Bolivia entre el pactismo y el oficio de brujos

Constituyente, autonomías, etnia y clase

Por Martín Camacho y José Luis Rojo

“La Constituyente puede inclusive no cambiar nada; lo fundamental es que los indígenas, históricamente excluidos, sean los que estampen con su firma la nueva Constitución” (Álvaro García Linera).

Estamos presentando  un análisis acerca de la marcha de la situación política en el país andino. El mismo está destinado –casi enteramente– a dar cuenta del proceso en curso en el seno de la Asamblea Constituyente en la medida que, esta instancia, está hoy en el centro de la vida política del país. Más allá que el gobierno acaba de pasar un acuerdo de 14 puntos con la derecha burguesa para que la misma llegue “a buen puerto”, simultáneamente no dejan de estar presentes determinado tipo de tensiones que una y otra vez ponen, sobre la mesa, los peligros que se ciernen sobre la unidad nacional del país.

Por último, pedimos disculpas porque hemos debido dividir este artículo en dos partes, las que se publicarán sucesivamente en esta y en la próxima edición de nuestro periódico. La versión completa ya puede ser consultada en www.socialismo-o-barbarie.org

El Congreso boliviano acaba de pasar un acuerdo entre el gobierno y la oposición (Podemos, MNR, UN, etc.) para postergar la Constituyente al 14 de diciembre. Con fecha de vencimiento el 6 de agosto, se tenía que pasar, sí o sí, este acuerdo con las oligarquías de la “Media Luna” para que el paquete constitucional pueda ser “encaminado”, so pena de una crisis política mayor. Es que a medida que se acercaba la fecha “tope”, se venían sumando tensiones y más tensiones. A la propuesta masista –en la comisión de “visión del país”– de que la nueva Constitución reconozca “45 autonomías originarias y 36 lenguas oficiales”... los departamentos del Oriente respondieron apoyando el reclamo chuquisaqueño de la “capitalidad plena” para la ciudad de Sucre (ciudad que es sede hoy solamente del Poder Judicial y del funcionamiento mismo de la Constituyente). Ante esta exigencia, las autoridades departamentales de La Paz (sin mayor distinción de banderías políticas[1]) redoblaron la apuesta, convocando a un masivo Cabildo Abierto en El Alto (un millón o más de asistentes[2]). Ni lerdas ni perezosas, las autoridades de Sucre hicieron lo propio, movilizando entre 200.000 y 300.000 personas en apoyo a sus reclamos, una cantidad nada despreciable dada la población de la ciudad.

Una postergación consensuada que no cierra la crisis

Es en este contexto, entonces, que en los primeros días del mes de agosto y luego de semanas y semanas de tironeos y amagues, se terminó pasando este nuevo acuerdo. Básicamente, el mismo establece el compromiso masista de aprobar por 2/3 cada artículo de la Constitución, tal cual el reclamo de las oligarquías y que constituye una vez más, otra concesión del gobierno a la derecha.

Además, se acordó que cada despacho por mayoría y minoría en artículos que no logren acuerdos, irá al Congreso… para que éste formule las preguntas referidas a ser sometidas a referéndum popular. También irá a referéndum la Constitución reformada como un todo.

Sin embargo, si se ha hecho nuevamente evidente la voluntad “pactista” del MAS y la reafirmación de garantías a las oligarquías de la Media Luna, esto no quiere decir que la crisis política abierta se haya cerrado; esta es (y seguirá siendo) crónica y recurrente.

Ahora mismo, representantes del propio MAS en la Constituyente, como Román Loayza, aparecen cuestionando la “intromisión” del Congreso. Está claro porqué: ¿acaso no había dicho Morales y Linera que la Constituyente sería “soberana” y “fundacional”?

En este contexto, de aquí a diciembre, lo que se puede esperar es que los tironeos y amagues continúen. En todo caso, la coyuntura se va a mover entre el “pactismo” y el “oficio de brujos”.

