Bolivia entre choques, rupturas y nuevos pactos

Al borde de la partición

Por José Luis Rojo

“Arde, Chola Arde” (consigna cantada por manifestantes reaccionarios en Sucre, contra la presidenta de la Constituyente, la masista y originaria Silvia Lazarte).

En el último mes, Bolivia ha vuelto al centro de la coyuntura regional. En realidad, nunca se había ido. Pero el salto en la crisis del país andino ha sido de tal magnitud y profundidad que ha encendido las más variadas señales de alarma. Si en estos días la situación aparece algo más “tranquila” –a partir de la “tregua” pedida por Morales para las fiestas y el llamado diálogo “sin condiciones y a agenda abierta”–, esto no debería confundir sobre de la inusitada gravedad de los acontecimientos recientes. La quema de la vivienda de un constituyente del MAS en Santa Cruz el pasado sábado 22 y, sobre todo, la bomba colocada en el edificio centra de la COB en La Paz anteayer lunes 24, son elocuentes de que la crisis sigue ahí, al acecho. Más aún: la misma podría tener una “vuelta de tuerca” con el despuntar del nuevo año produciendo –en ese caso– un vuelco dramático en toda la situación latinoamericana.

Salto en la crisis del Estado-nación

“En Bolivia hay dos gobiernos. Uno, el legal del presidente Evo Morales, tiene masivo apoyo campesino y el control del altiplano (La Paz, Oruro y Potosí). El ejército y la policía responden aún a su mando. Los sindicatos y las clases medias lo apoyan, aunque sin mucho entusiasmo. En los valles y llaneras del oriente y sur del país, pesa más, en cambio, la oligarquía latifundista y la burguesía financiera-comercial, que cuenta con la adhesión militante de las clases medidas y la sumisión de los sindicatos y organizaciones civiles y populares. Ellos conspiran y quieren escindir al ejército para derrocar al «indio presidente». Bolivia está partida en dos. En seis de las 10 más grandes ciudades bolivianas gobierna de facto la oligarquía. Allí nadie respeta a Evo y emerge con fuerza el racismo, el separatismo y las bandas fascistas. Allí, la izquierda indigenista, no tiene discurso ni consignas y esta arrinconada y perseguida”[1].

En las últimas semanas, efectivamente, Bolivia quedó –en los hechos– al borde de la partición nacional. Sin que se pueda hablar ya –de manera literal– acerca de la existencia de “dos gobiernos” o de que el país esté ya, realmente, “partido en dos”, es un hecho que se ha quedado muy cerca de ese escenario; lo más cerca que se puede concebir en toda su historia nacional.

Es que dos ordenamientos “legales” contradictorios han quedado superpuestos. Por un lado, la Asamblea Constituyente terminó días atrás (7 y 8 de diciembre) aprobando “en particular” el proyecto de nueva Constitución Política del Estado (en lo sucesivo, CPE) para ser llevada a Referéndum. Por el otro, un organismo por fuera del ordenamiento constitucional (tanto de la nueva como de la vieja CPE), la autodenominada “Asamblea Provisional Autonómica de Santa Cruz”, terminó aprobado –el pasado sábado 15/12– un proyecto de “Estatuto Autonómico”, el cual también sería llevado a Referéndum regional. Sí es un hecho que –en estos momentos– rige una “tregua” convocada por el gobierno de Evo Morales para “pasar las fiestas en paz”, está claro que con el comienzo del 2008 inevitablemente se volverá adonde habían quedado las cosas solo días atrás. Es decir, a la eventualidad de que se abra un período de durísimo forcejeo-negociación-pacto alrededor de toda la serie de Referéndum cruzados anunciados... o el retorno de los “tambores de guerra” que preanuncien un salto aún más agudo de la crisis.

Marco normativo contrapuesto

Pero profundicemos en la interpretación de los hechos de las últimas semanas. Porque el rumbo de colisión que ha venido “in crescendo” (hasta cierto punto, incluso independientemente de la voluntad de algunos de los actores principales de este drama), está inscripto en el hecho de que el marco normativo enarbolado por el gobierno masista y la oposición oligárquica (CPE y Estatuto Autonómico) son altamente contradictorios.

A decir verdad, ninguno de los dos cuestiona el carácter capitalista del país y la “intangibilidad” de la propiedad privada[2]. Pero sí hay una durísima disputa alrededor de las atribuciones de los poderes nacional y regional y del reparto de la renta hidrocarburífera, minera y agraria.

