El fiscal en la causa consideró finalizada la investigación y pidió el pase a juicio oral. Hasta ahora se han negado las excarcelaciones solicitadas por las defensas.

Con mucha celeridad, las autoridades judiciales se apresuran a cerrar las imputaciones al conjunto de los implicados en el ataque criminal. Quedan hasta ahora, por fuera, los funcionarios de la UGOFE y de la Secretaría de Transporte, así como los efectivos de la Policía Federal.

El gran logro del encarcelamiento de Pedraza, Fernández y Díaz e integrantes de la patota no debe tapar que las responsabilidades políticas abarcan áreas del gobierno nacional como la Secretaría de Transporte e invaden el terreno del gran negocio de las tercerizadas. Tampoco que la policía actuó en complicidad con los agresores.

El pase a juicio oral significa un avance en la causa, pero por otro lado, significa parar la investigación hasta donde se llegó, sin profundizarla.

No debemos dejarnos embaucar por los discursos que da la justicia “garantizada de antemano” producto del ajustado accionar de las instituciones.

Debemos profundizar la movilización independiente por la investigación y la condena efectiva a todos los culpables materiales e intelectuales.