¿Qué queremos significar con esto último? En otros artículos de este mismo periódico estamos señalando la caracterización de que tanto el gobierno del MAS como las oligarquías del Oriente –al convocar a los recientes Cabildos– estuvieron jugando con fuego. Es decir, al haber convocando a movilizaciones desde arriba de tal magnitud (por objetivos que no son propios de estas mismas masas[3]; porque no se trató de acciones independientes), no se puede descartar que no se les termine yendo las cosas de las manos. Porque cuando se sacan cientos de miles a las calles con consignas contrapuestas como “la sede no se mueve, la sede NO se cede” (en La Paz) o “la sede SI se cede” (en el caso de Sucre) y se crispan y polarizan los sentimientos, las consecuencias pueden ir mas allá de los deseos y pactos de los convocantes.

Es por esta razón que vamos a intentar explicar qué problemas de fondo están en juego en estas peligrosas movidas de fichas que podría terminar resultando que más temprano que tarde las masas terminen entrando en la escena política como fue el caso de octubre 2003 y mayo-junio 2005. Cuestión que, obviamente, no es querida por ninguno de los dos contendientes que se baten en las alturas del poder en la búsqueda de un pacto constitucional que responda a sus intereses.

¿Cuestiones de mero “procedimiento”?

Desde la negociación para la convocatoria misma a la Constituyente, ésta estuvo cruzada por cuestiones de “procedimiento”. Hay que recordar el sinnúmero de problemas que estuvieron y siguen estando en discusión, evidenciando la voluntad del gobierno masista de llegar a algún tipo de “pacto” constitucional con los cruceños, que sin embargo no les inhabilite para imponer algunas tibias reformas vía la Constituyente que satisfagan las expectativas de su propia base social. La contradicción es que, al mismo tiempo,  la vocación de esta misma oligarquía es la de imponer límites estrictos a los alcances de la Constituyente misma.

Empezando porque el 6 de julio del 2006 no sólo se votaron los constituyentes sino que, al mismo tiempo, se llevó a cabo el plebiscito por las autonomías departamentales, donde si bien el NO ganó nacionalmente... no casualmente el SI ganó en Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando exigiendo estos departamentos, a partir de esa fecha, su efectivización[4]. Pero si se estaba convocando -en el mismo momento- a la elección de los constituyentes: ¿no debería una auténtica “constituyente” como poder soberano (como “fundacional” la vendía el gobierno...) supuestamente colocada por encima de todos los demás, resolver también acerca de esta cuestión? Está claro que, en estas condiciones, la Constituyente nació ya, desde el vamos, condicionada y pactada y de ninguna manera “originaria” o “fundacional” como ha pretendido venderla –sólo de modo propagandístico– el MAS.

No se trató de la única limitación. La segunda fue el pacto que pasaron Morales y Linera con Podemos, UN, MNR, MIR y demás partidos de la derecha[5], acerca de la famosa “cláusula cerrojo” de los 2/3. Es decir, que nada importante podría ser votado en la Constituyente que no pasara por una votación del 66% de los constituyentes electos. Y la doble garantía dada a las oligarquías vino del hecho que se instrumentó un complejo sistema de votación (uninominales y departamentales) por la cual incluso obteniendo el MAS una abrumadora mayoría de los votos, quedaba garantizada una representación de tipo digamos “federativa” por las cuales las minorías se alzaban sí o sí con una representación de al menos el 38% de los votos[6].

Claro está que el mecanismo pactado y aceptado de esta cláusula cerrojo cuando pretendió ser “desconocido” –y se sigue dando vueltas alrededor del mismo– por el propio gobierno, desató esa serie larga de semanas y meses en la cual la Constituyente estuvo en un punto muerto por la discusión, precisamente, del artículo 70 del reglamento de funcionamiento de la misma, entregándoles, de paso, una falsa bandera “democrática” a las oligarquías.

¿Qué es lo que hay verdaderamente detrás de esta interminable querella de procedimientos que se renueva a cada paso? Debería estar ya –a estas alturas– muy claro: el MAS eligió la vía “pactada” para avanzar con la misma capitulando en el carácter “soberano” y “fundacional” de la misma, dándole garantías, y garantías suplementarias, a las oligarquías de que nada sería tocado –en lo fundamental– en lo que hace a las bases estructurales del Estado boliviano.

