Socialismo o Barbarie, periódico Nº 164, 20/11/09
 

 

 

 

 

 

FATE: la lucha por la reincorporación de los despedidos del 2008

Un paso más cerca del puesto de trabajo

SoB estuvo con Guillermo Pérez Crespo, abogado de la Seccional San Fernando del SUTNA, charlando sobre la importancia del primer fallo de segunda instancia a favor de la reinstalación de un compañero despedido de FATE. En primera instancia ya hay 5 fallos favorables.

SoB: Salió el fallo en segunda instancia favorable a Domínguez ¿cuál es la importancia?

Guillermo Pérez Crespo: En primer lugar porque este fallo declara que la actitud de la empresa fue de discriminación hacia Domínguez y fue una política antisindical hacia los trabajadores y que la empresa no respetó los derechos sindicales de los obreros, eso por un lado. Por otro lado tiene la importancia de anularle el despido a Domínguez y ordenar la reinstalación; la empresa tiene todavía la vía del recurso extraordinario a la Corte, pero tiene una situación complicada.

SoB: ¿El ámbito de la cámara de apelaciones es muy distinto a los juzgados de primera instancia?

G.P.C.: Una cosa es el fallo de primera instancia y otro el de Cámara, en estos expedientes hay un contenido jurídico-político muy fuerte, que sale técnicamente de lo jurídico estricto y eso en una cámara de apelaciones pesa mucho, porque no deja de ser el espacio donde más politizado está el derecho al trabajo y sobre todo el derecho político.

Hasta ahora en Cámara hemos tenido un solo fallo que es el de la Sala 2, pero te aclaro que hay más de 20 salas y es muy probable que muchas de las otras salas tengan otro criterio.

En este caso es un buen fallo, en general, donde toma gran parte de nuestros argumentos y hace lugar a todo lo reclamado.

Los fallos en primera instancia han hecho lugar a todo lo reclamado, pero no todos de la misma manera, por ejemplo en la sentencia del Juzgado 24, un juez con una visión más patronal, en gran parte del texto de la sentencia, es contrario a los trabajadores de Fate, pero evidentemente, condicionados por la prueba armada en el expediente no le quedó otra alternativa –si quería cumplir con el derecho– de hacer lugar a la demanda. Pero se nota en el espíritu de la sentencia una visión muy diferente a la que llevamos nosotros.

SoB: Cuando decís que en la cámara el debate es mas político ¿a qué te referís exactamente?

G.P.C.: Hay un doble hecho. Por un lado, un conflicto colectivo, y todo conflicto colectivo tiene un alto contenido político en nuestro país. Pero por otro lado se está discutiendo en estos expedientes una estrategia de recuperación de los activistas gremiales que se ha instalado hace muy poco en el país, y está generando nivel muy alto de resistencia, no solo por parte de los sectores empleadores, sino por parte, también, lamentablemente, de muchas direcciones sindicales, que vienen insistiendo en que la protección debe ser pura y exclusivamente a los representantes sindicales formales y no para los activistas gremiales, por supuesto que esta posición no es casual y tiene que ver con el alto grado de complicidad de algunas direcciones sindicales con la expulsión de activistas en conflictos.

Hoy en la Cámara de Apelaciones se está dando un enfrentamiento muy grande entre distintas posiciones con respecto a la reinstalación por discriminación. Lo que apareció en principio como un fenómeno que venía avanzando y creciendo, este derecho nuevo de nulificar los despidos discriminatorios, empezó a tener hace aproximadamente un año trabas muy fuertes en la Cámara misma.

Claro este proceso vino muy bien y sin problemas cuando se trataba de reinstalar, a un trabajador discriminado por su orientación sexual, o por ser portador de una enfermedad determinada, o por algún tipo de color de piel, o problema racial. El problema se plantea cuando estas estrategias se aplican con la recuperación de activistas sindicales, ahí ya hay otras cosas en juego.

Ahí es donde algunos jueces de la Cámara empiezan a poner límites que antes no ponían, entonces, uno de los límites es que tiene que estar garantizado que el activista haya sido despedido, ya no por su actividad sindical, sino porque la misma tenía un cierto grado de representatividad importante en el lugar de trabajo.