A
la hora de analizar cómo actuó la justicia en este
conflicto, es conveniente trazar una línea divisoria desde
el momento que los medios ponen el foco sobre el mismo, haciéndolo
parte de su agenda diaria, a raíz de lo cual el poder político
se ve obligado a intervenir.
Durante
el mes de agosto y parte de septiembre, hasta que los hechos
empezaron a tomar relevancia pública, la única presencia
judicial que se podía apreciar vinculada a los despidos y a
las consecuentes protestas de los trabajadores, era
la de los fiscales penales que se presentaban para
“cuidar” el orden, es decir, impedir que los
trabajadores se manifestaran por todas las medidas injustas
que había tomado la empresa. Podemos enumerar algunas: la
no toma de recaudos por la emergencia sanitaria, no acatar
la conciliación obligatoria establecida desde el Estado
para llegar a una solución, el despido de delegados que por
la protección que la ley les acuerda sólo pueden ser
excluidos por una orden previa de la justicia, etc. En
ninguno de estos casos la justicia había actuado tan
fervientemente como cuando desde la empresa se solicitó su
intervención para desbloquear las actividades sindicales de
los trabajadores y de esa forma poder seguir el curso normal
de la producción.
La
esfera penal de la justicia siempre actúa para reprimir a
pedido de los más poderosos porque son los que tienen
las palancas para mover los engranajes necesarios. Sólo
basta con tratar de buscar algún ejemplo en el cual la
policía, que recibe ordenes por parte de la justicia, haya
actuado en defensa de los trabajadores. Es costoso
encontrarlo. O acaso algún fiscal se apersonó a la planta
para labrar un acta por la
desidia con que la empresa se maneja en términos de
seguridad laboral, las condiciones infrahumanas a las que
somete a sus empleados o el entorno de salud en el cual
viven día a día los operarios de la planta.
Por
otra parte, encontramos lo que son las garantías laborales
que la ley acuerda a los trabajadores. Cuando éstas fueron
violadas, lo cual suscitó
la protesta de los trabajadores, ningún
resorte judicial se activó para que esta actitud
empresarial se detuviese. Todo lo contrario, la
ley les cayó a los trabajadores por reclamar que los
exploten un poco menos, o que lo hagan como lo dice la ley.
Kraft
no dejaba entrar a ninguno de los delegados cuando sólo en
uno de los casos (Hermosilla) la justicia había dictaminado
que en forma cautelar debía aguardar la resolución del
juicio puertas afuera de la fábrica. En cuanto al resto de
los delegados, sólo una vez que el conflicto estuvo muy
avanzado y que la opinión pública había empezado a
volcarse a favor de los trabajadores, obligó a Kraft a
permitir el ingreso de los delegados. Es más, inclusive en
el caso de Hermosilla, se decidió permitirle el ingreso
para “observar su comportamiento” durante 3 días.
Se
puede ver claramente que la
balanza de la justicia se vuelca de un lado o de otro según
como esté dada la relación de fuerzas en el plano político.
En la mayoría de los casos, los jueces
siempre buscan desentenderse de la situación,
sacarse el problema de encima, más cuando saben que no son
ellos en última instancia quienes resolverán el conflicto.
Los trabajadores estaban en muy buena relación de fuerza y
eso permitió que halla fallos favorables en la justicia,
inclusive dar vuelta la situación de Hermosilla.
Pero esta decisión judicial está encadenada a la
presión que sienten en el Ministerio de Trabajo por la
repercusión que tuvo el conflicto en la opinión pública. Si los trabajadores no
hubieran permanecido firmes hoy serían unos “negros de
mierda” que cortan autopistas y estarían todos sometidos
a juicios penales.
Para
concluir, en la
justicia no se decidirá nada, porque los jueces no son
independientes y sólo quieren permanecer pasivos a la
espera de que el conflicto se resuelva fuera de su órbita. Los
fallos sólo son la vara que mide el nivel de fuerza de cada
parte.