Pero sin embargo, también está el hecho de que Morales y Linera arrastran la contradicción real ya señalada de que algunas reformas vía la Constituyente necesitan sí o sí consagrar. Y, al mismo tiempo, desde la derecha, no se hace más que meter presión para que estas garantías sean respetadas, temerosas de cualquier cambio que se pretenda introducir y buscando incluso –en todo lo posible– inclinar más y más la vara para que el reordenamiento del país que salga finalmente de la misma sea lo menos desfavorable para sus intereses.

Dos proyectos en pugna

En suma: detrás de la cuestiones de procedimiento, lo que hay es una discusión de fondo acerca de “modelos” de país. Que quede claro desde el vamos: ni el gobierno de Morales y Linera, ni claro está la derecha, cuestionan las bases estructurales que hacen de Bolivia un país capitalista y dependiente. No es esto realmente lo que está en juego entre ellos. Pero sin embargo, sí es verdad que ambos sectores que están en pugna –en ultima instancia, defensores del capitalismo–, sí rivalizan a la hora de dos proyectos diversos de país.

En el caso del MAS y sobre la base de una orientación que intenta recomponer la gobernabilidad del país, lo que se está adelantando, es un proyecto tibiamente reformista que como alfa y omega de todo tiene el recolocar al Estado en un lugar preponderante en la vida política y económica del país.

Sin llegar a ser un modelo verdaderamente capitalista de Estado, ni haber tocado bases fundantes del modelo neoliberal (no olvidar que sigue vigente –en lo esencial– la 21.060) tiene elementos para ese lado. Varias veces ha repetido García Linera sus planteos acerca que: “nuestras fuerzas se encaminan a la puesta en marcha de un nuevo modelo económico que he denominado, provisoriamente, ‘capitalismo andino-amazónico’. Es decir, la construcción de un Estado fuerte que regule la expansión de la economía industrial, extraiga sus excedentes y los transfiera al ámbito comunitario (...). Para ello contamos con el Estado y con el excedente de los hidrocarburos nacionalizados”[7].

Elementos capitalistas de Estado que suponen, entre otras cosas, un cierto replanteo de las relaciones de expoliación del país por parte de las potencias imperialistas y “subimperialistas” (caso, sobre todo, de Brasil) en la búsqueda que una parte mayor de la renta petrolera y gasífera quede en manos del Estado para que éste pueda garantizar la gobernabilidad del país. Y junto con esto, Morales y Linera pretenden dar satisfacción –sobre todo– a las reivindicaciones democráticas originarias de la abrumadora mayoría de la población harta ya del dominio oligárquico-opresor histórico[8].

Por su parte, si los grandes grupos capitalistas de la minería y del entorno del altiplano (la “vieja” oligarquía, la reciclada después del ‘52) quedaron como a la defensiva después del octubre del 2003, la posta reaccionaria fue tomada desde el Oriente. Oriente que no casualmente es sede de las reservas gasíferas e hidrocarburíferas, así como de una pujante producción agrícola, ganadera y agroindustrial, lo que ha dado lugar a la emergencia de una “nueva oligarquía”, una “nueva rosca” capitalista.

García Linera la describe así: “el otro polo ordenador del campo político, el sector que posee una clara imagen de lo que debería ser el país en términos de vinculación a los mercados externos, del papel de la inversión extranjera, de subordinación del Estado a los negocios privados y de preservación, o restauración, del viejo orden que los ha encumbrado (...), es el empresariado agro-exportador, financiero y de las petroleras, que poseen el papel más dinámico, modernizador y ascendente de la actividad económica nacional”[9].

