a fines de 1991, dice en su artículo 2º: “Fíjanse los siguientes objetivos para la política nacional en materia de abastecimiento, transporte y distribución de electricidad: a) Proteger adecuadamente los derechos de los usuarios; (…) d) Regular las actividades del transporte y la distribución de electricidad, asegurando que las tarifas que se apliquen a los servicios sean justas y razonables”. Y repite en el artículo 40: “Los servicios suministrados por los transportistas y distribuidores (…) asegurarán el mínimo costo razonable para los usuarios compatible con la seguridad del abastecimiento”.

En resumen: no hay que dejarse engañar. Sólo la lucha social y política establece qué cosas, para quiénes y por cuánto tiempo se pagan “lo que valen” o se consideran derechos que no están sujetos a la lógica del mercado. Este gobierno, como todos los de su signo, quiere hacernos creer por todos los medios que el gas, el aceite (y mañana la luz, el agua, la educación superior y vaya uno a saber cuántas cosas más) son una mercancía que se debe pagar “por lo que vale”, como si fuera un celular, un auto o un alfajor. Es hora de poner en pie de una vez una gran movida nacional de protesta, bajo todas las formas que pueda adoptar, que le pare la mano a este ataque del macrismo.

Marcelo Yunes

Notas

1. El cinismo de esta gente no conoce límites. Es archiconocido que los márgenes de ganancia de las aceiteras, que exportan la gran mayoría de su producción, son tan altos que hacen que invariablemente la paritaria salarial de los trabajadores del sector sea de las más altas del país, al nivel de los petroleros. Pero el Ministerio de la Producción tuvo el descaro de decir que un precio local del aceite por debajo del internacional “pone en riesgo miles de empleos”. Y el colmo fue decir que permitir un aumento del 30% en 5 meses “cuida el bolsillo de las familias argentinas”.

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