Bolivia: Después del triunfo del SÍ, un país cada vez más dividido regionalmente

Con el 60% no alcanza

Por Martín Camacho, desde La Paz
Para Socialismo o Barbarie, febrero 2009

El 25 de enero pasado se llamó a votar a la población por cuarta vez en tres años. Este último referéndum ha sido de gran importancia porque la nueva constitución fue uno de los pilares fundamentales del MAS. Ya desde la época de campaña electoral, allá por el 2005, sus banderas eran “nacionalización de hidrocarburos” (reivindicación en realidad nunca cumplida realmente) y el formular una nueva constitución.

La cuestión de la reivindicación de una nueva CPE no era nuevo: se trata de un problema muy sentido por la población originaria. Desde mediados de la década del 90’, los originarios de las tierras bajas del Oriente habían venido en marcha hacia La Paz pidiendo una nueva constitución que les pudiera dar beneficios a los más pobres. La expectativa es que siendo la mayoría abrumadora del país los explotados y oprimidos, estos hicieran valer su número para obtener reformas democráticas y sociales.

El gobierno de Evo Morales tomó esta bandera e hizo aprobar la Ley de Convocatoria a la Asamblea Constituyente en marzo de 2006. Luego, el 8 de diciembre de 2007, se aprobó el primer proyecto constitucional de 411 artículos, el cual fue corregido –entre “gallos y medianoche”– entre el MAS y Podemos en octubre de 2008 tras la gran marcha a La Paz.

Sin embargo, lamentablemente esta nueva constitución reafirma el carácter capitalista de Bolivia. Haciéndolo, pone estrictos límites a toda posibilidad de que incluso las más mínimas reformas democráticas contenidas en él pudieran tener alguna aplicación real. Esto por no señalar –entre otras tantas “perlas” del texto constitucional– la verdadera aberración de que, sean 5.000 o 10.000 las hectáreas para significar latifundio (obviamente, de manera abrumadora se votó por la primera opción), esto podría no significar nada.

Porque no tendría aplicación alguna dado que esta medida no será “retroactiva” respecto de la distribución de la tierra actualmente existente en el país sino solamente para las operaciones de compra y venta futuras[1].

A esto el gobierno ya salió a advertir que les pondrá “todo el peso de la ley a los que ocupen tierras”. Al respecto, el ejecutivo del viceministerio de tierras, Cliver Rocha dice: “no vamos a tolerar ocupaciones ilegales, las consideramos como una actitud reaccionaria al proceso de cambio que vive el país”. Al parecer, todo el que ose sacar los pies del plato… será tildado de “contrarrevolucionario” por decir lo menos... Y seguramente serán “puestos en vereda” los que intenten hacer ahora su interpretación de la nueva constitución para salir a ocupar tierras como ya se está esbozando en diversas partes del país.

El “empate catastrófico” no se saldó

“Nos decían que el voto, la asistencia a las urnas, son las únicas vías pacíficas para resolver el ‘empate catastrófico’; pero maliciosamente nos daban dos opciones (SI y NO), es decir, decidir nuestro suicidio entre una dosis de raticida o un tiro en la cabeza.”[2].

Este es un debate que ha estado dando vueltas desde el día después que terminó el referéndum constitucional. Por supuesto que una elección con este porcentaje de votos alcanza para aprobar formalmente la nueva CPE.

Pero aunque Morales y Linera pretendan tapar el sol con la mano, para lo que no sirve es para legitimar su proyecto; es un hecho que los cívicos de la Media Luna mostraron una recuperación (luego del escándalo del levantamiento golpista y secesionista de septiembre del año pasado) al alcanzar un porcentaje cercano al 40%. Porcentaje que constituye una demostración adicional de que las relaciones de fuerzas más estratégicas no se pueden resolver nunca electoralmente.

A lo que venimos señalando contribuyen varios factores: primero, no es que se viene de una situación de estabilidad: las dos visiones de país están latentes. La votación por el NO se ha expresado abrumadoramente en una región en la que se producen las mayores riquezas del país: la Media Luna.

Además, si el voto por el SI fue abrumadora mayoría en el campo y las grandes concentraciones plebeyas y de trabajadores como en la ciudad de El Alto o en el Plan 3.000 en Santa Cruz, entre las capitales y las clases medias incluso extra Media Luna fue muy contundente la expresión por el NO.

Entonces no se trata simplemente de sacar un porcentaje mayor que el 50% para que la nueva constitución sea aprobada como dicen Morales y Linera... A esto hay que ponerlo en el contexto que venimos señalando: que el país sigue dividido, que la oligarquía del Oriente y la oposición reaccionaria no se someterán, y que en los hechos entonces a la hora de aplicar incluso esta constitución tibiamente reformista y capitalista, se vendrán los desafíos, contradicciones y luchas en las alturas que se darán en el transcurso de este año.

Después del intento de secesión que se dio en septiembre pasado, y que de ahí había salido bastante golpeada hoy la situación parece estar nuevamente comenzando a revertirse. Un ejemplo contundente de esto es la votación en Pando, donde el gobierno de Morales había determinado el estado de sitio luego de la masacre campesina. ¡Pero ahora resulta que la elección por el NO fue mucho más alta que cuando estaba el fascista de Leopoldo Fernández!

