La nueva CPE y el Estatuto Autonómico cruceño

Legalidades contrapuestas

Por José Luis Rojo

“Éstos que se hicieron ricos con el dinero de los pobres no tienen razones para atacar una CPE que hoy da posibilidad que los pobres, un día no muy lejano, sean ricos por la vía constitucional” (declaraciones del ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana).

Conviene detenernos para analizar más en profundidad los aspectos sustanciales de los marcos normativos contrapuestos que se han terminado originado en la Asamblea Constituyente y en la autodenominada “Asamblea Provisional Autonómica de Santa Cruz”.

Constitución a la medida del MAS

Respecto del texto constitucional, no se ve cómo, por esa vía, “los pobres un día se harían ricos”, como dice el ministro Quijano. Porque, en lo esencial, es un texto que deja intactas las bases estructurales de la Bolivia capitalista semicolonial, que sus explotados y oprimidos siguen padeciendo hoy a pesar de la actual bonanza económica.[1] Si siquiera se han terminado de desmontar aspectos sustanciales del neoliberalismo impuesto a partir del mega decreto privatizador 21.060 (1985), al que, a todos los efectos prácticos, se ha dejado en pie.

Esto no quiere decir que no se introduzcan cambios en el “modelo de país”. Ya varias veces hemos señalado que el gobierno de Morales pretende introducir modificaciones en la vía de una suerte de “capitalismo de Estado” aunque sin llegar realmente a serlo. La misma prédica que ha sido reiterada por el vice García Linera bajo la figura de un utópico y romántico modelo de “capitalismo andino-amazónico”. ¿Qué expresión tiene todo esto en el texto constitucional? La clave está en las formas de propiedad que consagra y en el rol que se plantea para el Estado en materia económico-social.

“El modelo económico boliviano es plural, constituido por tres formas de organización económica (privada, estatal y comunitaria) con igualdad jurídica ante la ley (...). La nueva constitución reconoce que toda persona tiene derecho a la propiedad privada, individual o colectiva, siempre que esta cumpla una función social. Se respetará y garantizará la propiedad individual y colectiva sobre la tierra. Se respeta el derecho a la sucesión hereditaria. Se respetará la iniciativa empresarial y la seguridad jurídica. Se garantiza la libertad de empresa y el pleno ejercicio de las actividades empresariales. El Estado reconoce y garantiza el derecho a la libre asociación empresarial y a la personalidad jurídica de estas asociaciones empresarias, cuyo patrimonio, tangible e intangible, es inviolable e inembargable”.[2]

Es decir, lo que se plantea es la supuesta “convivencia” de tres formas de propiedad: la privada, la estatal y la comunitaria; esto, bajo la demagógica figura de respetar los derechos de “todos los propietarios” (no olvidar que la base social del MAS no son los trabajadores asalariados –carentes de toda propiedad– sino los pequeños propietarios rurales y urbanos), “priorizando el sostenimiento a los pequeños”.

Pero esta declamada “convivencia” nunca podría serlo en términos efectivos e igualitarios cuando de lo que se trata es una propiedad privada que atañe a los principales medios de producción; es decir, a la gran propiedad agraria, minera, a las principales industrias; incluso, a la falsa “nacionalización” del gas, que ha dejado en manos de las multinacionales la operación del negocio y sólo ha ampliado la renta que ingresa al Estado en materia de hidrocarburos (multiplicada, hay que decirlo, por el altísimo precio internacional del petróleo y gas)

En esas condiciones, las formas de pequeña propiedad cooperativa, urbana y agrarias, mayormente familiares, nunca podrían competir en pie de igualdad con la gran propiedad (a pesar de todo el “sostenimiento” que el Estado pretenda darles). Pero precisamente ahí es donde viene a intervenir el Estado[3]: con su renta ampliada por los ingresos de hidrocarburos, la pretensión no es la apuesta a la expropiación –bajo control de los trabajadores– de los grandes medios de producción y el pasaje al desarrollo de las fuerzas productivas por esa vía, sino la idea reformista y utópica de alentar y “sostener” la producción cooperativa, las micro y pequeña empresas para que puedan “competir en igualdad de condiciones”.[4]

Como dice el periodista Lora Fuentes: “El MAS nunca planteó un cambio revolucionario en el sentido estricto del termino. Morales ha repetido hasta el cansancio que respetará la propiedad privada –inclusive, los grandes latifundios ‘productivos’– y garantizara la seguridad jurídica para las transnacionales, con las cuales no ha roto. Las reformas nacionalistas de Morales respetan y hasta garantizan los intereses de la burguesía nacional. Promueve el reconocimiento de las culturas y formas de producción y de propiedad comunitarias no para que reemplacen sino para que ‘convivan’ con la economía capitalista”[5]. En el mismo sentido: “los tres tipos de economía que regirán continuarán siendo regenteados por la economía privada que sustenta el modelo neoliberal a favor de las empresas transnacionales y nacionales”.[6]

Es decir, se trata del proyecto reformista, “utópico” y/o “romántico” de aliento a la pequeña propiedad por la vía de una suerte de muy débil “capitalismo de Estado”, mientras se deja en pie la gran propiedad industrial y agraria capitalista e imperialista, lo que de ninguna manera podrá garantizar un verdadero desarrollo de las fuerzas productivas.[7]

Al mismo tiempo, ni siquiera respecto de las cuestiones democráticas para la población originaria hay cambios muy “revolucionarios” que digamos. Porque realmente no hay mucho más que palabras que no pasan de consagrar algunas formas de autonomía “originarias” y/o municipales. Como señalara el analista simpatizante del gobierno del MAS, Pablo Stefanoni, “se promueve un ‘Estado plurinacional’ que consiste en una ampliación –bastante confusa aún– del multiculturalismo promovido en los años noventa”[8] y no mucho más.

