La burocracia sindical le regaló al gobierno un techo para las paritarias: el 24% que arregló el gremio de Camioneros. El acuerdo con la patronal tiene aristas políticas muy significativas, y revela hasta qué punto Moyano y la CGT son sostenes fundamentales del gobierno, aunque también quieran conservar cierto juego propio. Por supuesto, los que pierden son los trabajadores de todos los gremios.

La paritaria de Camioneros tiene el siguiente detalle: 12% de aumento a partir de junio, otro 6% en noviembre y otro 6% en… marzo de 2012. Lo primero que llama la atención es que un acuerdo salarial cerrado en marzo deja el primer aumento para junio. La paritaria anterior del gremio tenía casi el mismo cronograma de tres cuotas en esos meses (arrancaba en julio), pero se había cerrado en junio.

El mensaje es obvio: tal como hiciera en 2008, Moyano puso a su propio gremio como caso testigo y techo para los demás, a modo de favor político al gobierno en momentos en que la inflación se acelera y la danza de porcentajes de aumento en las paritarias estaba alarmando a la patronal. Así como en 2008 cerró en el famoso 19,5% para “no alimentar expectativas inflacionarias” (¡vana esperanza!), Moyano se puso al frente del operativo de control de los acuerdos salariales en beneficio de la “estabilidad” que necesita la campaña Cristina 2011.

Es innecesario aclarar que el número es una miseria, sobre todo teniendo en cuenta que llega hasta marzo de 2012 y que otros gremios acordaron un porcentaje parecido pero dentro de 2011. Es cierto que el nuevo convenio agrega un plus vacacional y otros beneficios que pueden maquillar algo, dentro del gremio, lo bajo del porcentaje. Pero esas cláusulas especiales son justamente específicas de Camioneros y no corren para las demás actividades, que reciben una señal es muy clara: todas las negociaciones tendrán como centro de gravedad el 24%.

Es por eso que, como señala un analista pro patronal, “hasta los empresarios más refractarios al polémico titular de la CGT alistarían sus lapiceras para firmar un convenio similar con sus gremios” (N. Scibona en La Nación, 3-4). Y constata con satisfacción que “Moyano acepta un aumento incluso inferior al que pactó en 2010 (25%) y le permite al gobierno de CFK exhibir una pauta salarial relativamente moderada, que no pudo lograr con el frustrado pacto social” (ídem). Es por eso que en la reunión del Grupo de los 6 (industriales y banqueros), se habló de tomar el 24% de Moyano como referencia para todos (BAE, 13-4).

Tan malo es el acuerdo que algunos miembros del Consejo Directivo de la CGT se vieron obligados a atajarse: “Cada actividad tiene su propia realidad, cada sindicato sabe lo que puede pedir; algunos, como Camioneros, se ubicarán por debajo de esa línea y otros la van a superar” (Página 12, 31-3).

¿A quién quieren engañar? Difícilmente algún sector de la burocracia sindical se atreva (suponiendo que su patronal se lo permita) a dejar en offside al gremio de Moyano pactando un aumento sensiblemente mayor.

Por supuesto, nada es gratis en esta vida, y esta paritaria tan generosa con las necesidades políticas del gobierno y tan avara con los trabajadores forma parte de una negociación mayor. Los acuerdos salariales y la no menos amarreta suba del impuesto a las ganancias son prenda de negociación entre la burocracia sindical y el gobierno para que más gente del moyanismo aparezca en las boletas electorales del Frente para la Victoria … y de máxima, para dar pelea por el acompañante de Cristina en la fórmula presidencial.

Parte de este operativo es el acto convocado por Moyano para el 29 de abril en la avenida 9 de Julio. La supuesta saga de los “trabajadores” (el motivo formal del acto es el Día del Trabajador) estará al servicio de la estrategia de la burocracia sindical. Porque ésta, a la vez que apoya al gobierno nacional, negocia con él por cuotas de poder en todos los planos: desde los candidatos en las listas hasta la protección político-judicial para Moyano y demás “muchachos” en problemas, pasando por los aportes estatales a las cajas de las obras sociales.[1]En otras palabras: en nombre de la “lealtad a los trabajadores”, se hipoteca la independencia política de los trabajadores en beneficio de un lugar más destacado de la burocracia sindical en el armado político de un movimiento patronal hasta la médula.

