El 1º de abril los trabajadores pertenecientes al Sindicato de Petroleros de Santa Cruz iniciaron una nueva etapa en la pelea contra las patronales y la burocracia. Ese día rechazaron el acta firmada por el secretario general del sindicato, Héctor “Chaco” Segovia con las empresas petroleras que operan en la provincia, prácticamente el mismo que días antes había firmado la Federación de petroleros comandada por Alberto Roberti y que ya había sido rechazado por las asambleas de base. El acuerdo era un 10% de aumento a los básicos y cinco cuotas no remunerativas de 5000 pesos.

El mismo Segovia había convocado a un paro ante la dura postura del sector empresarial. A dos días de iniciado dicho paro, “Chaco” Segovia lo levantó y acordó con las patronales petroleras. Cinco mil trabajadores reunidos en asambleas resolvieron rechazar el acuerdo y continuar el paro, exigiendo además un nuevo convenio laboral y ser recibidos en Buenos Aires.

La fuerza puesta en el reclamo por los trabajadores de los pozos del norte de la provincia provocó la crisis de la conducción del sindicato. Mientras Segovia era repudiado por la inmensa mayoría de los trabajadores, un sector encabezado por Rubén Retamoso, secretario adjunto del sindicato, se ubicaba en la oposición junto a 120 delegados de base de los 140 que representan a los petroleros de Las Heras, Pico Truncado y Cañadón Seco.

De esta manera el conflicto petrolero entraba en una nueva fase. El gobierno nacional de Cristina Kirchner comenzó a ver con preocupación cómo la huelga se fortalecía día a día. Luego de dos semanas de huelga, las empresas amenazaron con despidos masivos. No obstante, el paro siguió firme. El gobernador Daniel Peralta, que hasta entonces tenía el apoyo de Segovia, comenzó a tomar distancia del cuestionado dirigente sindical. El Ministerio de Trabajo, finalmente, dictó la conciliación obligatoria. La medida no achicó a los huelguistas, que resolvieron no acatarla.

El conflicto, que afectó el 95% de la producción de petróleo de la provincia, significaba grandes pérdidas económicas para las empresas y la propia provincia. Diariamente se perdían 2,8 millones de pesos y se ponía en peligro el abastecimiento, sobrecargando la extracción de otras zonas patagónicas como la provincia de Chubut. Desde el punto de vista de la producción misma de petróleo, YPF perdía 11 mil metros cúbicos; Occidental Argentina 6000 metros cúbicos y Pan American Energy 1400 metros cúbicos diarios.

El 22 de abril la Justicia suspendió a la dirigencia del gremio provincial a pedido del gobernador de Santa Cruz, el kirchnerista Peralta, quien adujo que la medida afectaba los intereses de la provincia. Por su parte, el Ministro de Trabajo Carlos Tomada, en acuerdo con la Federación Nacional de Trabajadores de Petróleo, Gas y Combustibles, decidió intervenir al Sindicato Petrolero, nombrando a Carlos Flaquier, burócrata de la Federación, como delegado interventor. El presidente de la federación, Alberto Roberti, se apresuró a aclarar que no se trataba de una intervención sino de una “normalización” del gremio.

Los argumentos de Tomada para dictar tal medida fueron la situación “anárquica” al interior del sindicato, el incumplimiento de la conciliación obligatoria y los graves perjuicios económicos provocados a la provincia.

Ante la medida impuesta por el gobierno nacional, Héctor Segovia ocupó, junto con grupos que lo siguen, las sedes del sindicato de Río Gallegos, Caleta Olivia y Las Heras. Y declaró que el gobernador Daniel Peralta lo había traicionado. Los trabajadores en huelga siguieron el paro y algunos sectores se opusieron a la intervención. Finalmente, tras veintiséis días de huelga, el martes 26 de este mes, 120 delegados reunidos en un club de la localidad de Pico Truncado resolvieron aceptar la propuesta del interventor y levantar el paro al grito de “un minuto de silencio para el Chaco que está muerto”.

“Entre sus puntos principales, el acuerdo reconoce los aumentos que había acordado el cuestionado secretario general del Sindicato de Petroleros Privados de Santa Cruz, Héctor Segovia, la destitución del mismo Segovia y de la comisión directiva que lo acompañaba, un nuevo convenio para el sector que empezará a regir en 90 días y la celebración de elecciones, dentro de 90 días hábiles, para designar a las nuevas las autoridades del gremio. Los empresarios se comprometieron, además, a no descontar los días de paro” (Clarín.com 27/4/2011).

Una nueva etapa en la lucha

Los petroleros de Santa Cruz una vez más han dado muestras de su combatividad. En el 2006 salieron al conflicto enfrentando la represión de la gendarmería y la policía que el presidente Néstor Kirchner envió para acallar sus reclamos, dejando como una de sus secuelas políticas la renuncia del entonces gobernador Sergio Acevedo. Es decir que cuando han salido a la lucha, han pegado fuerte. No obstante, el presente conflicto, aunque logró un paso adelante, aún no está cerrado. Con el acuerdo firmado con el gobierno y las patronales petroleras se abre una nueva etapa en la que los trabajadores no deben bajar la guardia. El aumento salarial, la discusión de un nuevo convenio y el pago de los días caídos son un logro que aún está en los papeles y que debe cumplirse en forma efectiva. Tener esto en cuenta es fundamental, sobre todo si los que deben cumplirlo son los capitalistas del petróleo y este gobierno con careta de “progre” y cuerpo de explotador.

La huelga y la movilización, a su vez, obligaron al gobierno de Cristina K, los empresarios y la burocracia de la federación a imponer una mediación en la pelea de los trabajadores por una nueva dirección. Segovia, un burócrata odiado que está en el sindicato hace mas de 11 años, es el mismo que entregó a los petroleros de Las Heras. El desplazamiento de Segovia y el compromiso de ir a elecciones en 90 días hábiles son un claro paso adelante, pero también busca descomprimir la movilización antiburocrática y crear las condiciones para que la dirigencia del sindicato que surja de esas elecciones pueda ser controlada desde la superestructura burocrática. Y de esta manera cerrarle el paso al desarrollo de una dirección petrolera independiente.

El respiro que, comprensiblemente, se toman los petroleros en su lucha, debe servir para balancear lo hecho y pensar cómo responder a las nuevas trampas que preparan el gobierno, la patronal y la burocracia sindical sin confiar más que en sus propias fuerzas. Fuerza compañeros en la difícil tarea de construir una nueva dirección independiente.