Veamos, el proyecto de CPE define a los recursos naturales como de “competencia exclusiva del Estado nacional”; el Estatuto autonómico atribuye amplios poderes en esa materia “al gobierno prefectural”; en materia de tierras, se da lo propio, habiendo una disputa de soberanía sobre el ordenamiento de las mismas; en lo que hace al poder de policía, el proyecto autonómico reconoce el carácter centralizado nacional de las fuerzas armadas… pero plantea la “creación de una policía regional”, cosa que el gobierno del MAS rechaza taxativamente; muy ilustrativo es también en lo que hace al reparto de las regalías: porque en abierta contradicción con el proyecto de CPE, el Estatuto Autonómico pretende que sean las prefecturas las que recauden las regalías y… luego las giren al Estado nacional. Como si esto fuera poco, el Estatuto Autonómico pretende crear una “ciudadanía prefectural” como forma de imponer un reaccionario “control migratorio interno”.

El hecho es, entonces, que una cantidad enorme de atribuciones habitualmente propias de un Estado nacional... quedarían en manos de las Prefecturas cuestionándose -en los hechos- la autoridad misma del Estado central. El gran interrogante es entonces ¿cómo se hará para compatibilizar marcos normativos tan contrapuestos?

Porque con ambos proyectos normativos, lo que emerge, es una formalización de lo que desde estas páginas hemos venido definiendo como “una crisis de Estado”. Es decir, el hecho que la inusitada gravedad de la crisis del país, lo que ha terminado por poner en cuestión, no es una mera una crisis a nivel del régimen político, sino –lisa y llanamente– la misma unidad nacional del país.

Es precisamente en el sentido anterior, que la nueva CPE y el Estatuto autonómico, no ha hecho más que agravar las cosas más allá de que –al mismo tiempo– no se puede descartar que una vez más se intente –y eventualmente se logre por una serie de consideraciones nacionales, regionales e internacionales– llegar a algún tipo de pacto en vista de la –reiteramos– gravedad inusitada que podría significar que el país se deslice, efectivamente y no sólo verborrágicamente, a la circunstancia de una guerra civil.

Una eventualidad que produciría tal vuelco en la situación política latinoamericana, que no creemos que sea concientemente querida hoy por hoy por ninguno de los gobiernos de la región (ni siquiera por el imperialismo yanqui) pero a la que, igualmente, se podría arribar por el expediente de una mecánica de “golpes y contragolpes” como subproducto del conjunto total de determinaciones de la situación.

Referéndum cruzados y la eventualidad de nuevos pactos

En medio de toda la situación que venimos describiendo, el pasado domingo 15/12 –en oportunidad de sus reuniones con Lula y Bachelet– Evo Morales pedía una “tregua navideña” y anunciaba que había “llegado la hora del diálogo” convocando a una amplia discusión a “agenda abierta” de todos los problemas junto con la oposición.

Estas declaraciones habían sido precedidas por la convocatoria a toda una serie de referéndum tanto desde el gobierno central como desde los departamentos. Desde La Paz, se anunció la convocatoria a un “referéndum revocatorio” tanto de Morales como de todos los Prefectos, referéndum que en principio podría ser aceptado por estos. Lo mismo que ha sido convocado –sin fecha cierta todavía– un “referéndum dirimidor” para precisar los alcances de una propiedad agrícola para ser considerada “latifundio”. Al tiempo, en un tercer referéndum, el “Constitucional” se debe para aprobar la nueva CPE. Por su parte, desde Santa Cruz, pero también Tarija, Beni, Pando y –eventualmente– Cochabamba y Chuquisaca, se anuncian sendos referéndum para la ratificación o no de estatutos autonómicos a imagen y semejanza del cruceño.

Es decir, eventualmente se viene un “festival” de referéndum que tienen básicamente dos objetivos. Desde el punto de vista del gobierno de Morales, llevar toda la crisis al terreno donde se siente más fuerte: el electoral.

Es decir, evitar la eventualidad de que la pugna con la derecha abra el camino a la irrupción independiente de las masas desde abajo que lo desborde; masas que han sido mayormente sacadas de escena desde las jornadas de mayo-junio del 2005.