Estos sectores reaccionarios tienen la particularidad que han venido logrando arrastrar a amplios sectores de masas en la convicción de que los problemas de sus departamentos supuestamente dependerían del... excesivo “centralismo” de La Paz. Es decir, han logrado erigir un taparrabos regionalista como forma de asegurar sus intereses (en el fondo, lo que buscan, es asegurarse las “ganancias” de 20 años de neoliberalismo brutal y de despojo de las masas) frente al vendaval que se abrió como subproducto de la rebelión popular. Una reaccionaria hegemonía regionalista, que si no logra hacerse valer nacionalmente, sí es ampliamente hegemónica en la Media Luna y podría abrir realmente la vía de la ruptura de la unidad nacional del país si es que se exasperan aun más las contradicciones.

Una crisis de Estado

Pero lo anterior nos lleva a profundizar en el diagnóstico de la crisis del país. Está claro que se trata de una crisis muy compleja que combina –en sus bases materiales– la catástrofe de la expoliación redoblada en los últimos 20 años por la imposición del capitalismo neoliberal, con una crisis del régimen político que sirvió de marco a la 21.060 y todos los brutales ataques antiobreros y antipopulares que vinieron junto y después de ella.

Pero sobre esta base, hay un elemento más: bajo la presión de la emergencia de las masas en las calles y del surgimiento del Oriente como polo económicamente dinámico y políticamente conservador, lo que se terminó abriendo es una verdadera crisis de Estado. Es decir, una crisis donde lo que termina estando en cuestión es la misma unidad nacional del país. Claro está que esto no ocurre en cualquier circunstancia, en estados “exitosos” o que pasan por situaciones de estabilidad.

Ilustrando esta idea, Linera señala que “no se debe olvidar que las construcciones nacionales modernas, como hechos de unificación cultural y política, se levantan sobre procesos exitosos de retención y redistribución del excedente industrial-mercantil; de ahí que las propuestas de autonomía departamental de los Comités Cívicos, cíclicamente reivindicada cada vez que hay una renta hidrocarburífera a disponer, o de autogobierno indígena, con la que distintos grupos sociales regionales cuestionan la configuración del bloque de poder estatal y el ordenamiento institucional; develan a su modo las fallas de un orden económico de larga data”[10].

Pero precisamente, cuando lo que se vive es una crisis de la magnitud de la que está latente en el país –aunque hoy esté mediatizada por el gobierno del MAS– lo que emerge son las tensiones de los sectores que buscan “salvarse” de alguna manera o poner a “resguardo” sus intereses económico-sociales. De ahí las reaccionarias campañas cruceñas respecto que en el altiplano, sus poblaciones serían “vagas”, que no les gustaría “trabajar”, etc. En el fondo, lo que buscan, es una manera de ponerse a resguardo de la emergencia de rebelión popular que ha tenido epicentro en el centro político del país y porque desconfían de la receta masista para lograr aplacar los ánimos.

Es decir, la crisis ha llevado a una “disociación entre el poderío económico en ‘Oriente’, y poderío político de los movimientos sociales en ‘Occidente’ y, con ello, a una apertura de las tijeras de la estabilidad pues los componentes del poder se hallan repartidos en dos zonas distintas, en dos regiones distintas, sin posibilidad inmediata de que una logre desplazar o derrotar a la otra de la posición que ocupa. El poder económico ascendente, pese a sus problemas, se ha desplazado de Occidente a Oriente, pero el poder sociopolítico de movilización, se ha reforzado en Occidente, dando lugar a una nueva incertidumbre geográfica del poder estatal en los siguientes años”[11].

Es decir, la verdadera crisis de Estado que se ha terminado configurando en Bolivia, es el subproducto de dos elementos: uno más “estructural”, que da cuenta de la señalada “incertidumbre geográfica del poder”. Y otro más “político”, que tiene que ver con la emergencia de los movimientos sociales en el eje de El Alto, La Paz y Oruro. Lo que no está claro es si esta “incertidumbre geográfica del poder” que configura una crisis de Estado a su vez montada sobre el ciclo de rebelión popular y sus dramáticas contradicciones económico-sociales, podrán ser resueltas de manera “pactada” o detonarán la emergencia de elementos de guerra civil...