El presidente “legítimo” asume casi clandestinamente

El cruce de caminos de la crisis mexicana

Por Isidoro Cruz Bernal

La sociedad mexicana se encuentra en una grave crisis. La parte visible de este enorme iceberg es su régimen político, pero reducirlo a eso sería un grave error. No se trata solamente del fraude en las elecciones del pasado 2 de julio, que repite toda una larga historia de fraudes durante el dominio del PRI, sino de una crisis de la configuración de todo el capitalismo dependiente mexicano (tanto en lo interno como en lo externo). El período de gobierno de Felipe Calderón se inicia, por lo tanto, con un panorama signado por el fin de la paciencia de amplias franjas de los explotados y oprimidos ante la agresión neoliberal burguesa, la fuerte deslegitimación del régimen, el desafío que para el imperialismo y sectores de las clases dominantes implica impulsar la privatización de las empresas estatales y el surgimiento de varios frentes de conflicto (la Comuna de Oaxaca, la movilización de los partidarios de López Obrador y las luchas obreras). Todo indica que el gobierno de Calderón no va a ser nada tranquilo.

Después de la revolución mexicana, que abarca desde 1910 hasta los inicios de los años 20, dominó el aparato de estado un solo partido: el PRI, Partido Revolucionario Institucional (llamado antes Partido Nacional Revolucionario y Partido de la Revolución Mexicana durante el gobierno de Lázaro Cárdenas en los años 30). Esta virtual fusión entre partido y régimen político tuvo como objetivo en ese tiempo garantizar la existencia de un poder centralizado que pusiese en orden al país, después de una revolución que había llevado casi al límite las tendencias a la disgregación expresadas en movimientos caudillistas que se ponían a la cabeza de los reclamos de los oprimidos (campesinos, indígenas u obreros), muchas veces divididos regionalmente. El régimen priísta también expresaba el interés de las clases dominantes por maniatar y quitar toda autonomía a las clases populares, al mismo tiempo que respetaba una serie de conquistas que fueron producto de las luchas revolucionarias de principios del siglo XX (reforma agraria, ciertos derechos para los trabajadores, etc.).

El régimen del PRI se caracterizó por esa dualidad: estableció una serie de importantes concesiones materiales que le permitían una importante base de masas, a la vez que manejó el poder de forma exclusivista, tanto en el aparato de estado como en los movimientos sociales (campesinos y obreros). Se trataba de una combinación de integración social y política con una feroz represión cuando esos mecanismos integrativos fallaban, y que excluían cualquier espacio para una disidencia organizada. Esta fue la esencia del régimen priísta.

El régimen al mismo tiempo reconoció varias fases. Algunas tendientes a la izquierda (el período de Lázaro Cárdenas es el mejor ejemplo) y otras claramente a la derecha (la posterior a la Segunda Guerra, cuando México acompaña el anticomunismo de EEUU). En lo económico, el régimen se caracterizó por un desarrollismo industrialista hasta mediados de los años 80. A partir de allí, el régimen se orientó cada vez más al neoliberalismo, con el hito de la firma del NAFTA (tratado de libre comercio con EEUU y Canadá) en 1994.

Es en ese tramo histórico que empieza a configurarse el origen de la crisis política y social que ha estallado en México. Por un lado, el régimen empezó a erosionar su propia base social popular, al atacar las conquistas sociales que fueron el subproducto de la revolución mexicana. Por otro lado, este elemento comenzó a hacer cada vez más insoportable la regimentación y el control que el PRI ejercía sobre la sociedad mexicana.

Desde 1988 hasta el 2000 se intentó mantener el régimen priísta al mismo tiempo que se implementaban las políticas neoliberales. Esto se expresó en el fraude de las elecciones presidenciales de 1988 contra C. Cárdenas, el asesinato de Luis Donaldo Colosio en 1994 y la salida elegante del PRI con la presidencia de Zedillo. A partir de la presidencia de Fox, en el 2000, se dieron dos situaciones: se canalizaron las aspiraciones democráticas hacia la derecha, aprovechando que se prefería que gobernara cualquiera menos el PRI, y se profundizaron las políticas neoliberales iniciadas con los últimos gobiernos priístas. El “libre comercio” impuesto por EEUU, que sólo beneficia a la gran burguesía mexicana integrada a la economía mundial y a sus apéndices de la clase media alta, bastante reducidos en México, arrasó con las economías campesinas, el salario de los trabajadores y las pequeñas y medianas industrias. Toda esta dirección económica y social de desigualdad, explotación y apertura económica al absurdo se ha profundizado en el sexenio de Fox.

