Los crímenes de la Triple A son delitos de lesa humanidad

Extradición y cárcel común a Isabel Perón

“La resolución de la Cámara Federal, que califica los delitos cometidos por la Triple A como crímenes de lesa humanidad, es tal vez la más importante, política, jurídica y éticamente desde el juicio a los integrantes de las tres primeras juntas militares” (Rodolfo Mattarollo, Página 12, 18-03-08).

La Cámara Federal, por la votación de dos camaristas (Freiler y Cattani) contra uno (Farah) ha declarado los asesinatos de la Triple A como de lesa humanidad. Se trata de un gran triunfo democrático que podría abrir la puerta para la extradición, juzgamiento y castigo de Isabel Perón y demás responsables de los casi 2.000 asesinatos de la Triple A.

Es que los crímenes de la Triple A ocurrieron bajo el gobierno constitucional de Juan e Isabel Perón e involucran tanto al peronismo como a la burocracia sindical, ambas instituciones claves de la argentina capitalista.

¿Cómo ha podido ocurrir este fallo que podría tener consecuencias directas no sólo sobre milicos o policías ya retirados hace años, sino sobre políticos y dirigentes sindicales en plena actividad? De alguna manera, se trata como de un eco o reflejo de la crisis del 2001. Porque a todas luces ni Néstor ni Cristina K quieren saber nada con el desarrollo de este posible juzgamiento.

No hace falta más que recordar que cuando el juez Oyarbide reabrió la causa y salió el pedido de extradición para Isabel Perón (aún no resuelto), connotados dirigentes de la CGT pusieron el grito en el cielo, sacaron afiches con la consigna “No jodan con Perón” e incluso se reunieron con Néstor Kirchner para que éste les garantizase que la causa no llegaría a buen puerto.

Delitos de lesa humanidad

Sin embargo, la causa, aun muy lentamente y luego de languidecer a lo largo de todo el 2007, parece estar nuevamente abriéndose paso. No sólo porque un principalísimo lugarteniente de López Rega, Rodolfo Almirón, ha llegado extraditado de España el martes 18, sino que esta resolución de la Cámara habilita así el juzgamiento frente a los hechos represivos del gobierno peronista de 1973-1976, causa que permaneció todos estos años de “democracia” encerrado bajo siete llaves por acuerdo expreso entre el PJ y la UCR.

Hecho histórico, el fallo ha sentado el precedente de reconocer que puede haber delitos de lesa humanidad “en el contexto de un gobierno constitucional”. En este caso, se los señala como parte de “un ataque generalizado o sistemático contra la población civil” ejecutado por “una asociación ilícita concebida en un sector del Estado con el objetivo de perseguir clandestinamente a opositores políticos”. Pero además tuvieron un rasgo distintivo: ocurrieron “al amparo de un sistema de impunidad” (Página 12, 18-3-08).

Incluso más: según los dos camaristas que votaron a favor de este fallo, “la impunidad que permitía la multiplicación de los crímenes se extendía a todos los poderes del Estado (…). Recuerdan un episodio que resurge en varios testimonios: una reunión de gabinete del 8 de agosto de 1974 en Olivos, presidida por Isabel Perón, donde López Rega  y el comisario Alberto Villar proyectaron diapositivas de quienes debían ser asesinados, como Ortega Peña y Troxler, desde las estructuras paralelas” (idem).

Es decir, la responsabilidad por este genocidio recae enteramente, de manera probada, sobre Isabel Perón, por no señalar también la multiplicidad de testimonios sobre reuniones del mismo tenor tenidas con Juan Perón antes de su muerte.

Extradición ya de Isabel Perón. Reconocimiento de todas las organizaciones querellantes en la causa.

Castigo y cárcel común para los responsables políticos y materiales de la Triple A

Sin embargo, más allá de la importancia de este enorme logro democrático, está claro que si el progreso de la causa queda en manos sólo de la Justicia nunca llegará a buen puerto. Porque de ninguna manera el gobierno K tiene el menor interés en que progrese (más bien todo lo contrario), por no hablar de la abierta oposición a ella de burócratas sindicales y empresarios en actividad, como José Rodríguez del SMATA, entre tantos otros.

Por el contrario, de lo que se trata es de tomar el caso con la inmensa jerarquía que tiene, haciendo el punto de apoyo principal en el sostenimiento de la causa con la más amplia y democrática movilización posible para lograr a extradición de Isabel Perón y demás responsables de la Triple A, así como su castigo.

Al mismo tiempo, también en necesario que la causa que lleva el juez Oyarbide se abra a todos los querellantes (personas y organizaciones) que se vieron afectadas por los asesinatos de la Triple A, como es el caso de nuestros compañeros del PST, organización que reivindicamos (junto a otras corrientes políticas) como antecesora de nuestro partido, el nuevo MAS.

Este es también un gran motivo para movilizarnos masivamente el 24 de marzo.