Claro, esta realidad de “empate catastrófico” podría haber sido realmente resuelta en muchos puntos del proceso que comenzó desde octubre del 2003. La última circunstancia, sí se hubiera realmente “escarmentado” a los golpistas luego de la horrorosa masacre campesina, en respuesta a la cual incluso comenzó a estrecharse un cerco campesino sobre Santa Cruz que no hubiera dejado piedra sobre piedra de los fascistas.

Pero no: el gobierno optó por su enésimo intento de salida pactada, y ahora se pueden ver los resultados. Gana el referéndum pero los sediciosos expresan una recuperación que muestra que el susodicho empate catastrófico no ha sido superado y que los cantos de sirena de analistas oficialistas como Pablo Stefanoni acerca de que se hubiera impuesto la vía pactada que propugna el gobierno no es más que una quimera.

Incluso electoralmente, el gobierno podría haber disimulado un poco más las cosas sí hubiera sacado un porcentaje mayor al 70 % y en una distribución igualitaria en el país, no la diferencia regional que se ve hoy[3].

El MAS tiene la esperanza que con esta elección podría definir una nueva hegemonía “basándose en las culturas indígenas”. Mientras tanto, del otro lado, con un peso fuerte a través de las autonomías de los departamentos de la Media Luna, afirman que “desconocerán” todas aquellas medidas del gobierno que consideren que “lesionan sus intereses”...

Voto rural versus el voto urbano

La evidencia que dio esta votación es que las fuerzas del MAS –como es sabido– están en el campo. La diferencia entre el voto del campo y la ciudad fue de 82% a 52 % respectivamente. Esto marca una diferencia sustancial y es parte de la política que tiene el propio gobierno que en lo sustancial le preocupa lograr el apoyo de los sectores más pobres y plebeyos, deja de lado las reivindicaciones y necesidades de la clase obrera urbana, sin dejar de señalar que hace rato perdió el apoyo entre amplios sectores de la clases medias permeables a la campaña de los escuálidos del Oriente.

Hoy ya se están viendo despidos en el sector industrial, esto sumado la baja de los precios del mineral donde las empresas mineras han empezado a despedir personal. Pero el gobierno para este sector no hace mucho para mejorar sus condiciones de vida.

No obstante, la COB tiene su política de andar a la rastra del gobierno, como hace mucho lo veníamos viendo que la independencia política se iba perdiendo poco a poco. Hoy la central obrera no es más que un brazo útil para el gobierno, dejando de lado toda reivindicación de los trabajadores. Para colmo todavía tiene esperanzas que se apruebe la ley de pensiones como parte de pago por el favor de hacer campaña junto con el gobierno.

El reformismo del MAS no podrá dar una salida

“Bolivia en un Estado plurinacional social de derecho comunitario y sepulta definitivamente al Estado colonial y neoliberal. Vivimos el momento político más importante de la historia republicana, el inicio de una nueva etapa en la historia constitucional del país” (Álvaro García Linera, vicepresidente de la Republica).

Por supuesto que esta nueva constitución no cambiará los rasgos profundos de las desigualdades económicas de Bolivia como quiere plantear el gobierno diciendo que “desde ahora se acabará al colonialismo”.

Como ya hemos planteado en varias oportunidades, solamente les reconocerá algunos derechos culturales a los que siempre fueron excluidos, pero nada hay que esperar en materia de reparto de tierras o nacionalizaciones verdaderas de los hidrocarburos o la minería.

Por supuesto que la oligarquía aprovecha el porcentaje de votos que obtuvo, en gran medida gracias al propio gobierno por haberle salvado la vida en los hechos de septiembre pasado.

Y más recompuesta a partir de la votación, ahora está llamando al gobierno a un “pacto para coordinar cómo se implementará la nueva constitución”... El prefecto Costas (de Santa Cruz) llamó a un “pacto nacional” y por otra parte el prefecto de Tarija (Cossio) dijo que “él gobierno del presidente Morales no tiene las condiciones para imponer el nuevo texto constitucional y está obligado a realizar pactos”.

No obstante esto, además, formalmente todo tiene que ir al Congreso donde nuevos pactos con la derecha vendrán más temprano que tarde. Dentro de ellos, dicho congreso tiene que aprobar el régimen electoral, que dicho sea de paso algunas voces ya se pronunciaban por adelantar las elecciones que supuestamente se darían en diciembre próximo. Porque lo establecido de antemano era que se elija nuevamente presidente, vice y miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional el 6 de diciembre de 2009 y en abril de 2010 se celebrarán comicios municipales y prefecturales.

Nuevos choques sociales en el horizonte

El año se abrió con una elección y podría cerrarse con otra. En el medio habrá una variedad de idas y vueltas en relación a cómo aplicar la nueva constitución política del Estado. Falta saber cómo se resuelven los conflictos con las autonomías departamentales y cómo jugara la presión de la oligarquía que seguramente no se quedará quieta como piensa el gobierno cuando afirma sin sustento alguno que con esta elección se definió el “empate catastrófico”.

La crisis económica mundial le dará un contenido adicional a estos problemas al estar agravándose a ojos vista, crisis que caerá con contundencia en los asuntos que transita el país.

Solamente la clase obrera y los demás sectores de explotados y oprimidos le pueden dar una salida de fondo a través de una Asamblea Popular Nacional, Obrera, Campesina y Originaria que junto con la agenda de octubre definitivamente acabe con la explotación, el latifundio y se nacionalice realmente los hidrocarburos y la minería.