El Estatuto cruceño

Precisamente por lo anterior, no es del orden estrictamente económico-social la gran divisoria de aguas con las oligarquías del Oriente. Más bien, lo que está en juego, son las cuestiones del ordenamiento estatal y del reparto de las regalías hidrocarburíferas del gas y el petróleo, así como el manejo de la propiedad agraria.

Ambos bandos en pugna coinciden en la perspectiva capitalista de la economía del país, pero se diferencian –con “matices” de importancia– respecto del tipo de capitalismo que quieren para Bolivia, así como del ordenamiento estatal y, más en general, respecto del rol del Estado central en los terrenos económicos y políticos.

Por esto mismo, no ha sido casual –como ya señalamos– que el Estatuto cruceño reivindique para su prefectura los poderes de policía, la declaración de una “ciudadanía cruceña”, el control de las migraciones internas y el monopolio de la administración de la propiedad de la tierra, así como la novedosa cuestión de que en vez de ser el Estado central el encargado de la recaudación de las regalías petroleras y gasíferas y luego coparticiparlas en proporciones variables, serían las prefecturas las que recaudarían este impuesto y luego lo “girarían al estado central”.

“Entre las facultades que la asamblea autonómica concedió al gobierno departamental, destacan la elaboración y aprobación de proyectos y concesiones para la construcción y aprovechamientos hidráulicos, canales, regadíos, aguas minerales y termales de interés departamental; la regulación de la migración interna (‘en lo que respecta a los movimientos migratorios masivos ínter departamentales’) y la negociación de ‘empréstitos, enajenación de bienes y celebración de contratos que comprometan las rentas departamentales’. El Estatuto menciona que el gobierno departamental tiene tuición directa en el manejo de la tierra, una tarea que según la nueva CPE es privativa del Estado nacional. Por otro lado, la carta autonómica aprobada en grande dispone la regulación del régimen de la policía departamental en lo que respecta a la protección de las personas y bienes, así como en el mantenimiento del orden público dentro del territorio del departamento autónomo. El estatuto elaborado por el movimiento cívico-empresarial encarga a la Prefectura de Santa Cruz el control directo de la explotación y comercialización de los hidrocarburos en todo el departamento. ‘El gobierno departamental (...), controlará y fiscalizará la producción de hidrocarburos líquidos y gaseosos que se realice en el departamento y velará por una correcta aplicación del pago de regalías y de los impuestos’ (...). Con el fin de propiciar y fomentar la industrialización de los hidrocarburos de jurisdicción departamental, el gobierno departamental podrá asociarse con empresas públicas y privadas para la ejecución y desarrollo de proyectos específicos”.[9]

En estas disposiciones abiertamente se contraría la  nueva CPE; particularmente, la expresa declaración de que el suelo y subsuelo son dominio “directo, inalienable e imprescriptible” del Estado nacional.

Entre el pactismo, la “desconexión normativa” y un choque civil

Precisamente en el sentido que venimos señalando, son de gran interés las declaraciones de un “intelectual” de la Media Luna, el constitucionalista Juan Carlos Urenda: “La Constituyente estaba obligada –por el referéndum vinculante del 2006– a incluir la autonomía de los cuatro departamentos. Pero puso competencias irrisorias (…). Estamos volviendo al pueblo. Cómo ensamblarlo con el marco constitucional (se refiere al Estatuto Autonómico y su vinculación con la CPE. JLR), ése es el punto más crítico del proceso. Creo que tendrá que darse un pacto entre las cuatro regiones y el gobierno. Si siguen pensando que son sólo cuatro terratenientes, habrá menores márgenes de negociación y se llegará a la desconexión normativa (…). Ya confrontaciones de otro tipo escapan a mi capacidad de análisis, pero va a ser una situación muy difícil. Cada bando va a mostrar legitimidad en cada mitad del país. El llamado empate sigue siendo catastrófico”.[10]

En estas declaraciones se puede observar cómo la oligarquía cruceña apuesta a forzar una negociación –un “pacto”– con el gobierno del MAS. Pero Urenda reconoce que el “ensamble” de ambos marcos normativos “es el punto más crítico del proceso” (lógico: si aparecen como lisa y llanamente opuestos) y que se podría llegar a una “desconexión normativa” frente a la cual se declara “incapaz” de analizar sus consecuencias... sencillamente porque puede significar, en un contexto en el que cualquier chispa puede encender la mecha, una abierta confrontación civil.