20/12, a diez días de la asunción de Cristina K

A Plaza de Mayo contra el Pacto Social

La fanfarria que rodeó a la ceremonia de asunción de Cristina Fernández de Kirchner no impidió ver algunos de los rasgos que la nueva presidenta busca imprimirle a su gobierno.

Por lo pronto, se empezó a notar el afán de Cristina por subir el perfil en el plano internacional. El gobierno de Néstor Kirchner tuvo bastante exposición internacional, pero en cierto modo obligada por la situación de la Argentina y de la región, y a contramano de los deseos de Néstor Kirchner, poco afecto a la política internacional. En cambio, Cristina ya antes de asumir emitió fuertes señales de que sus intenciones de “normalización” empiezan por las relaciones con el resto del mundo, y en particular con los poderosos.

Guiños para los organismos financieros...

La ostentosa firma del acta del Banco del Sur no alegra ni preocupa seriamente a nadie. Contra los entusiasmos fáciles de los que compran cualquier buzón pintado de rosado (no digamos de rojo), lejos de ser un “FMI regional” como propuso Chávez, será una especie de Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de los gobiernos de “centroizquierda” donde cada crédito quedará sujeto al riguroso control político de los socios más grandes, en particular Brasil.

Más atención habría que prestarle al intento de mediar en la negociación en Colombia entre el presidente Uribe y las FARC, a pedido del presidente francés Sarkozy. Ese tipo de gestos, como el acoso jurídico-diplomático a Irán, son los que le valdrán a Cristina el beneplácito de Estados Unidos.

A esto se agrega el plan de mejorar la relación con los mercados financieros internacionales –tema clave para garantizar la salud de las cuentas fiscales y el servicio de deuda–, lo que incluye las conversaciones entre Cristina y el titular del FMI, Strauss Kahn; los repetidos anuncios de una voluntad de acuerdo con el Club de París y las señales de que está en carpeta una oferta a los bonistas que quedaron fuera del canje, los hold-outs. Esta “normalización” tiene beneficios (como volver a emitir deuda con jurisdicción de los tribunales de Nueva York, que paga menos interés) pero también sus costos para la caja pública.

Además, el discurso de asunción de Cristina dejó tela para cortar. Por ejemplo, el anuncio de la voluntad de “terminar los juicios” a los represores y llegar a la “reconciliación definitiva” de las Fuerzas Armadas con la sociedad. Los “progres” quieren interpretar esto como continuidad de la política de derechos humanos, pero no leen lo elemental: Cristina quiere darle un corte a la situación de zozobra jurídica permanente que viven las Fuerzas Armadas, porque tarde o temprano quiere saber que puede recurrir a ellas con las “heridas cerradas”.

... y ataques a los trabajadores

También fue escandalosa la embestida contra los docentes por “no cumplir con los días de clase”, que se ganó merecidas réplicas desde sectores combativos del gremio… y el aplauso alcahuete de Yasky y Estela Maldonado ¡Los Kirchner fueron grandes defensores de la Ley Federal de Educación, que dejó el sistema educativo nacional en la ruina y la segmentación que es hoy! ¡Parece que es una muestra del “nuevo estilo” Cristina K: “¡la culpa de todo la tienen los trabajadores!”

Por otra parte, por más que prometió no ser garante de las ganancias empresarias, ésa fue sólo la contrapartida formal del verdadero mensaje: que no va a ser rehén de “internas sindicales”. El destinatario directo fue Moyano, que ni apareció en la asunción, que no llevó gente a la Plaza y que enseguida respondió amenazando con ponerse “en la vereda de enfrente”. Difícil que el chancho chifle… pero es cierto que hay un tironeo real entre el “nuevo” gobierno y ese sector de la burocracia sindical, que para Cristina es demasiado poco fiable.

Más todavía ahora que las “malas noticias” ya empezaron, incluso antes del 10 de diciembre. Es cierto que hay un microambiente “de gracia” para la administración Kirchner –las encuestas le dan un 75% de imagen positiva–, pero a no engañarse, porque, como venimos señalando en estas páginas, la flamante gestión no gozará de carta blanca, ni siquiera durante los famosos “primeros 100 días”.

