Después de años de negarse a tratar paritarias y convenios colectivos, sorpresivamente la Corte ha dado un giro de 180 grados y está negociando con la burocracia de la AJB el texto de la Ley Marco que habilite su tratamiento.

La paritaria es el instrumento que establece las reglas de negociación entre el sindicato y la patronal. Funciona como comisiones especiales integradas en números iguales por representantes de trabajadores y de la patronal,  que tienen la facultad de analizar puntos específicos de las relaciones laborales (salarios, condiciones de trabajo, horarios, etcétera), intervenir en conflictos y modificar los convenios colectivos de trabajo. En nuestro caso habría una Comisión negociadora con el Ejecutivo para tratar salario y otra Comisión con la Corte para tratar condiciones de trabajo.

A su vez los Convenios Colectivos son acuerdos surgidos de las discusiones paritarias. La mayoría de los convenios existentes en el país datan de la primera mitad de la década del 70 cuando se convocaron paritarias por sector.

¿Qué ha provocado este cambio de actitud en la Corte? Así como producto del balance del conflicto hecho por los luchadores nació el Movimiento de Trabajadores Judiciales, ellos también hicieron su propio balance. La dirigencia de la AJB, en estas condiciones,  no les garantiza más el control de los trabajadores. El vacío legal que les significaba la falta de paritarias, que jugaba a su favor como patronal con la anuencia de un sindicato forro, ahora se demostró ineficaz como herramienta de control. ¿Qué es esto que asambleas de una o varias departamentales decidan parar, bloquear edificios departamentales, correr inspectores, bloquear la Corte, cortar la autopista, difundir los recibos de sueldos de los ministros e imponer por la fuerza la no aplicación de los descuentos?   Esto no es normal, deben pensar los representantes del poder político sentados en 13 y 48.

Así las cosas, la burocracia se despliega en todo su esplendor en búsqueda de sus cómplices: la Corte y el Ejecutivo Provincial. Y bajo el manto de establecer cuestiones que pueden resultar de interés a la mayoría de los trabajadores hay una sola intención: disciplinar. Solamente con el disciplinamiento de los trabajadores, a partir de la Ley Marco pueden garantizar un Poder Judicial sumiso al gobierno de turno.

Y acá no importa a qué sector de la CTA responda la burocracia, ellos saben que en la alternancia del poder, van a usar de “pasa manos” las paritarias ejemplificadoras y disciplinadoras.

A pesar de la exigencia de más de 1.700 compañeros solicitando Congreso Extraordinario para que se informe y así  debatir todo lo que la AJB quiere negociar con la Corte, juegan a las escondidas con el proyecto. Y cuando asoman la cabeza  llevan el Congreso bien lejos, a Necochea, porque no se bancan la presencia activa de los trabajadores.

Sin embargo, viendo la ley de paritaria docente bonaerense de 2006 de sus hermanos mayores del SUTEBA,  no es difícil adivinar lo que se traen entre manos. La exclusión de los secretarios del ámbito de representación de la AJB, modificando de hecho el articulo 1º del Estatuto de la AJB,  la limitación para tomar medidas de fuerza estableciendo toda una serie de requisitos  para su validez y  la reglamentación del derecho de huelga, de la mano de caracterizar a la justicia como “servicio esencial”, con esas palabras o con otras,  son los ejes de la ley que la burocracia está negociando a espaldas de los trabajadores.

Una espada sobre la cabeza de los trabajadores

Con esta Ley, si lo permitimos, la Corte reforzará sus mecanismos de control sobre los trabajadores, nos dividirá aún más y harán muy difíciles cualquier tipo de medida impulsadas por la base. En esas condiciones, no ya la Ley Porcentual, o la carrera judicial, sino pelear por un aumento salarial va a ser muy difícil. ¿Qué Convenio Colectivo vamos a poder discutir sin nuestra herramienta de fuerza?

Blasco explica que van a hacer incluir la Porcentualidad dentro de los Convenios Colectivos. Copiando el argumento de Baradel [1], nos explica que de este modo es mejor que una ley, ya que la ley puede ser modificada, y en cambio ningún acuerdo paritario puede ser modificado unilateralmente.

