Juicios a represores bajo el gobierno K

¿Más castigo o más impunidad?

Por Ana Vázquez

Se acerca otro 24 de marzo y es un buen momento para pasar un balance de los logros y los límites de la pelea contra la impunidad en el último período. La fecha se acerca cuando ha ocurrido un nuevo caso de “suicidio” de un militar acusado de apropiación de hijos de desaparecidos, en este caso de los hijos de Raquel Negro y “Tucho” Valenzuela, nacidos en cautiverio en Rosario. Esta nueva muerte pone sobre el tapete la discusión de la situación de los juicios a los represores.

Se han logrado las condenas efectivas a tres figuras emblemáticas de los genocidas: el turco Julián, Etchecolatz y Von Wernich (las dos últimas en el marco del genocidio). Están abiertas y en curso, aunque en distintas etapas, varias causas como la que involucra a Nicolaides y otros cinco militares en Corrientes, la del Hospital Militar en Entre Ríos, la de María Eugenia Sampallo Barragán, primera nieta restituida que inicia querella sobre su entregador y sus apropiadores. Está prevista la apertura del juicio por la matanza de Margarita Belén en el Chaco. A su vez, sigue abierta la causa por la Triple A y tiene cinco detenidos la de la Masacre de Trelew. Por su parte, la impunidad con que actúan ex y actuales miembros de los servicios de seguridad y de los mismos condenados, bajo el amparo de falta de medidas concretas contra su accionar de parte del gobierno K, está cerrando compuertas efectivas hacia un avance de su desenlace.

Apropiación de menores

En declaraciones a Radio Continental, la señora Estela de Carlotto, querellante en la causa sustanciada en Entre Ríos caratulada como “Hospital Militar”, expresó: ...”lo que es terrible, lo que conmueve, es dónde estarán o en qué manos estarán nuestros nietos, porque están eliminando prácticamente a la gente que sabe dónde están nuestros nietos”. Pidió además al Estado que haga un muestreo de “aquellos miembros de las Fuerzas Armadas que tienen hijos de la edad de nuestros nietos y que podrían serlo”.

A la titular de Abuelas de Plaza de Mayo no se la puede tildar de “opositora” a este gobierno. Sin embargo, quiere efectivamente encontrar a los nietos secuestrados y se están poniendo piedras en ese camino. Tanto el caso de Febres (comprobado asesinato) como el de Navone (las pericias determinaron que fue suicidio) son obstáculos reales ya que eran piezas claves para el esclarecimiento del destino de los bebés apropiados. Habían sido explícitamente mencionados por otros participantes de los operativos como involucrados directamente. Aunque estos delitos no fueren considerados por los tribunales como de lesa humanidad no prescriben y cuando aún quedan más de 400 casos sin resolver (se calculan en 500) y hay un primer juicio encarado por una nieta como querellante, abre una brecha de investigación y pelea que los militares involucrados se apresuran a tapar, aún a costa de la vida de algunos de sus pares.

Cuando el diablo mete la cola

El desarrollo de los juicios en algunos puntos del interior del país, sacándolos del ámbito de Capital y La Plata ha ampliado su ámbito y metido el tema a nivel nacional. En algunos casos, es el mismo gobierno a través de la Secretaría de DD.HH. nacional quien es querellante, como el caso de la masacre de Trelew; o en  Corrientes que es la secretaría de DD.HH. provincial, junto con familiares y abogados defensores de los derechos humanos.

Están impulsados y “controlados” dentro del marco de la política de derechos humanos del gobierno, sentenciar a algunos para salvar a las instituciones y poder seguir reprimiendo a las presentes y futuras luchas. Pero aún así, hasta en lo que aparece “más controlado” el diablo se cuela. Surgen nuevas denuncias, presentaciones y los zarpazos de los militares por zafar generan más contradicciones y contratiempos a los planes “equilibrados”.

La política K manchada de impunidad

Las demandas de familiares y organismos de derechos humanos como Justicia Ya! pidiendo cárcel efectiva y común para los condenados nunca fueron satisfechas o son sólo en el momento en que las evidentes irregularidades to-man mayor estado público. No sólo viven en suites de lujo con celular e Internet, sino que salen cuando quieren, cuando están deprimidos o cuando se van de vacaciones.

Estas situaciones “sui generis” hacen que tengan ataques de amnesia y de Mal de Alzheimer galopantes cuando tienen que declarar. Gozan de total libertad no sólo para vivir, sino para seguir confabulando con sus pares y que nada se sepa de este accionar.

El resultado trágico de la total impunidad de represores “presos” y “en libertad” hace que siga sin esclarecerse el secuestro de Jorge López, que las condenas logradas con tanta lucha resulten una “estafa”, que prosigan las intimidaciones, amenazas y aprietes a testigos, familiares y luchadores de derechos humanos. Y por supuesto, no sólo de derechos humanos, sino también a luchadores obreros para lo cual les dan “una manito” las patotas de la burocracia sindical.

Por otro lado, tampoco se efectivizó el reclamo de unificación de las causas por todos los delitos cometidos, lo que evitaría la dilación, el entorpecimiento, la victimización de los testigos al tener que declarar repetidamente, el paso del tiempo que ayuda a tapar pruebas y testimonios.

El gobierno no ha tomado ni media medida para ayudar a resolver estas cuestiones que son de vida o muerte para el real esclarecimiento y castigo y para que la lucha contra la impunidad no sea sepultada por el paso del tiempo.

Los avances reales, de carácter –por así decirlo- “reformista”, logrados con las sentencias a genocidas, tienen la contracara cruda de un reino de encubrimiento. Encubrimiento creciente para sabotear esos mismos juicios que son el sobproducto de la dura lucha de los organismos de todos estos años (o, desde arriba, del mismo gobierno) y frente al cual los esposos K no hace nada efectivo por evitarlo.

Por esto mismo, desde abajo, hay que dar pasos en la lucha de los familiares, los trabajadores y el pueblo contra este accionar para avanzar hacia una condena efectiva a todos los genocidas, logrando la restitución –entre otros objetivos- de los pibes robados a sus abuelas. Lucha que debemos profundizar de cara a este 24 de marzo.