Crisis en la Constituyente, en la “nacionalización” del gas y cierto descontento

Cuando Bolivia se parece otra vez a... Bolivia

Por Carla Punkoya
Socialismo o Barbarie Bolivia, 11/09/06

“La luna de miel fue escasa. Bolivia parece haber vuelto rápidamente a su rutina de los últimos años: las peleas regionales y la tensión entre el oficialismo y la oposición y la intermitencia de conflictos corporativos que, cuando coinciden en el tiempo, dan esa imagen de caos que a veces es la única que se conoce en el exterior” (Pablo Stefanoni, Página 12, 10-9-06).

Efectivamente, todo parece indicar que se ha terminado el “período de gracia” postelectoral. En las últimas semanas, se ha desatado la primera crisis política bajo el gobierno de Morales. Bolivia se comienza a parecer nuevamente a Bolivia.

Tres crisis en una

Tres circunstancias se han presentado superpuestas: la mas grave, la actual crisis al interior de la Asamblea Constituyente [AC] y el reciente paro cívico en los estados de la “Media Luna” (Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando). Como si esto fuera poco, ha estado el hecho de la caída del presidente de YPFB, Alvarado, y de todo el primer gabinete encargado del tema de la “nacionalización” del gas. A esto se le suma, el giro a la derecha que parece observarse en esta materia, con García Linera anunciando a Petrobras como “socio estratégico” del “proceso nacionalizador”. Por último, durante el mes de agosto, se vivieron una serie de luchas reivindicativas de importancia, como fue el caso del paro de transportes, de los docentes urbanos de La Paz, de la salud, etc.

Nada de esto puede servir para desconocer que la popularidad del gobierno sigue siendo alta, y de que sigue gozando de un amplio apoyo entre las masas originarias y campesinas. Sin embargo, parece estar comenzando a observarse cierto descontento por la continuidad de las penosas condiciones de vida. Además, la actual irrupción de esta crisis en las alturas, sumada al paro cívico del pasado viernes 8/9, podrían dar lugar a la apertura de una dinámica de polarización social y política que el gobierno no ha buscado ni querido. Y que de desatarse, eventualmente, abriría brechas para lo que está faltando: la acción independiente de trabajadores y sectores populares. Es por esto último por lo que debemos luchar y apostar los socialistas revolucionarios.

La crisis en la Constituyente

“La Asamblea Constituyente no es para subordinar a nadie (...) el movimiento campesino originario jamás ha sometido a nadie, pero ha sido sometido; jamás ha discriminado a nadie, pero ha sido discriminado (...) No se trata de revanchismo sino cambios concertados para descolonizar y desneoliberalizar Bolivia”. Estas fueron algunas de las palabras de Evo Morales el pasado domingo 6 de agosto al dar por instalada la Asamblea Constituyente en la capital del país. Sin embargo, en los últimos días, el clima de enfrentamiento, división y polarización que se vivió al interior de la Asamblea Constituyente, y se trasladó a las calles, ha capturado la atención de la prensa mundial y ha centrado la tensión en Sucre. A más de un mes de su establecimiento, la tan ansiada Asamblea Constituyente hoy se encuentra paralizada (sobre todo, en el primer punto, que es decidir un reglamento de funcionamiento) y se presenta frente a los bolivianos y al mundo, más que como el espacio de “concertación y refundación” tan propagandizado tanto por el gobierno como por la oposición, como el campo de batalla que confronta al partido oficialista y a los sectores sociales y sindicales afines al mismo, con las fuerzas representativas de los sectores conservadores de derecha, agrupados principalmente alrededor de Podemos[1], UN[2], MNR[3] y de los Comités Cívicos del Oriente.

La disputa política se centra básicamente en dos puntos. El primero, si la AC se declara “originaria” (es decir, con plenos poderes soberanos por encima de todo el ordenamiento constitucional) o solamente “derivada” del poder constituido. El segundo, si los artículos de la nueva Constitución Política del Estado se aprueban por mayoría absoluta (50% más uno) o por dos tercios como se había pactado originalmente. El gobierno ahora quiere que sea por mayoría absoluta y la oposición por 2/3 para poder hacer valer su poder de veto, ya que el MAS, con sus propios asambleístas, se garantiza la mayoría absoluta.

Vemos así, por un lado, a un gobierno que intentó borrar con el codo lo que escribió (y pactó) con la mano, desmantelando en un minuto lo que durante meses negoció con la oposición dentro del marco de la salida ”pactada” a los cuestionamientos planteados por las insurrecciones de octubre del 2003 y de mayo/junio del 2005. Esto es, principalmente, la Ley Especial de Convocatoria a la Asamblea Constituyente (LECAC) que condiciona fuertemente de antemano la AC y el Referéndum Autonómico como una clara muestra de las concesiones del gobierno al poder de los capitalistas y la derecha oriental. En las últimas semanas, el gobierno denunció y acusó a esas minorías de “corruptos, asesinos y neoliberales”, los mismos con los que él mismo negoció y les concedió espacios y atribuciones, y con los que luego del “paro cívico”, se ha vuelto a sentar a negociar. Pero es precisamente este “desconocimiento” de los acuerdos previos con la derecha burguesa, lo que terminó desencadenando la crisis.

