La Corte Suprema anuló los indultos

Por José Luis Rojo

Finalmente, la Corte Suprema de Justicia acaba de declarar la anulación de los indultos. Como abordaje general se podría decir que todo lo que tiene de “alcance” esta decisión es y no puede dejar de ser un “reflejo” político de la vigencia de la lucha popular contra la impunidad de los genocidas. Desde este punto de vista, esta anulación, obviamente, no podrá menos que ser utilizada por los organismos independientes y la izquierda en el actual proceso de la lucha democrática, que en estos mismos momentos tiene un nuevo capítulo en el juicio a Von Wernich.

Al mismo tiempo, no se puede dejar de señalar los “límites” implícitos, de esta decisión. Por un lado, es evidente que la anulación de los indultos hace parte de la estrategia del gobierno K –en este momento bastante maltrecha– para relegitimar las instituciones de la “democracia”. Es decir, que la Corte Suprema aparezca desde arriba revirtiendo la decisión tomada hace más de una década por el gobierno de Carlos Menem, busca el efecto de “demostrar” la supuesta “capacidad” de la “justicia” de hacerse cargo del tema de la “impunidad” por los carriles institucionales, en los cuales, implícitamente, se llama a confiar a la población.

Pero al mismo tiempo, no se puede dejar de señalar, que la “justicia” llega –en muchos casos– demasiado tarde y de manera muy lenta. En un reciente reportaje en Página 12, el propio Eugenio Zaffaroni acaba de reconocer que lo que más conspira en la lucha contra la impunidad es el paso del tiempo. Señala que este “borra pruebas”, facilita el “olvido” de las circunstancias en las cuales se han cometido los crímenes, a lo que podríamos agregar que una condena que llega tarde la más de las veces pierde todo... contenido real[1]. Ejemplo de esto es el caso que bajo todo el gobierno K prácticamente la única condena que ha ocurrido es la del ex comisario Etchecolatz y no mucho más... Esto ocurre cuando es sabido que hay cientos y cientos de genocidas vivos y que siguen dando vueltas por allí.

En síntesis: en ningún caso hay que dejar de subrayar este carácter relegitimador de la política K en este terreno y el hecho de que –en su conjunto– se siga jugando con el paso del tiempo y sólo se busquen algunas condenas “ejemplificadoras”. Pero con igual o más fuerza, desde ya que medidas como esta anulación, deben ser consideradas –en todos sus alcances– como subproductos de la lucha popular y ser utilizadas desde abajo, desde los organismos independientes y la izquierda, en todo lo que pueda significar un progreso real en la lucha contra la impunidad.