El gobierno K, el campo, los industriales y demás sectores patronales…

Buscan cerrar filas contra los trabajadores

“Es demasiado el daño que se está ocasionando, en momentos en que la coyuntura nacional e internacional ofrece una oportunidad única para acordar en común el diseño de políticas para todos los sectores del agro, la industria, el comercio y los servicios que garanticen el crecimiento sostenido” (Documento conjunto UIA, ADEBA, CAC y Bolsa de Comercio).

Ha comenzando una nueva ronda de negociaciones entre el campo y el gobierno K. Si bien el segundo lock out agrario venía muy fuerte, a partir del viernes 16 y luego del ultimo discurso de Cristina K, comenzó un fuerte operativo político para que se levantara. Esto se expresó en el posicionamiento de varios sectores que hasta ese momento eran fervientes sostenedores del paro agrario patronal: desde los grandes multimedios, pasando por importantes gobernadores como Schiaretti (Córdoba) y Binner (Santa Fe), hasta entidades empresariales como la IUA, CAC, ADEBA, etc. que hasta ese momento venían manteniendo un perfil bajísimo.

¿Qué es lo que pasó para que adoptaran esta actitud?

No hace falta ser muy perspicaz. Por un lado, el temor a horadar en demasía la figura presidencial sin recambio a la vista. Por el otro, el peligro de que el creciente “descontrol” en la situación política y económica llegara a tal grado que fomentara o facilitara una irrupción de los trabajadores y demás sectores populares con sus luchas y reivindicaciones. Finalmente, la creciente evidencia de que la “opinión publica” comenzaba –con toda justicia– a hartarse de los más de dos meses de un lock out patronal que ha generado un sideral aumento de los precios de los bienes de la canasta familiar y el liso y llano reingreso a la pobreza de decenas de familia.

Modelo para armar

Lo anterior no quita que el conflicto termina excediendo –con mucho– el reclamo original; de ahí también la convocatoria al acto en Rosario para este 25 de mayo. Porque expresa la emergencia de una discusión al interior de la clase dominante. Fisura que amenazó trasladarse a las bases mismas de sustentación del gobierno de Cristina Kirchner, llegando a rozar una posible crisis institucional o proceso “destituyente”, como lo llamaron algunos intelectuales afines a los K.

El conflicto por las retenciones móviles se transformó, entonces, en la más grave crisis política desde el 2003, comenzando a amenazar incluso, de manera cierta, la gobernabilidad de Cristina K. En el pico de la crisis –sólo días atrás–, la presidenta no “medía” más que un 25% de adhesión.

Pero es evidente que una crisis de esta magnitud no puede abrirse por factores meramente sectoriales o reivindicativos. Lo que hay que explicar son los motivos de fondo que terminaron estando en el centro mismo del conflicto dándole toda su gravedad. El núcleo de la crisis no ha sido otro que la emergencia (quizá inesperada) de una dura disputa burguesa alrededor del llamado “modelo” económico. Es decir, acerca de la mejor manera de seguir estrujando el trabajo de los obreros urbanos y rurales y de cómo repartir la parte del león que no se les paga a los mismos (el llamado plusvalor) entre los sectores patronales del campo y la ciudad.[1]

Mario Llambías, dirigente de la CRA, fue quizá quien se animó a llevar estos planteos más lejos, cuando, enfervorizado desde un balcón en Rosario, planteó que las entidades agrarias lo que querían discutir en realidad era el “modelo de país”.

Cuando se plantean consignas en su “Carta abierta a los argentinos” del tipo “Todos somos el campo”, y se llama a “salir a manifestarse con la bandera argentina y la escarapela”, cuando se buscan reuniones con gobernadores y legisladores en apoyo a sus reclamos, es evidente que lo que se está poniendo en juego es un planteo que se proyecta abiertamente al campo político: es decir, al terreno de los asuntos generales y no meramente sectoriales.

El inefable Mariano Grondona le puso conceptos a estos planteos: “Durante sesenta años, la Argentina ha sostenido un modelo de clausura industrial (...). Este es el modelo que hoy agoniza (...) los argentinos del interior (...) se acaban de rebelar contra sesenta años de exclusión unitaria, izando por su parte la bandera federal”. Y agrega: “La única manera de salir del conflicto actual será entonces elaborar un nuevo modelo económico que diseñe otro futuro para todos los argentinos (...). ¿Cuáles tendrían que ser los rasgos constitutivos del nuevo modelo? Quizá, contra el modelo moribundo de la clausura industrial, podríamos bautizarlo como un modelo de apertura agroindustrial (...). Queremos un país agro-industrial que salga al mundo a invadir mercados mientas se sigue protegiendo a la industria actual el tiempo que sea necesario. El campo y la industria están llamados a ser socios, no rivales”.[2]

