La Cámara de Casación penal resolvió las apelaciones presentadas por el fallo en Primera Instancia del 2009. Cambió las carátulas de los principales imputados en la tragedia. “En primer lugar, anunció el cambio de calificación de la condena para Chabán, quien pasó a ser considerado coautor del delito de incendio doloso –con voluntad de ejercer el delito– a culposo –delito no intencional o por imprudencia– que conlleva hasta 11 años de cárcel. El ex gerenciador, que había sido condenado a 20 años de prisión en 2009, resultó el más beneficiado con la revisión del fallo. Se le mantuvo la condena por cohecho activo. La contracara la personifican los músicos de Callejeros, quienes en el juicio habían resultado absueltos, y en esta instancia fueron sentenciados por el delito de ‘incendio culposo seguido de muerte en concurso real con cohecho activo’. También fueron condenados la mano derecha de Chabán, Raúl Villarreal, y el manager del grupo de rock, Diego Argañaraz. Los tres ex funcionarios porteños conforman otra de las partes perjudicadas con la resolución de Casación, ya que a la condena por el delito de omisión de los deberes de funcionario público se le añadió la de incendio culposo seguido de muerte.” (Clarín, 20/4/11)

De esta manera, la causa vuelve al Tribunal Oral en lo Criminal 24, quien deberá fijar las penas a cumplir.

A Ibarra (Jefe de Gobierno en aquel diciembre de 2004) y sus principales funcionarios,  no los alcanzó ninguna revisión porque ya habían sido desprocesados. Tampoco a efectivos de las fuerzas policiales acusados de recibir sobornos. Recordemos que a Ibarra le costó su sillón al frente del Gobierno de la Ciudad, pero no su libertad ni su carrera política.

¿Más justicia o más impunidad?

El nuevo fallo reabre la polémica pública sobre las responsabilidades de la masacre. Y como toda polémica sobre una resolución judicial que se da alejada en el tiempo de las movilizaciones de los principales protagonistas (los pibes que estaban en el recital y sus familias y amigos), los imputados quedan encerrados en un tubo de cristal, desarticulados de esos jóvenes dolientes y conmovidos que atronaron el centro de Buenos Aires con sus gritos de: “Ibarra, Chabán, la tienen que pagar”.

Más allá de las pruebas y las investigaciones acumuladas por la Justicia, fue el reclamo de estas movilizaciones (aunque sufrieron permanentes tensiones y posteriores divisiones), las que marcaron el paso de las condenas sancionadas en el primer fallo.

Hoy, a un año y ocho meses de finalizado ese primer juicio, el Tribunal de Casación revé esas medidas “en frío”, con los pibes desmovilizados y el principal responsable político en campaña electoral.

¿Un giro hacia dónde?

Aunque parezca un giro armónico y mesurado, la nueva sentencia pega un giro de 180 grados respecto de la anterior.

Chabán, el empresario responsable del boliche, puede seguir durmiendo tranquilo en su casa, a la que abandonó por un breve período porque siempre contó con la complicidad de sus carceleros para aparecer cenando en algún restaurante aunque estuviera preso.

Callejeros, la banda a la que fueron a escuchar los pibes que murieron, pueden ir presos.

Agrava la pena de los ex funcionarios municipales de cuarta línea inculpados.

Entre defensores y detractores, la polémica se centra fundamentalmente en la culpabilidad del grupo musical.

¿Ellos aceptaron las condiciones en que cantaban? Seguramente sí. ¿Pero cuáles eran las condiciones declaradas en los papeles y las reales? ¿Eso los hace responsables de que no hubiera salidas de emergencia, de los matafuegos vencidos, de las irregularidades que fueron tapadas entre empresarios y funcionarios del Gobierno de la Ciudad y de la Policía Federal para que el boliche funcionara a costa de la seguridad de los asistentes?

Que ellos tengan que firmar un contrato para poder actuar, que, por otra parte, si no lo hacen tienen que hacer música en el garaje de su casa, no significa que sean responsables del entramado de corrupción que rodea su contratación.

No juzgamos sus conductas individuales, sobre las cuales hubo incluso fuego cruzado entre ellos, ni tampoco los beatificamos, pero sí vemos en su condena una intención clara de condenar a las víctimas, no a los victimarios, y ese es el giro fundamental en la causa.

Víctimas cuya cara visible son los músicos y los cargos efectivos de la sentencia son contra ellos. Aunque la culpabilización social los trasciende: llegó a abarcar a los pibes que fueron a escucharla, a las madres desalmadas que dejaban a los chicos en el baño, a los padres irresponsables que “no saben dónde están sus hijos”.

Para que la sentencia no quede tan desnivelada, culpan a algunos ex funcionarios de la Ciudad, manteniendo el sobreseimiento a Ibarra.

El “amigo” Aníbal

Después de su destitución, el reciclado Ibarra volvió al ruedo político con el espacio Diálogo por Buenos Aires. Desde allí apoyó a Daniel Filmus como Jefe de Gobierno. Y ocupa una banca como legislador por esa fuerza desde la última elección en la Ciudad.

Su reciclaje fue más rápido que el del papel, porque ni durante la campaña electoral previa ni al asumir, ninguna de las fuerzas (ni oficialistas ni opositoras) abrieron la boca para siquiera denunciarlo. Todas obviaron que fue a juicio político por su responsabilidad en la muerte de 194 personas y el daño a miles.

Tampoco el “amigo” Néstor ni Cristina objetaron su presentación. Fueron coherentes con la conducta que mantuvieron ese 30 de diciembre: se callaron la boca y protegieron a Ibarra.

Ahora este oscuro personaje se lanzó como candidato a Jefe de Gobierno. Sin que se le caiga la cara dijo, después de su presentación, en declaraciones a C5N: “’No creo que Cromañón sea una cuestión definitiva en mis votos’, estimó. ‘La política fue por un camino. La sociedad y la justicia por otro’, sentenció”. (Elintransigente.com, 5/4/11)

Inevitablemente las tensiones y divisiones entre los familiares y sobrevivientes se siguen profundizando, entre otras cosas, porque entre ellos hay familiares de víctimas que pertenecían al núcleo familiar o de amigos de la banda que estaban en el recital. Creemos que aquéllos que consideran que hay que ir a fondo por todos los responsables políticos de la masacre deben volver a unirse para salir a las calles e imponer “Cárcel para todos” para lograr justicia para todos los damnificados y sus familias.

Frente a la nueva sentencia que reabre las compuertas hacia una impunidad casi completa, los reclamos de la juventud tienen que volver a hacer temblar los oídos y las piernas de los dueños del poder, aquellos que creen poder lucrar con impunidad sobre la vida y los sueños de los jóvenes.