En medio de un nuevo conflicto por el reparto de la “torta” entre el gobierno y la patronal agraria, aquél inició una campaña de denuncias contra las condiciones de esclavitud laboral de los trabajadores rurales.

De la mano de la AFIP, “descubrieron” mano de obra esclava reclutada en provincias como Santiago del Estero y Tucumán, prestando servicios para empresas multinacionales como Nidera, Southern Seeds Production y Status Ager. Situaciones denunciadas sistemáticamente por organizaciones como el MOCASE (Movimiento Campesino de Santiago del Estero) o la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra de Mendoza.

La mano dura de la justicia contra estas patronales hasta ahora llegó hasta ahí, iniciando causas por esclavitud laboral, trata de menores y… algunas evasiones impositivas de importantes montos de estos pulpos. Blandieron la aplicación del art. 140 del Código Penal, que sanciona los delitos contra la libertad individual. [1]

Para los trabajadores que fueron “encontrados” se inició una negociación para mejorar su paga y volverlos a su provincia natal, de la que emigraron buscando un peso para subsistir.

Dos proyectos: una sola explotación

Las denigrantes condiciones en que fueron encontrados estos trabajadores en distintos puntos de la Provincia de Buenos Aires pone al desnudo la brutalidad de la elegante patronal agraria que está llenando sus bolsillos y sus cuentas bancarias a costa del sacrificio de trabajadores prácticamente “secuestrados” que ni siquiera tienen derecho a volver a su casa. Están por fuera aún del sistema de contratación actual para los trabajadores rurales que se encuentran registrados.

Para estos últimos rige el Estatuto del peón del campo. Éste se instituye el 8 de julio de 1980 por el decreto-ley 22.248, que excluyó a los trabajadores rurales de la Ley de contrato de trabajo (20.744). Entre otras cosas, establece que la duración de la jornada laboral estará sometida a los usos y costumbres de la región o la naturaleza de la explotación que se realice.

Estas son las normas mediante las cuales los Biolcati y Cía. someten a los empleados que están anotados legalmente.

En el Congreso Nacional se presentaron dos proyectos sobre el tema. El de la oposición, del diputado Felipe Mouillerón, y el del oficialismo denominado Nuevo Régimen de Trabajo Agrario, anunciado el 22 de junio de 2010 por la Presidenta y el ministro Tomada y desempolvado a partir de esta campaña de denuncias.

La discusión pública entre patronales, gobierno y dirigentes sindicales sobre las diferentes presentaciones no es sobre si un trabajador rural debe tener una jornada de 8 ó de 9 horas, si se le debe pagar aguinaldo y/o vacaciones o si debe tener prestación médica cuando se insola o entumece de frío. Tampoco es la escala salarial, que según el acuerdo firmado en el Ministerio de Trabajo el 20 de setiembre del 2010 asciende a un sueldo mensual de $ 2.210,07 y un jornal de $ 97,24 para los peones rurales (la categoría más baja) y uno de $ 2.589 y $ 113,90 respectivamente, para los mecánicos tractoristas (la categoría más alta). Sin incluir comida y aguinaldo, porque trasciende de la omisión que no es obligación del empleador pagarlos. Si el empleado tiene la suerte de que en el contrato laboral figure la inclusión de la comida le pagan $ 322,47 por mes ó $ 10,73 por día y si además lo mandan en el perímetro comprendido entre Chubut a la Antártida Argentina, recibirá un 1,20% más sobre su jornal.

La diferencia que ha hecho trinar a Gerónimo Venegas, secretario general de la UATRE (Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores) es el punto del proyecto gubernamental que propone crear un consejo para la seguridad social porque opina que es el principal ataque en contra de su gremio y la autonomía del ReNaTRE (Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Estibadores).

¿Qué es esta sagrada institución que el Sr. Venegas defiende a capa y espada? Creado por la ley 25.191 y su decreto reglamentario 453/01 regula, entre otras cosas, el Sistema Integrado de Prestaciones por Desempleo, estableciendo sus montos mínimos y máximos, establece que OSPRERA es la obra social de los trabajadores rurales, que la UATRE administra el servicio de Bolsas de Trabajo para la realización de tareas no permanentes. En fin, administra la mano de obra disponible y la contratación patronal.

De acuerdo al proyecto gubernamental, este organismo pasaría a depender del Ministerio de Trabajo.

Por eso el Sr. Venegas, que además tiene doble jornada laboral porque es director también de la obra social, no quiere saber nada que se metan en sus asuntos. “¡Acá mando yo y no me vengan a auditar mis negocios!”, es su grito de guerra.

Patronal que me quiere mucho, poquito, nada

Junto con esta arremetida contra los señores del “campo”, el gobierno continúa la propia contra la señora Noble, que despidió a delegados de su empresa AGR, del grupo Clarín.

Ambas patronales son ejemplares modelos del capitalismo en la Argentina. Tan antiguas como la explotación a que están sometidos los trabajadores del campo desde comienzos del siglo pasado y los trabajadores de Clarín desde antes que el gobierno K le declarara la guerra a los Noble.

El gobierno y el Estado despliegan su aparato de funcionarios y mediático en torno a estos ejemplares de demonios.

Pero el combativo ministro Tomada no dice nada de la situación denunciada por el Movimiento Campesino de Formosa (MoCaFor) sobre la esclavitud en la provincia del gobernador K Gildo Insfrán, ni  de los trabajadores despedidos de Paraná Metal con la fábrica cerrada (que él contribuyó a hundir con el acuerdo del año pasado firmado en su Ministerio), ni menos aún de los trabajadores tercerizados. No habla de las promesas, aún incumplidas, de la reincorporación y pase a planta permanente de los trabajadores ferroviarios tercerizados que luchan contra la extrema precarización laboral a que están sometidos.

¡No! Ahí están los patrones y los burócratas que el gobierno defiende a rajatabla: no toda la patronal es chupasangre y antidemocrática si se comparten los mismos proyectos de explotación económica y políticos.

Contra la patronal agraria y sus secuaces

Durante el conflicto del 2008 entre el gobierno y la patronal agraria una franja importante de trabajadores simpatizaron con el “campo”, ubicándose en contra del gobierno desde una equivocada posición, confundiendo los intereses de los trabajadores rurales con los de los dueños de las tierras, el ganado, las cosechas.

Esta realidad de los trabajadores esclavizados y superexplotados muestra quiénes son las verdaderas víctimas, los que fueron ignorados durante aquel conflicto. Hoy aparecen en los medios y se conoce esa cruda realidad. Pero con eso sólo no alcanza. Los chisporroteos K van a morir cuando terminen esta campaña mediática o, en el mejor de los casos, cuando logren imponer su ley en el Congreso o se calmen las aguas con los agrarios.

Pero esto no soluciona los problemas de los trabajadores. Éstos tienen una sola forma de mejorar sus condiciones de vida y enfrentar a las patronales y sus gobiernos: la lucha, la movilización y la organización independiente de los “gordos” de la UATRE.

Al “todos unidos triunfaremos…” (patrones y obreros juntos) del slogan peronista debemos contraponer el “todos unidos los obreros” contra la patronal, el gobierno y la burocracia.

Nota:

1. Art. 140: “Serán reprimidos con reclusión o prisión de 3 a 15 años el que redujera a una persona a servidumbre o a otra condición análoga y el que la recibiere en tal condición para mantenerla en ella”.