Aclaremos los tantos. Por un lado, hay que desmitificar la falacia de que la Argentina sería “un país agrario”: “el sector agropecuario genera en realidad sólo el 6,0% del PBI y ocupa al 11,4% de la población (incluyendo en este último porcentaje a los trabajadores de la industria alimenticia). Desde luego, su importancia crece si se consideran las exportaciones: el 57,4% del total son productos primarios o manufacturas de origen agropecuario, lo que explica que el campo sea hoy una fuente esencial de divisas”.[3]

Precisamente, detrás de palabras rimbombantes como “nuevo modelo de apertura agro-industrial”, lo que se está evidenciando es un cuestionamiento de los capitalistas del agro a transferir –vía retenciones– parte de sus rentas extraordinarias a otros sectores capitalistas: los que gozan de los beneficios de la llamada por Grondona “clausura industrial”.

Que estas rentas extraordinarias tienen como única y exclusiva fuente el trabajo no pagado de los obreros agrícolas e industriales del país no tiene para ellos la menor importancia. Las consideran propias por el derecho capitalista a la propiedad privada de la tierra. Y por eso se quejan de que el Estado K les “mete la mano en el bolsillo” para transferir una parte. Claro que no para “distribuir la riqueza”, como alardea demagógicamente Cristina, sino en puro y exclusivo beneficio de los capitalistas de la industria por la vía de bienes de consumo “baratos” que permitan mantener bajísimos los salarios en términos dólar, subsidios, etc.

Lo que se evidenció en la crisis es la reapertura de una durísima puja interburguesa alrededor de cómo repartirse entre estos tiburones patronales el trabajo no pagado de toda la clase obrera argentina, urbana y rural. Grondona, al hablar de “izar la bandera federal” y de “un modelo de apertura agro-industrial”, lo que está verbalizando es, precisamente esa búsqueda de una manera de redistribuir entre los poderosos el trabajo no pagado de los trabajadores.

Volviendo a soldar la unidad de los explotadores

Junto con lo anterior, hay que referirse al reverso del fenómeno de debate de “modelos” que venimos señalando. Es decir, a la “costura” –que ya comenzó– de un acuerdo campo-gobierno K, que sí o sí va a volcar los costos de la crisis sobre los trabajadores. Esta es la prenda que se intentará utilizar para volver a soldar la unidad del frente patronal.

Esto es así por razones de solidaridad de clase explotadora, más profundas que toda disputa sobre “modelos”. Porque las peleas entre sectores patronales nunca son antagonismos esenciales: se trata siempre de pujas y tirones entre tiburones, es decir, al interior de la clase que vive de explotar el trabajo ajeno y que, frente a la clase obrera, termina reafirmando tarde o temprano su unidad esencial para superexplotarla.

Insistimos: se trata de peleas por el reparto de los frutos de la explotación de los trabajadores, subordinadas al carácter esencial de explotadores del trabajo ajeno que tienen todos estos sectores, sean agrícolas o industriales.

Es precisamente aquí donde entra la explicación del llamado “Pacto del Bicentenario” que están impulsando los esposos K con el ferviente apoyo de la UIA y otras entidades empresarias. Se trata de la manera K de volver a soldar la unidad del frente patronal sobre la base de asegurar la superexplotación de los trabajadores bajo modalidades, en todo caso, más o menos renegociadas con todos los sectores explotadores.

Esto es, haciendo concesiones a los capitalistas del campo al tiempo que se busca “emparchar” el “modelo K”: manteniendo el peso más o menos en sus valores actuales y dándole una vuelta de tuerca al mecanismo de caída del salario real para no perder “competitividad”; ratificando la esclavitud laboral de los obreros industriales y los peones rurales; buscando la manera de que la burguesía agraria reciba una parte mayor a la actual de la renta extraordinaria, etc.

Es decir, contra los versos de Cristina y sus adláteres sindicales de la CGT y la CTA, el famoso “Pacto del Bicentenario”, de concretarse, no se tratara de ninguna “redistribución de la riqueza”: con uno u otro “modelo”, los beneficiarios son los mismos de siempre: los grandes capitalistas de la ciudad y el campo.

La explotación obrera como prenda de unidad

Es aquí donde asoma el rol reaccionario que juega la burocracia sindical de la CGT y la CTA: mantener amordazada y atada de pies y manos a la clase obrera para que no salga a la lucha por sus reclamos en medio de la crisis.