Al mismo tiempo, este mismo mecanismo de los referéndum podría ser –aunque esto no es mecánico– el escenario de una negociación para buscar la vía de “compatibilizar” los distintos marcos normativos de manera tal de evitar que “la sangre llegue al río” y se parta el país.

Sin embargo, el escenario no se presenta fácil al gobierno del MAS. Por un lado, porque los cruceños pueden hacer valer –bastante fácilmente– su propia legitimidad en los departamentos de la Media Luna. Departamentos donde actualmente los reclamos autonómicos son sustentados por sectores de masas.

Pero a la vez, la derecha y los cívicos saben que lo que no les conviene es el escenario de los referéndum nacionales donde el MAS impone su mayoría. Al mismo tiempo, no hay acuerdo acerca de cuantos votos tendría que sacar Evo para no ser revocado[3].

En estas condiciones, acerca del éxito de esta movida masista, todavía es muy difícil para hacer claras previsiones salvo señalar que en la medida que se dejó ir las cosas demasiado lejos, cualquier escenario de concertación se va a encontrar con dificultades de gran magnitud; lo que igualmente no puede descartarse ante el “vértigo” que puede dar a todos los contendientes profundizar la confrontación.

Una oposición “venezolanizada”

“Paradójicamente, de tanto obsesionarse con Venezuela, la derecha se «venezolanizó» más que el propio gobierno y tomó como propia una estrategia que en el país caribeño fracasó en toda la línea: el repliegue y la desestabilización. Así, al igual que la derecha venezolana, cuya abstención dejó el 100% del parlamento en manos del chavismo, nuestra derecha se retiró de la Constituyente y estos días del parlamento, a la hora de votar la renta Dignidad. Y, al igual que los antichavistas hasta el golpe del 2002, algunos sueñan con echar anticipadamente del poder a Morales. Los grupos más radicales de la oposición harían bien en leer con calma lo ocurrido en Venezuela: el respeto a las reglas democráticas de más réditos que el golpismo ciego”[4].

Más allá del hecho que el autor no señala que si la oposición oligárquica se ha venido fortaleciendo en Bolivia no ha sido más que por la propia política de concesiones permanentes del gobierno de Morales, hay algo de lo que dice que parece agudo: efectivamente, es verdad que la oposición de derecha en Bolivia (por lo menos, importantes sectores de la misma) aparece –de alguna manera– “venezolanizada” (2002). Es decir, avanzando por vías de hecho de las cuales puede no haber claro retorno.

Porque no todos los días se puede decir que la constitución política del Estado “vale menos que papel higiénico usado”! Y si una característica de la idiosincrasia política del país es una verborrea que excede con mucho los verdaderos hechos, el actual marco normativo “dual” que ha emergido de la crisis, no aparece tan fácil de compatibilizar.

Bolivia es un país “acostumbrado” al desarrollo de graves y dramáticas crisis políticas. Pero esto no quiere decir que palabras como las pronunciadas por Quiroga no dejen de tener importancia: son algo menos –pero no mucho– que una cuasi abierta invitación a la secesión del país; aunque insistimos, una y mil veces, que no necesariamente esto sea lo que vaya a ocurrir.

Pero a lo anterior se le debe sumar un componente “particular” y/o específicamente “boliviano”: el racismo de la oposición. Es decir, el hecho que en la búsqueda de hacerse de una base social de masas, se ha venido atizando cada vez más elementos de un “revanchismo social” que le da una connotación aún más dramática y aguda a toda la situación.

Ya en otros materiales hemos señalado que el Estado boliviano no es solo un típico estado capitalista semicolonial: a la vez, es uno de efectiva opresión nacional sobre la población originaria. Porque etnia y clase aparecen superpuestos a la hora de la explotación y opresión de las grandes mayorías. Y sí está claro que el gobierno reformista del MAS no podrá resolver este problema solo por el expediente de declarar el carácter “multiétnico” en la CPE, la oligarquía del Oriente lo que busca es remachar con mil clavos no solo las relaciones de explotación capitalista y semicolonización, sino también las de opresión nacional sobre la mayoría originaria del país.

¿Cómo derrotar a la oligarquía?

El mismo hecho que se haya dejado emerger una oposición a lo “venezolana” ilustra los límites y fantasías de la “vía pactada” que siempre pregonó García Linera y que ha sido la política oficial del gobierno del MAS.

La realidad es que si bien el gobierno de Morales conserva un amplio apoyo popular –sobre todo, originario y campesino– en el Altiplano, el avance de la ultrareccionaria oligarquía del Oriente, ha sido de enorme importancia.