No hagan olas

La llegada al gobierno de Felipe Calderón concentra, en forma exasperada, el cansancio y el hartazgo de las clases populares, que ven evaporarse sus expectativas de progreso, por mínimas que fueran, o de mantener su situación en la sociedad. A esto se suma la creciente conciencia del fraude electoral perpetrado por el régimen del PAN y el PRI en las últimas elecciones.

La situación en la que llega Calderón a la presidencia tuvo como consecuencia adelgazar de solemnidad y contenidos formales las ceremonias mediante las cuales la democracia burguesa oficia el traspaso de un gobierno a otro. Aunque México no es exactamente una democracia burguesa, la forma en que buscaba simularlo se adornaba con los oropeles de un supuesto respeto a la institucionalidad. Los presidentes no eran constitucionales hasta que éstos recibían los poderes en pleno Congreso de la Unión, ante los legisladores del gobierno electo como ante los de la oposición, como corresponde en un “país en serio”. Todo eso se hacía pausada y tranquilamente, con los clásicos modales políticos que emocionan a los cultores de la virtud republicana (siempre para defender al imperialismo y a la burguesía).

De más está decir que esas expectativas institucionales estuvieron muy lejos de verse cumplidas. El Congreso fue copado por una patota de parlamentarios del Partido de Acción Nacional (PAN), que tomaron a golpes y empujones, sin mucha voluntad de parlamentar y haciendo honor a la primera parte del nombre de su partido, toda la tribuna legislativa. En esa tarea fueron asistidos por 40 agentes del Estado mayor presidencial. También asistió, como adorno legal para esa acción de hecho, el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Los legisladores del PRD de López Obrador y sus aliados quedaron a más de 20 metros de Calderón.

Si bien, como sabemos, las ceremonias de asunción no duran horas, ésta fue realizada a la velocidad del rayo. Duró menos de cinco minutos. Además, Calderón y Fox aparecieron por una puerta secreta ubicada en el estrado del Congreso. Toda la asunción estuvo marcada por el siguiente rasgo: su desarrollo dependió de y fue garantizado por los resortes del aparato estatal que poseen un contenido de hecho, sin elementos deliberativos. A este respecto es ilustrativo mencionar que un día antes Calderón almorzó con los más altos oficiales de las FFAA. Es decir, un cambio de guardia institucional que puede hacer poco por esconder el garrote que le da sustento.

Este panorama deja a la vista que el gobierno de Calderón sube al poder con un peso político específico muy escaso. No tiene legitimidad para una gran parte de la población, sube en un momento en que amplias franjas de las clases populares pelean por sus derechos y tiene, como si lo anterior fuera poco, que avanzar en más y más contrarreformas neoliberales. El imperialismo y amplios sectores de las clases dominantes le adjudican la tarea de llevar adelante las “reformas pendientes” que abarcan la desregulación y privatización de los recursos energéticos, agua, tierra y la reforma fiscal. Es decir, el gobierno llega con poco y tiene que hacer mucho.

La consecuencia de esto es que va a tener que –usando un “concepto” afín a autonomistas y kirchneristas– “construir poder” todos los días. Asume el gobierno sin la usual luna de miel que disfrutan los gobiernos burgueses normales. Esto lo ha obligado a producir hechos desde antes de poder gobernar. Se ha rebajado el sueldo y el de sus ministros, en un intento de quitarle banderas democrático-reformistas a López Obrador. El otro perfil al que ha recurrido es a levantar las demandas de “mano dura” con Oaxaca y las luchas obreras y populares. En resumen, Calderón llega al poder con una mixtura de debilidad y de potencial uso del “estado de excepción” para enfrentar las diversas rebeliones existentes en el país, pero cuya resonancia atraviesa todo México. Su falta de legitimidad es un gran obstáculo para que pueda llegar a la meta. Pero también es un error subestimar la fuerza que el control del aparato estatal confiere a sus ocupantes. Si bien no es verdad que haya en México un momento de rebelión generalizada –más bien hay diferentes rebeliones de distinto grado de profundidad y contundencia– el período que se abre parece augurar de todo menos un tránsito tranquilo para la dominación burguesa.