El tarifazo del transporte por no anunciado no es menos impactante: un 20% promedio. Sin contar los otros tarifazos en luz, gas y el impuesto municipal –éste último, lejos de limitarse a la Capital, va a ser incluso más brutal en muchos distritos del Gran Buenos Aires–, sólo por el transporte se calcula que la inflación de enero tendrá un piso de aumento del 0,8%. O lo tendría si se supiera cómo va a medir el INDEK el costo de vida. Para colmo, los trabajadores afiliados a las AFJP aportarán también a partir de enero un 4% más, lo que implica una caída nominal del salario de bolsillo.

Por ahora, todo esto genera murmullos, comentarios y quejas en voz baja, pero no resistencia masiva. Los medios colaboran con una campaña cuyo contenido es “por fin se sinceran las tarifas, qué gobierno coherente y responsable”. En todo caso, cuando la inflación real se haga sentir y corra por abajo el reclamo de aumento salarial, veremos si el panorama sigue tan relativamente calmo como hasta ahora. Por lo pronto, el temor a que el tan cacareado “Pacto Social” traiga más ruido que nueces ya está haciendo hablar de bajar las pretensiones y pensar en un acuerdo menos ambicioso que el que se esperaba originalmente.

La lucha del Casino y el acto del 20 de diciembre

En el marco de una coyuntura en la que, aunque sin cheques en blanco ni mucha expectativa, predomina en el movimiento de masas un sentimiento de “compás de espera” hasta ver “qué hace Cristina”, se ha venido dando una sucesión de despidos. Algunos de ellos son de origen “económico” y están claramente vinculados al fin de la doble  indemnización. Se trata del regreso de una herramienta que en los últimos años la patronal había tenido “en suspenso”. Ahora, la intención de Cristina es devolver a los empresarios el pleno ejercicio del “derecho” de despedir. Sea por razones “económicas” o claramente políticas, como el caso del Casino de Buenos Aires, regenteado por una patronal con fuertes vínculos con el gobierno de Kirchner.

La lucha de estos jóvenes aguerridos contra los despidos y por condiciones dignas de trabajo es ejemplar. Se vienen bancando patoteadas, represión en regla de la Prefectura, el ninguneo del Ministerio de Trabajo hasta el día de la represión, los despidos de la patronal y la vigilanteada increíble de los “dirigentes” de los “sindicatos” (ALEARA y SOMU), que han pasado de manera pública a defender explícitamente a la patronal, justificando los despidos, la represión y hasta la cárcel para los compañeros. El análisis particular de esta pelea se hace en nota aparte, junto con la crónica contada por sus propios protagonistas.

En ese sentido, el acto del próximo 20 de diciembre en Plaza de Mayo, que por sexto año consecutivo agrupará a las fuerzas de la izquierda revolucionaria y los sectores combativos de la clase trabajadora y la juventud recordando el Argentinazo, debe tomar como una de sus primeras banderas la defensa de los compañeros del Casino y de todos los sectores de la clase trabajadora que están en lucha, ya sea contra los despidos, por salarios o por condiciones de trabajo.

Al mismo tiempo, a 10 días de la asunción de Cristina, es una tarea de primer orden denunciar el pérfido Pacto Social que gobierno, burocracia sindical y empresarios pretenderán imponerle al conjunto de la clase trabajadora, con el objeto de garantizar las condiciones de mayor explotación, al tiempo que se busca atar de pies y manos a los trabajadores con las cláusulas de “paz social”.

Y en el plano más estratégico, este 20 de diciembre, podría ser una oportunidad para dar pasos en el sentido de poner en pie un Movimiento Político de los Trabajadores. Porque la lucha contra el acuerdo Cristina-burocracia sindical-empresarios enfrenta un enemigo que tiene un proyecto político, y es una imperiosa necesidad que desde el lado de los trabajadores se le plante otro que sea propio, independiente y sin vínculos ni compromisos con ningún sector patronal, de la burocracia sindical o del gobierno.