En estos dos meses vivimos el vergonzoso espectáculo de que mientras el gobierno K y las patronales del campo se peleaban por el reparto entre ellos del trabajo no pagado de los trabajadores, la clase obrera no haya podido, mayormente, salir a la pelea por lo que, de pleno derecho, le corresponde: los frutos de su trabajo.

Esto explica las reiteradas felicitaciones de Cristina K a Hugo Moyano, las referencias a la “madurez” del “movimiento obrero” (léase los burócratas sindicales) y a la aceptación prematura del miserable techo salarial del 19,5% en cuotas, cuando todo el mundo sabe que la inflación para este año 2008 ya se ha disparado al 35 0 40%. Si incluso el oligarca diario La Nación reconoce que “la inflación ya es un verdadero golpe al sueldo (...). En los últimos años los ingresos de los trabajadores se recompusieron. Pero el costo de vida en alza, no admitido oficialmente, amenaza con absorber los efectos de esas mejoras”.[4]

Como se desarrolla en nota aparte, tanto la “recuperación” del empleo como la del salario a los miserables niveles del 2001 comenzó a deteriorarse a partir de 2007. Pero la novedad es que si este deterioro el año pasado fue todavía relativamente “mediatizado”, lo que estamos viviendo ya en el 2008 es una caída en picada del nivel de vida en prácticamente todos los sectores de la clase obrera.

Porque la burocracia sindical está haciendo el trabajo sucio alrededor del punto donde hay la más férrea unidad entre todos los sectores patronales: que la clase obrera urbana y rural siga siendo la que, con su trabajo mal remunerado y superexplotado, le genere superganancias a todas las patronales. Todo el mundo sabe de las terribles condiciones de trabajo y salario de la clase obrera del país. Con una clase obrera rural –de la cual, no casualmente, el paro agrario y las cuatro entidades no han dicho una palabra– que está en un 70% en negro, con niveles de ingreso que rozan –en muchos casos– la de los desempleados. Y, en el caso urbano, con un 45% en negro, y los que están en blanco, en un acelerado proceso de deterioro salarial.

Reiteramos: el mantenimiento y/o reforzamiento de estas condiciones de explotación de la clase obrera del país son una de las prendas de unidad más grandes para volver a soldar la unidad del frente patronal, más allá de que continúe una discusión alrededor del “modelo”.

Despertar obrero en la zona norte del Gran Buenos Aires

Sin embargo, la cosa no les va a resultar tan fácil, aun con la inestimable colaboración de los dirigentes sindicales. Porque en las últimas semanas ha sido cada vez más evidente que se han comenzado a mover sectores de importancia de los trabajadores, es decir, el actor que venía ausente a lo largo de la crisis.

No se trata sólo de gremios como la UOM y la Alimentación, todavía dirigidos por la burocracia sindical. Tampoco de las diversas medidas de lucha que se comienzan a expresar en distintos puntos del país. Lo más importante y estratégico, lo realmente revolucionario, es el proceso de acumulación, aprendizaje e irrupción independiente que se esta dando entre sectores de la clase obrera industrial, sobre todo en la zona norte del Gran Buenos Aires.

Estos vienen de realizar jornadas de cortes simultáneos y coordinados: FATE y Terrabusi el pasado 7 de mayo; estas dos mismas fábricas más la ENFER el lunes 19. De esta jornada, lo que hay que destacar es la realización de la marcha al Ministerio de Trabajo por parte de los obreros de FATE; el corte de una hora de la General Paz por parte de los metalúrgicos de la ENFER; el corte de la calle Henry Ford de los trabajadores de Terrabusi; las delegaciones de fábricas como Pepsico y Stani que se hicieron presentes en una u otra acción; la solidaridad de compañeros dirigentes obreros como los de Ecocarnes, del Hospital Francés o la misma ENFER en la asamblea de FATE.

Claro que esta irrupción y atisbo de coordinación recién está en sus inicios. Requiere de todo un aprendizaje a nivel del activismo y la base obrera. Pero lo importante es que se apoya en el desarrollo de una riquísima experiencia entre sectores obreros independientes, basados (en la mayoría, aunque no en todos los casos) en la democracia obrera de la asamblea y nuevas direcciones independientes (el caso más importante, evidentemente, es el de FATE), que están esbozando un elemento de potencialidades revolucionarias: la posibilidad cierta de comenzar a horadar el monopolio de la representación de la burocracia en el núcleo más profundo de la clase obrera argentina: el proletariado industrial.

Es a ese proceso estratégico al cual se deben jugar las corrientes que se consideran de la izquierda revolucionaria. Es al que apostamos todas nuestras fuerzas desde el nuevo MAS.