Es que de una situación de derrota prácticamente “total” (cuando en octubre del 2003 las masas en las calles echaron a González Sánchez de Losada), actualmente la derecha controla no solo la prefectura de los cuatro departamentos de la Media Luna (Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando) sino que hasta Manfred Reyes Villa (al que el MAS le perdonó la vida en enero pasado) se da el lujo de lanzar un proyecto de referéndum autonómico en Cochabamba, al tiempo que el ex prefecto masista de Chuquisaca... se ha dado a la fuga pidiendo “asilo político” en el Perú.

Es decir, desde el punto de vista estrictamente geográfico-regional-territorial (no así numéricamente sobre la población total), es como que el gobierno del MAS hubiera quedado en minoría.

¿Cómo ha podido ocurrir esto? Ha ocurrido como subproducto de la reformista política de concesión tras concesión a la oligarquía. Desde las famosas cláusulas “cerrojo” en la Constituyente (que la empantanaron a lo largo de meses y meses), hasta una “nacionalización” del gas que no ha pasado de ser una seudo nacionalización; o el ejemplo de una “revolución agraria” que no pasa de ser una bravuconada que no toca más que algunas tierras fiscales. O el llamado ahora –nuevamente y después de la gravedad de los hechos desatados– a una “tregua y negociación a agenda abierta”... al tiempo que se llama a confiar en que “las fuerzas armadas garantizarán la unidad del país”.

El camino para derrotar a la derecha solo puede ser el opuesto: de ninguna manera seguir con más “treguas” y negociaciones a “agenda abierta” y, menos que menos, la confianza en las Fuerzas Armadas capitalistas; Fuerzas Armadas que no solo hicieron un baño de sangre en octubre del 2003 (cobrándose casi 100 muertos), sino que es la misma institución de dictadores como René Barrientos, Hugo Banzer Suárez, García Mesa y tantos otros asesinos.

No señor: la derrota de la derecha oligárquica y de la burguesía y el imperialismo, solo puede pasar por la más amplia movilización de las masas. Y esto solo puede llevarse a cabo enarbolando un programa consecuente de verdaderas transformaciones sociales; programa que el gobierno masista de ninguna manera está dispuesto a llevar a cabo y que es el único que podría arrancarle a la oligarquía del oriente amplios sectores de masas que tienen sometidos bajo el discurso “regionalista”.

Esto pasa por acabar radicalmente con el latifundio; imponer la expropiación bajo control de los trabajadores de todas las multinacionales de los hidrocarburos; lo mismo que la nacionalización de toda la industria extractiva (incluida la llamada “minería media”); esto, entre otras medidas radicales, como acabar de una vez por todas con el privatizador decreto 21.060.

Esto mismo es lo que están planteando correctamente algunos organismos obreros como la COD de Oruro, que le exige al gobierno que “movilice a las amplias masas y que no de más desmoralizantes treguas a los crueños”.

Junto con lo anterior, y ante agrupaciones semifascistas como la Unión Juvenil Cruceñista, también está al orden del día la puesta en pie de organismos de autodefensa de los trabajadores de la ciudad y el campo, organismos que le den lecciones y escarmienten a esas agrupaciones dedicadas a amedrentar campesinos y trabajadores en los departamentos del Oriente. La bomba recientemente colocada en la sede central de la COB ilustra acerca de la perentoria necesidad de la autodefensa obrera.

Golpear juntos, marchar separados

Para todo lo anterior, la COB debe dejar de andar a la rastra del gobierno de Morales. Como está dicho, hay que “golpear juntos pero marchar separados”. Las organizaciones de los trabajadores deben afirmar su completa independencia política del gobierno reformista desarrollando un camino independiente de los dos “campos” patronales en que se está dividiendo el país.

Porque para derrotar y aplastar a la reacción oligárquica y burguesa no valen los caminos “democratistas” y “electoraleros” del gobierno del MAS. Solo vale la lucha obrera consecuente y la puesta en pie de una auténtica Asamblea Originaria, Obrera y Popular como la que se esbozó en oportunidad de las jornadas de mayo-junio del 2005 y no llegó a concretarse.

Porque en definitiva, el camino solo puede ser el de una Bolivia socialista, obrera, originaria, campesina y popular. Y esto solo podrá venir de la mano de la heroica clase obrera del país.