Porque ya estaba promovido, previsto y acordado (de antemano) en la LECAC, tanto el carácter “derivado” de la AC, como la imposibilidad matemática de que ninguno de los partidos (a todos los efectos prácticos, el MAS) se pudiera alzar con los 2/3 de votos necesarios para cualquier decisión. Esto, precisamente, previendo el holgado triunfo electoral concretado por el MAS en las pasadas elecciones de asambleístas. En estas condiciones (dada la garantía concedida por intermedio de este poder de veto), sí o sí se debe pactar con la derecha y la burguesía cruceña, porque ninguna bancada puede alcanzar –por sí misma– los 2/3 necesarios para la aprobación de cada nuevo artículo constitucional. Es que éste es el verdadero contenido de todas las medidas de “blindaje”, “candado” o “cerrojo” al funcionamiento de la AC: garantizar la esencial continuidad de la propiedad privada y de la Bolivia capitalista; de ahí el carácter “derivado” y no realmente “fundacional” de la Constituyente.

He aquí el núcleo de la crisis que se ha desatado. Porque una vez más, en su andar zigzagueante, el gobierno llega a un compromiso y luego, sometido a tremendas presiones desde abajo, sobre todo de su base social campesina, intenta dar pasos que significan un parcial, sólo parcial, desconocimiento de los mismos. Se pactó un poder de veto para la burguesía cruceña en la Constituyente y, en los últimos días, se pretendió desconocer esto. Meses atrás, Evo Morales parecía inclinado al apoyo a las Autonomías en el Referéndum y, finalmente, se decidió por el voto NO a las autonomías. En el Referéndum por el Gas en julio del 2004, el MAS impulsó un SI que significaba, básicamente, el continuismo de la política en materia de Hidrocarburos y luego aparece el decreto del 1º de Mayo anunciando, con bombos y platillos, la tan mentada “nacionalización”, pero que no es tal, sino sólo el forzamiento de una renegociación de los contratos con las multinacionales.

Es por esto mismo que en la crisis política que se ha abierto (la primera bajo el gobierno de Morales), se le han dado servidos en bandeja de plata los argumentos a la derecha para tildar al gobierno de “antidemocrático” y “totalitario”, acusándolo de ser el impulsor del actual estancamiento de la AC y de paso, agitar el fantasma de la probable frustración de la misma.

Pero a su vez, el mismo fantasma es agitado por el gobierno con el argumento de que son las “minorías” oligárquicas y pro-imperialistas las que obstaculizan el trabajo de la AC. Al peso específico de este argumento, y al uso que hace el gobierno del mismo, frente a una derecha recalcitrante que viene saqueando al país desde hace más de 20 años, se le suman a la popularidad y legitimidad con las que aún cuenta el gobierno (aún cuando su apoyo bajó del 80% al 64%). Esto, por el momento, le permite aglutinar y articular tras de sí a varios sectores populares y sindicales, incluso a muchos que han venido siendo críticos o se han manifestado en contra de las políticas del gobierno como la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB, Salud, Magisterio rural, entre otros, con el chantaje del “frente único contra la derecha”.

Del otro lado, están la derecha y los sectores conservadores que, potenciados por las licencias que le otorgó el gobierno, ahora quiere hacer valer su “poder de veto”, ya sea para resistir algunos cambios, o para ir por más. Temerosos de que se vean tocados sus intereses y privilegios, presiona al gobierno haciendo uso de los argumentos que él mismo le ha regalado, preparando las condiciones para mejor negociar y dejando en evidencia lo mucho que le molesta ceder incluso en los más mínimos detalles, en las más mínimas y timoratas “reformas” que el gobierno del MAS pretendiera sancionar en la Constituyente.

¿Cómo se explican estos abruptos cambios del gobierno que hace y deshace los pactos y acuerdos que él mismo ha promovido con la derecha? ¿Cómo se entiende que utilicen –ambos sectores– los mismos recursos, los mismos métodos: amenazar; ejercer presión con la movilización; dar ultimátum; hacer fuertes discursos; presentar posiciones “intransigentes”; gestos simbólicos; amenazas; forcejeos?

¿Qué se esconde detrás de los enfrentamientos?