Esto no es cierto. La paritaria es un instrumento, y como todo instrumento depende en manos de quién esté. Esta dirigencia que levantó el conflicto por un 1% adicional, en contra de la voluntad de la mayoría de los compañeros, ¿ahora nos va a traer la Porcentual de la mano de la Corte?

Las conquistas y derrotas de los trabajadores se verifican en el campo de la lucha de clases. La diversidad de variables sociales, políticas, económicas, ideológicas y el grado de organización y conciencia de los trabajadores  modelan la relación de fuerzas entre las clases sociales, y como resultado, una clase gana y otra pierde. Y esto no necesariamente se refleja en leyes. Sin duda un triunfo histórico de los judiciales cristalizaría necesariamente en la Ley Porcentual, ley que hemos obtenido sin tener aún la AJB tener personería gremial. Pero al revés, los Convenios Colectivos fueron letra muerta en los 90 sin necesidad de ninguna ley.  El fantasma de la desocupación de masas fue el disciplinador social que permitió arrasar con conquistas históricas de la clase trabajadora argentina. Y que a nosotros nos congeló el sueldo durante una  década. ¿Ahora Blasco nos va a decir que eso pasó por no tener paritaria?

Por otro lado, la realidad desmiente la plena vigencia de los Convenios Colectivos hoy en la Argentina. ¿Qué convenio acepta el trabajo en negro que hoy atraviesa al 40% de los trabajadores? ¿Qué artículo de cualquier convenio acepta a los contratados  y al trabajo precario?

De cualquier modo, la ley que está negociando la burocracia con la Corte no va a incluir ningún sistema, ni procedimiento, sobre la Porcentualidad, carrera judicial o condiciones de trabajo. Se trata de un proyecto de 17 artículos que establece que durante las negociaciones se procurará la abstención o limitación de las medidas de acción directa, y obliga a establecer  los casos en que sea imprescindible el trabajo directo de los judiciales para garantizar el acceso irrestricto a la justicia (servicio esencial). Si a pesar de todo saliéramos a luchar, se establece la intervención del Ministerio de Trabajo, que dictará resoluciones con el fin de favorecer la negociación (conciliación obligatoria). Y finalmente, si el acuerdo salarial implica la modificación del Presupuesto, será necesaria la aprobación del Legislativo.

Pongámonos de pie para enfrentarlos

El Movimiento de Trabajadores Judiciales, que nació como resultado de la experiencia vivida por centenares de compañeros, se enfrenta a su primer desafío concreto: la lucha  por defender sin condicionamientos nuestro derecho a  huelga. Quedó claro que el M.T.J. está con capacidad organizativa y política de dar respuestas. El Segundo Plenario realizado en Quilmes el sábado 4 de junio  aprobó concurrir al Congreso de Necochea y no sólo a dar la discusión política con aquellos congresales que van a levantar la mano, sino a denunciar a esta conducción burocrática de traidora.

Para el MTJ es bien claro: La Ley Marco que trata de impulsar la AJB y la Corte representan la más clara y contundente traición a la lucha de todos los compañeros. Nos quieren imponer el sometimiento a condiciones de trabajo aún peor que en la década del 90 y a la pauperización salarial negándose a levantar una bandera histórica de todos los judiciales: la Ley Porcentual.

El gran desafío para el MTJ, como movimiento de base, antiburocrático, independiente y clasista, es la disputa concreta del poder con la burocracia. Disputando en cada asamblea, en cada movilización, en cada jornada de lucha el poder al autoritarismo burocrático, sumando compañeros a esta construcción donde los judiciales dejen de ser un objeto para transformarse en sujetos, opinando y decidiendo para luchar por nuestro salario y condiciones de trabajo, podremos erradicar y extirpar el cáncer patronal en la AJB.

Nota:

1. La burocracia de SUTEBA argumentaba ante su base lo extraordinario de la Paritaria, ya que el Estatuto del Docente, al ser una Ley puede ser modificada o derogada por el Legislativo., no así la Paritaria que requiere acuerdo de las partes. Sin embargo, a cinco años de vigencia de la ley  el sueldo docente y las condiciones de trabajo siguen siendo nefastas.