Más sainetes parlamentarios

Como señalamos, otra parte del paquete de negociaciones es la cuestión del impuesto a las ganancias, que hasta antes del aumento del mínimo no imponible pagaban entre uno y medio y dos millones de asalariados. Cabe tener en cuenta que en 2001 esa cifra no superaba el medio millón. ¿Qué pasó en el medio? Simple: a caballo de la inflación, el ingreso nominal de los trabajadores creció más que la actualización del llamado mínimo no imponible (la cifra a partir de la cual se debe tributar). El mecanismo es simple: el gobierno ajusta el mínimo no imponible por un porcentaje inferior al aumento salarial promedio. Así fue este año y en 2010: el mínimo subió sólo el 20%, cuando casi todos los gremios cerraron aumentos mayores. En consecuencia, un trabajador soltero paga Ganancias (impuesto que tradicionalmente fue para los dueños de empresas) si gana más de 5.800 pesos. Es decir, un ingreso no mayor de un 50% al salario promedio de la economía, y que equivale a poco más de una canasta familiar real (no la del INDEK).

Este piso tan bajo genera situaciones absurdas, como por ejemplo que a los trabajadores que están cerca pero por debajo de él casi les conviene que no les aumenten, porque, a menos que el porcentaje sea grande, lo que se gana como aumento se pierde como impuesto, y hasta se puede ganar menos que antes. Esta situación, que sería ridícula si no fuera un escándalo, ha sido conscientemente alentada por los gobiernos kirchneristas,  aunque vaya en contra de la cacareada “redistribución progresiva del ingreso”.

La funambulesca y grotesca oposición de derecha había intentado, antes del anuncio oficial,  anotarse un poroto en el Congreso al estilo de la votación del 82% a los jubilados convocando a una sesión para subir el mínimo no imponible. El objetivo era,posar de “defensores de los trabajadores” y obligar al gobierno a ponerse en contra. Pero el ex Grupo A anda tan de capa caída que ni eso les salió: no juntaron los 129 diputados y la sesión fracasó.

De todos modos, el gobierno tomó nota y enseguida llegó la suba del 20% del piso. En realidad, Cristina hubiera preferido esperar a estar más cerca de las elecciones, pero no se podía regalar esa bandera a la oposición.

Otra nota de color en el Parlamento fue la votación de un “repudio” en el Senado al bloqueo que el moyanismo hizo a la distribución de Clarín el domingo 27 de marzo. El lunes 28 ese venerable diario salió con la tapa en blanco (recurso extremo del periodismo para casos de censura brutal y dictatorial, pero hace rato que Clarín perdió todo sentido de las proporciones). [2] El caso muestra cómo el gobierno también hace equilibrio con aliados y enemigos.

Por un lado, los senadores kirchneristas acompañaron el repudio de la oposición de derecha a que Moyano le moje la oreja al principal conglomerado de medios (de hecho, el texto parlamentario decía “rechazo” y los propios senadores kirchneristas agregaron “repudio”). De este modo, le marcan la cancha al líder de la CGT y le hacen saber que no todas sus decisiones son bien recibidas, como ya ocurriera con el paro de 24… segundos por el famoso exhorto suizo. Esa misma señal se le envía a la gran patronal: Cristina acepta que necesita a Moyano, pero no está dispuesta a darle un cheque en blanco, y si escupe aunque sea en parte el asado de los empresarios, el gobierno lo llamrá al orden.

Por el otro, la declaración del Senado, a instancias del oficialismo, agregó a su texto un llamado de atención a quienes no respetan el derecho de agremiación y la libertad sindical, y se elogia la política del gobierno de promover “soluciones pacíficas” a los conflictos sociales y sectoriales. La versión que hablaba de “ataque a la libertad de expresión” fue abortada por los senadores K. [3]

Así, el gobierno se muestra poniendo límites a dos bandas: tanto a los empresarios de medios que “no respetan los derechos de agremiación” como a los burócratas sindicales que los defienden con “celo excesivo”.

Notas:

1. El Estado les reconoció a las obras sociales una deuda de 5.000 millones de pesos. Como se ve, sobran motivos de negociación entre la burocracia sindical y el gobierno.

2. El mensaje de la tapa blanca es más o menos éste: nada de lo que le pasa al país o al mundo tiene la menor importancia comparado con lo que le pasa al diario Clarín. Esta gente se ha acostumbrado a tener un sentido un poco exagerado de su propia importancia…

3. Si de libertad de expresión hablamos, el contrato que un canal de Misiones ligado a Cablevisión (del Grupo Clarín) quería hacerle firmar a los periodistas sí que era un verdadero atentado: si el periodista invita a su programa a alguien a quien se le ocurre hablar mal de “Cablevisión o cualquiera de sus empresas controladas o controlantes” (BAE, 31-3), las consecuencias las sufre el propio periodista, incluso si él defiende en cámara a sus empleadores. Un caso flagrante de censura previa, que hasta los airados “demócratas” defensores de los grandes medios se vieron obligados a repudiar en el Congreso.