Lo que podemos decir aquí, es que estos enfrentamientos son una evidente expresión de la intrincada y contradictoria pugna que existe en las alturas por imponer un determinado proyecto de país. Más allá del marco común de respeto a la propiedad privada y de seguridad jurídica a las inversiones privadas nacionales y extranjeras. Más allá de la comprensión común de la necesidad de encauzar y “reabsorber” la crisis política y social (resultante del proceso revolucionario iniciado en octubre del 2003 y corroborado en mayo/junio del 2005). Mas allá de que haya acuerdo en la necesidad de un “pacto social” con los distintos sectores patronales y de las regiones para llegar a una relegitimación del régimen y lograr la estabilización política; los términos de este mismo pacto son los que están generando esta resistencia y crisis. Pues enfrenta dos proyectos políticos distintos en lo que hace, sobre todo, a temas como la regulación económica, el reparto de las rentas petrolíferas, gasíferas y agraria, la reorganización estatal y del régimen político. Regateos y peleas (que pueden llegar a ser agudas) dentro del marco de búsqueda para lograr alcanzar y concertar un nuevo “pacto social” para una Bolivia capitalista.

En este marco, chocan dos visiones y proyectos. De un lado, el proyecto continuista de los partidarios del neoliberalismo puro y duro de los 90, que luchan por acomodarse en el marco de las nuevas reglas de juego, dejando claro que buscarán insistir en atenuar el carácter "unitario" del Estado para hacer valer el peso de las autonomías. Esto –por supuesto– guarda estrecha relación con el monopolio de los recursos naturales que buscan para sí.

Del otro lado, el proyecto muy tibiamente “reformista” y con rasgos de capitalismo de Estado del MAS, consistente, precisamente, en el fortalecimiento y cambio de rol del Estado, con mayor participación e injerencia del mismo como “socio estratégico” del capital transnacional mediante la creación de empresas mixtas. La propuesta oficialista plantea también, entre otras cosas, el control estatal de la tierra y otros recursos naturales, reconoce y otorga derechos a los indígenas. Por supuesto que la mayoría de estos planteos, están en determinado grado en contradicción con los postulados de los defensores de las reglas del “libre juego de mercado”.

Este es el telón de fondo de los enfrentamientos en la AC y lo que hace preveer una Constituyente que seguramente seguirá siendo una caja de resonancia de las contradicciones nacionales y un ámbito donde los acuerdos no llegarán sino a través de fuertes crisis y enfrentamientos como los actuales. Pues nos encontramos (como no podría ser de otra manera) frente a una AC que aún buscando y siendo “pactada”, no ha podido dejar de estar atravesada por profundas contradicciones y en la cual se han conjugado las tensiones.

Frente a este panorama de crisis en las alturas, es que se abren varios posibles escenarios. El reciente paro de la media luna (como corolario de la seguidilla de encontronazos en Sucre), de alguna manera ha terminado de catalizar la posibilidad de que se vuelva a reestablecer una negociación más “seria” donde ambos sectores cedan algo y se pueda encaminar el trabajo de la AC. Esta parece ser la perspectiva más inmediata. Menos probable, pero no completamente descartable (en función de la evolución del contexto regional y mundial), pueden darse escenarios donde ambos “contendientes” (gobierno y oposición burguesa regional) lleven sus posiciones hasta “el final”, a riesgo de romper la AC. Esto significaría una gravísima crisis para el gobierno del MAS y es una carta de chantaje evidente en manos de la derecha burguesa. Finalmente, y combinado con lo anterior, podría ocurrir que por las fisuras en las alturas, se filtren las masas reeditando la posibilidad de nuevos y duros enfrentamientos.

Ya en notas anteriores sosteníamos que “la Asamblea Constituyente podría –eventualmente– transformarse en una caja de resonancia frente a la fragmentación política, económica y social del país. Pues frente a ella se expresan intereses y posiciones contrapuestos, lo que puede significar una profundización de la crisis”... Hoy continúa latente la posible emergencia de nuevos choques entre las clases. Pues continúa abierta la posibilidad de una profundización del proceso iniciado en octubre del 2003 (y corroborado con las jornadas de mayo/junio del 2005) en las condiciones de la grave crisis nacional y estructural y que el gobierno del MAS está jugado a reabsorber.

Notas:

1 - Partido de “Tuto” Quiroga, que fue derrotado en diciembre por Morales y fuera presidente interino del país en el año 2001/2002. Es el mayor partido burgués opositor.

2 - Partido del empresario del cemento Doria Medina, que proviene de un desprendimiento del MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionario, partido neoliberal que de izquierda no tiene nada).

3 - Se trata de lo que queda del viejo partido nacionalista burgués de Paz Estensoro, que fuera presidente del país luego de la revolución de 1952 y, nuevamente, en la segunda mitad de los años ’80, siendo responsable de la destrucción de la minería estatal.